UNION DE USUARIOS Y CONSUMIDORES DESTACA LA CONTINUIDAD DEL PAGO EN CUOTAS SIN INTERES EN LOS COMERCIOS

Titulan Boada contradice a Clarín, pero son los mismos anunciantes quienes lo contradicen.

El director de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, aseguró hoy que "las cuotas nunca se fueron en la medida en que estaba planteado por Clarín".

El representante de los consumidores sostuvo que "el viernes 28 de febrero el diario anunció en tapa que cobran el 48% de recargo por pagar en 12 cuotas, pero ese día y al día siguiente hay alrededor de quince avisos de doble página y de página entera, en el mismo diario Clarín, donde los anunciantes publicitan las 12 cuotas sin interés".

"Es una contradicción entre el propio texto del diario y lo que dicen sus anunciantes", consideró.

En diálogo con Radio Provincia Boada destacó "que este año no habrá seguramente 50 cuotas sin interés como hubo en el Mundial de fútbol pasado, porque en esa ocasión habían aparecido los plasmas y entonces se buscaba saturar el mercado que estaba lleno de televisores tradicionales".

Por otra parte, Boada aseguró que "los supermercados están muy preocupados por su imagen pública que se ve deteriorada" por las denuncias de la población sobre el incumplimiento en los acuerdos de precios.

Frente a ello, destacó la importancia de que estos comercios sean clausurados cuando incumplen con las normas vigentes, ya que cuando se les aplican multas, apelan y el castigo termina judicializado y sin visibilidad ante la opinión pública.

(Fuente: Terra, Télam, Radio Provincia)

UNIÓN 3 - TELEFÓNICA 0

3 fallos de la Corte contra Telefónica el mismo día.

PÁGINA 12 - VIERNES 14 DE MARZO DE 2014

LA CORTE SUPREMA HABILITO UNA ACCION COLECTIVA CONTRA LAS TELEFONICAS

Una batalla por el control

Después de siete años de trámites judiciales, el máximo tribunal autorizó a una entidad de consumidores a reclamar para que los usuarios de telefonía fija puedan recibir el detalle de sus comunicaciones sin tener que pagar por el servicio.

 Por David Cufré

La posibilidad de los usuarios de telefonía fija de acceder a una factura con el detalle de sus comunicaciones, sin que ese servicio tenga un costo extra, está un paso más cerca. La Corte Suprema dictaminó el último viernes que las entidades de consumidores tienen derecho a plantear una acción colectiva para reclamar por ese derecho. Una de ellas, la Unión de Usuarios y Consumidores, intentó hacerlo hace ya siete años, pero un tema tan básico como éste demoró todo ese tiempo en la Justicia hasta que finalmente el máximo tribunal dio su aprobación. Ahora, la asociación podrá iniciar otra vez el recorrido judicial para intentar que los abonados a la telefonía fija puedan corroborar si la facturación que efectúan las empresas es correcta. “Esperemos que la Justicia no tarde otros siete años en resolver”, pidió Horacio Bersten, coordinador legal de la Unión.

El caso tiene significación por distintos motivos. Por un lado, las entidades de consumidores celebraron que la Corte siga sumando jurisprudencia en favor de las acciones colectivas. Esto es, juicios que involucran a todos los usuarios de un servicio sin que cada uno de ellos tenga que hacerlo de manera particular. Si a un cliente le cobran 5 pesos de más, seguramente no iniciará una acción legal contra la empresa, pero para la compañía esos 5 pesos pueden significar 5 millones si se los cobra a un millón de abonados. Esa es la importancia de las acciones colectivas, que buscan combatir situaciones de abuso por parte de las empresas.

En el caso en cuestión, lo que intenta la asociación de consumidores es que las telefónicas informen a los usuarios de manera gratuita la totalidad de llamadas efectuadas mes a mes. Es un tema que los usuarios por sí solos no reclamarían, por eso el camino debe ser una acción colectiva. Como se indicó al principio, la Unión tuvo que esperar siete años hasta recibir la habilitación de la Corte para realizar el reclamo judicial, el cual iniciará a partir de ahora. La misma entidad sigue esperando que el máximo tribunal la autorice a hacer lo propio con la telefonía celular, lo cual puede resultar un indicador de la relación de fuerzas entre las partes.

