Desde la “Unión de Usuarios y
Consumidores” expresamos nuestra adhesión a la aprobación de la llamada ley de
expropiación de las acciones de Repsol. Diversas cuestiones, todas de
fundamental importancia, son tratadas por la norma en cuestión. Entre otras
podemos mencionar:
1)
De vital importancia es la declaración del “interés público nacional y como objetivo prioritario de la
República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como
la explotación, industrialización, transporte y comercialización de
hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social,
la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos
sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las distintas
provincias y regiones”. Estos objetivos de las políticas públicas del sector
nunca debieron ser abandonados por nuestro país, y con alegría vemos que se
está revirtiendo en acciones como el dictado de la presente ley, las nefastas consecuencias de la década del
noventa.
2)
También de fundamental importancia es la expropiación de
YPF, para utilizarla como herramienta para el cumplimiento de estos fines.
Repsol se desarrolló pensando en el beneficio propio, y no en el beneficio de
nuestro país. Entre otras cuestiones, sobre-explotó las reservas que poseíamos
y no realizó una inversión adecuada a fin de realizar la necesaria exploración;
privilegió la exportación de gas –cuestión a la que nos venimos oponiendo desde
1995- y descuidó el mercado interno; reiteradamente violó los acuerdos de
precios vigentes sobre el GLP perjudicando a los sectores de peor condición
económica, generó en reiteradas
oportunidades crisis por falta de adecuada provisión de combustible a los
puntos de venta, privilegió la producción de combustibles premiun en
detrimentos de las líneas más económicas y un sinfín de irregularidades más,
perjudicando a los consumidores y a la sociedad en su conjunto. Por ello, la
expropiación de las cantidades de acciones necesarias como para recuperar y mantener
el control estratégico y operativo de la empresa y posibilitar su uso como
herramienta para el cumplimiento de la política de estado antes
mencionada, es un necesario acto de
ejercicio pleno de nuestra soberanía hidrocarburífera y energética . A partir
de ahora nuestra YPF regulará el mercado de los
combustibles y los precios podrán referenciarse en función de nuestros costos de producción y no en relación a los
precios internacionales.
Debemos entender que la
defensa del consumidor no sólo apunta a las cuestiones que surgen en la
relación individual de consumo. Compartimos la visión de que necesitamos para
nuestro sistema económico una mayor intervención del Estado y un mejor mercado.
Todas las acciones que tiendan a la
conformación de mercados cada vez más desconcentrados y a una participación
cada vez mayor del Estado en la economía –por lo menos en las áreas
estratégicas y en los servicios públicos- nos traerán beneficiosas
consecuencias. No hay sociedad económica
y socialmente sustentable, ni usuarios protegidos; si dejamos en manos del insaciable
mercado las áreas estratégicas de nuestra economía.
Unión de Usuarios y Consumidores
Mayo de 2012.
Contacto de prensa:
Dr. Claudio Daniel Boada (15-6164-9463)
1 comentario:
Comparto muchas de tus observaciones, Claudio. Ningún país del mundo deja sus recursos naturales merced a las empresas multinacionales o corporaciones.El Estado debe tener el manejo directo de los hidrocarburos, relacionado a políticas públicas que tiendan al desarrollo integral del país. Un fuerte abrazo!
Publicar un comentario