Según la Ley de Defensa del Consumidor, reformada en 2008, la información para los clientes de cualquier servicio debe ser gratuita. Sin embargo, el marco regulatorio de la telefonía fija autoriza a las empresas a cobrar un cargo a los usuarios que pidan el detalle de sus comunicaciones. En rigor, los clientes tienen derecho a solicitarlo sin costo una vez, mientras que después sí se aplica el cargo. La Unión cuestionará ese punto del marco regulatorio, amparándose en aquella ley. El objetivo es que los clientes tengan la posibilidad de chequear el registro de sus llamadas y así controlar que la facturación recibida sea correcta. “Las telefónicas se resisten a que las controlen”, interpretó ante Página/12 Bersten, quien también le apuntó a la Secretaría de Comunicaciones por no impulsar una modificación de aquel punto del marco regulatorio.

Un camino intermedio podría ser que los usuarios accedan al detalle de sus llamadas por Internet, a fin de evitarles a las telefónicas costos de impresión.

Además de este tema, la Corte Suprema se pronunció el último viernes con respecto a otro reclamo de la Unión de Usuarios y Consumidores contra la empresa Telefónica. El máximo tribunal también dio el visto bueno para una acción colectiva. En este caso, la demanda es porque la compañía supuestamente incumple con la obligación de descontar del abono de telefonía fija los días sin servicio, tal como lo indica la reglamentación para el sector. La norma establece que si el desperfecto dura hasta tres días, el reintegro es simple, es decir, el cliente no paga cada uno de los días que estuvo sin teléfono. Pero si el problema se extiende más de tres días, la devolución se duplica: por cuatro días sin servicio, por ejemplo, el descuento en el abono debe ser de ocho. Ahora que la Corte le dio lugar a la acción colectiva, la Unión avanzará con su queja. “Todo esto tiene que ver con la ineficacia de los organismos de control”, protestó Bersten.

MULTISECTORIAL CONTRA LA ESPECULACIÓN FINANCIERA Y LA IRRACIONAL SUBA DE PRECIOS

Un grupo de organizaciones sociales, políticas y religiosas, y de referentes en dichos ámbitos, nos hemos reunido en la Comisión Nacional de Valores. Participo en representación de la Unión de Usuarios y Consumidores. En conjunto manifestamos lo siguiente:

Una vez más, la especulación financiera y la irracional suba de precios, generada por quienes detentan el poder concentrado y los resortes fundamentales de la economía, pretenden desestabilizar a la nación y provocar una apropiación brutal de los recursos que pertenecen al conjunto del pueblo argentino.
A estas pretensiones del poder concentrado se le suman voces del coro neoliberal que vuelven a proponer viejas y remanidas recetas, como la rebaja salarial, el congelamiento de las paritarias, reprimarizar la producción, todo apuntado al achique del mercado interno, y tendiente a provocar un enorme perjuicio a los productores pequeños y medianos del campo y de la industria, y por sobre todo, al consumo popular.

Los argentinos ya hemos vivido estas prácticas en otros momentos de nuestra historia, y el resultado siempre fue el mismo: hambre y desocupación para las grandes mayorías, y enriquecimiento y más poder para unos pocos.
Estos planes de desestabilización no son una exclusividad de la Argentina. Vivimos una andanada sin precedentes contra las democracias de América Latina y el Caribe. Sólo la unidad y la solidaridad regional fortalecerá a cada uno de nuestros países y nos ayudará sin lugar a dudas a preservar la paz y el crecimiento de nuestros pueblos.

Estos golpes de mercado también nos han dejado varias enseñanzas. La primera de ellas es que con estas prácticas no atacan a un gobierno determinado, sino que su objetivo va mucho más allá de la coyuntura de quien gobierne. Ellos no soportan compartir la riqueza nacional de la que se consideran dueños.

Otra enseñanza es que de estos embates nadie se salva solo. Únicamente la confluencia de las mayorías en su propia defensa podrá detener esta escalada de desestabilización.

Vemos con satisfacción cómo una parte importante de la población reaccionó favorablemente al cuidado de los precios, y diversas iniciativas de la sociedad buscaron articular pronunciamientos de preocupación y alerta ante esta repudiable actitud de los poderosos.

Propuestas como la creación de un concejo estatal y multisectorial de seguimiento y análisis de la cadena de valor y la formación de precios, la puesta en marcha de mercados populares con participación de las organizaciones sociales, como así también sistemas de distribución directa del productor al pequeño y mediano comercio, deben ser ampliamente debatidas hasta optimizar una poderosa herramienta en manos del Estado y del pueblo para derrotar la desestabilización.

El documento de entidades empresariales y sindicatos, junto a otras iniciativas motorizadas por las centrales sindicales y movimientos sociales, las voces de la intelectualidad y el mundo de la cultura, entidades de defensa del consumidor, partidos y agrupaciones políticas de diverso signo, constituyen un gran dique de contención al abuso y el agio.

Quienes participamos y adherimos a los encuentros realizados en la CNV los días 18 y 25 de febrero de 2014, proponemos ampliar en forma plural y masiva estas convocatorias y trabajar para una gran coincidencia nacional en defensa de la estabilidad, la paz, el trabajo y la producción, y para poner un freno definitivo al accionar de los especuladores.

El Estado en todas sus instancias y a través de sus instrumentos legales, y la sociedad en su conjunto, diremos al unísono y con firmeza que esta vez no podrán con nuestra patria.

Frente a la inminente aparición de puntos de venta del Mercado Central diversas ciudades de nuestro país, el diario Tiempo Argentino solicitó nuestra opinión sobre cuáles serían los beneficios de este lanzamiento. La opinión en la columna que Tiempo nos publicara el día 2 de marzo de 2014, en el suplemento económico.

Nuestros viajes al mercado ratifican el precio y la calidad

  Desde hace tres años estamos realizando viajes al Mercado Central, con el apoyo de la ex Secretaría de Comercio Interior, actual Secretaría de Comercio. 

Realizamos alrededor de 300 viajes desde diversos lugares de la Capital Federal, y desde Lomas de Zamora, Almirante Brown y La Matanza.  

Siempre buscamos asociarnos con una organización que tenga trabajo territorial, organizaciones políticas, sociales o religiosas. Entre ellas, Centros de Jubilados.  Viajaron personas de todas las edades, de diversos barrios y de variadas situaciones sociales, económicas y de nivel educativo. Podemos mencionar a Recoleta, Colegiales, Almagro, Boedo, Nueva Pompeya, San Cristobal así como la Villa Cildañez, Villa 1-11-14, Villa 31 y el Playón de Chacarita. 

A pesar de esta diversidad, encontramos una respuesta común. Grata sorpresa para los que iban por primera vez y confirmación de la ventaja para los que ya conocían el Mercado.  Buenos Precios y Buena Calidad.  

Desde el inicio, realizamos comparaciones de los precios del Mercado Central y los barrios. La ventaja es contundente. En el Mercado Central se gasta la mitad de la plata que en los barrios. En muchos casos el ahorro es mayor. También realizamos comparaciones con las Ferias Barriales dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y las diferencias fueron aún mayores, llegando en algunos casos al 200 % de diferencia. (En las Ferias Barriales algunos productos están cuatro veces más caras).

La experiencia sirvió también para entender que en el tema de la inflación  juegan muchos actores –no sólo el Estado– y que hay que analizar qué pasa con los formadores de precios, con la especulación y con los aumentos injustificados y abusivos. Junto con las organizaciones territoriales organizamos algunas mesas de debate con los consumidores y analizamos la experiencia, que no quedó en sólo comprar más barato.

Luego la pregunta de siempre, el anhelo general.  ¿Podremos tener el Mercado Central en nuestros barrios? Creemos que de concretarse este anhelo se beneficiaría económicamente –en gran proporción– a los consumidores, se tendría una nueva herramienta para luchar contra la inflación  y pondría mucha claridad en el debate de estos tiempos. Nos daría experiencias contundentes para rebatir esa muletilla que cada día se va quedando con menos sustento y con menos adeptos. Esa muletilla que dice que la culpa del aumento de precios siempre es del Estado, escondiendo a los empresarios que suben especulativamente mucho más allá del aumento de sus costos.

DAMOS DIFUSIÓN A UNA INTERESANTE NOTA PUBLICADA EN EL DIARIO TIEMPO ARGENTINO, DEL DÍA MARTES 25 DE FEBRERO DE 2014.

REPORTAJE A JORGE RACHID

Los medicamentos son iguales para pobres y ricos

Para la ANMAT las copias no son medicamentos de menor intensidad clínica. Todas la materias primas se importan.

Por:   Edgardo Rodríguez del Barrio

Jorge Rachid, médico de barrio y del trabajo como gusta definirse, es un conocido militante peronista y prestigioso profesor universitario, además de prolífico escritor e intelectual al servicio del campo nacional.  T&E lo entrevistó para conocer su posición sobre industria farmacológica y salud pública. Sostiene que “una política nacional de medicamentos no puede ser estructurada al margen de un plan nacional de salud”.

–¿La industria farmacéutica se maneja con sobreprecios en los remedios? ¿Es posible lograr precios acordados como en el caso de los alimentos?

–En primer lugar para acordar cualquier tipo de precios, de cualquier producto, se debe conocer la estructura de costos de los mismos. Costos directos e indirectos que incluyan salarios e impuestos y recién entonces se puede comenzar el proceso de discusión. En el caso de los medicamentos, eso no sucede porque sólo se manejan precios de referencia construidos por la misma industria. Un ejemplo sacado del Kairos, manual de índice habitual que se edita mensualmente: en el últimos mes y medio sacaron tres listas deprecios con oscilaciones del 75 al 31 por ciento. Por lo tanto, si no se utiliza la estructura de costos que sólo puede brindar una empresa testigo de producción pública, en el caso de los medicamentos elaborados en el país, o la información directa de los laboratorios a nivel internacional, se discute a ciegas y con la agenda de la industria.

–¿La fijación de precios máximos a los medicamentos, atenta contra su calidad como sostienen algunos laboratorios?

–Los medicamentos que existen en el vademécum nacional, cuestión que debería rediscutirse por incorporar fórmulas impuestas por la industria, son todos autorizados por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología), lo cual implica que no existen medicamentos para pobres y medicamentos para ricos. La intervención de la ANMAT desmiente la divulgación realizada por la industria que presenta las copias como medicamento de menor intensidad clínica, propaganda para la que cuentan con la colaboración de médicos cooptados y de cátedras financiadas por los mismos laboratorios. Todas las materias primas se compran en el exterior ya los mismos proveedores tanto privados como públicos, y todas ellas se producen de la misma manera, con la misma tecnología, con mayores controles de calidad gracias a la exigencia de públicos que sufren el ataque permanente de la industria; con "muestras museos" que sirven para determinar el grado de disminución de las propiedades clínicas de las drogas través del tiempo, por lo cual es una falacia la diferencia de calidad en el medicamento, mentira sólo apuntalada por una maquinaria de marketing que termina pagando el paciente en el precio final. Como ejemplo de lo que describo, tenemos casos como el Enalapril, cuyo costo de producción no llega a los 50 centavos por diez comprimidos. El laboratorio Roemers vende con la marca Lotrial un medicamento que tiene por principio activo al Enalapril que en la presentación de 30 comprimidos cuesta más de 40 pesos cuando su costo de producción es de $ 1,50, o sea que los niveles de ganancia impactan sobre el gasto o inversión de la seguridad social, de manera brutal y abusiva.

–¿Cuál es la incidencia de los remedios sobre el gasto total en salud?

–El mayor en el mundo hoy es en la Argentina, ya que gastamos en medicamentos un 32% del gasto total en salud, que en el 2011 fue de 275 mil millones. De ese gasto en medicamentos el 20% es gasto de bolsillo de los pacientes, lo cual significa casi 16.000 millones de pesos que pagan los argentinos en forma compulsiva, porque no manejan la información, son direccionados por el médico, bombardeados por la publicidad sintomatológica, que debería estar prohibida, como en la mayoría de los países del mundo y con una ley que no se cumple como es la ley de Genéricos, que por resoluciones posteriores admite la receta con nombre fantasía, en importantes sectores de los sistemas solidarios que suelen ser ejes de precios del sistema, por su magnitud en afiliados, como son PAMI y el IOMA.

–¿Se podría revertir esta situación?  ¿Cuál sería el rol y hasta dónde llegaría el impacto de la producción pública de medicamentos?

–La producción pública de medicamentos (PPM) ha logrado en los últimos años un importante avance con el gobierno de la Dra. Cristina Fernandez de Kirchner mediante  la ley 26.688 que declaró de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos. Esa ley fue promulgada en el mes de julio de 2011 y aún no fue reglamentada pese a no tener ninguna cautelar; eso sí, circula de ministerio en ministerio en una ronda de nunca acabar. Es importante su reglamentación porque permitirá establecer un registro de los laboratorios de producción pública y fijar como marco de referencia de la producción de medicamentos la propuesta de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Es tal la trascendencia de esa Ley, promulgada y aún no reglamentada, que con su vigencia se podrán definir prioridades en líneas estratégicas de producción teniendo en cuenta los perfiles epidemiológicos y estacionales de las regiones de nuestro país. Y no sólo eso, será prioritaria la provisión de medicamentos, vacunas y productos médicos que demande el primer nivel de atención en el marco de la estrategia de atención primaria de la salud. 

–¿Qué lugar tiene la investigación en esa ley?

–Importantísimo. Por ejemplo, promueve la investigación, desarrollo y producción de medicamentos huérfanos que son los medicamentos no desarrollados ampliamente por la industria farmacéutica por razones financieras, ya que son destinados a un reducido grupo de pacientes, y que, sin embargo responden a necesidades de salud pública. Y no sólo eso, fomenta la organización de un sistema de investigación, desarrollo y producción de medicamentos que articule la actividad de instituciones académicas y científicas con organizaciones de trabajadores y usuarios. Promueve la investigación y docencia, así como la formación y capacitación de recursos humanos y establece como objetivo investigar, producir y desarrollar principios activos vegetales y fitomedicamentos, priorizando las especies autóctonas del país. La ley apunta a la construcción de una nueva racionalidad en la industria farmacéutica que sustituye a la tasa de ganancia individual por el progreso social. 

–¿Puede la producción pública de medicamentos competir en eficiencia con la privada?

–Por supuesto que sí. Recordemos el 2001, cuando los laboratorios privados abandonaron los hospitales públicos frente a la crisis por la falta de capacidad de pago del Estado, poniendo de rehenes a millones de argentinos. Fue entonces cuando la producción pública de medicamentos cumplió un rol que llamaría heroico. Quien tenga un enfermo crónico en la familia sabe de qué hablo. Estamos proponiendo al Estado la centralización de las compras de los medicamentos de alto costo-baja incidencia, importados, centralizados a través de la PPM ya que siempre los termina pagando la seguridad social con sobre precios y cartelizaciones que constituyen en muchos casos una verdadera actitud mafiosa que opera con criterios comerciales tales como "enfermedades nicho", es decir, dolencias de las que se apropian para explotarlas comercialmente al máximo. Es importante esto porque hoy el país tiene un déficit en su balanza comercial de 1700 millones de dólares en medicamentos, que podría cerrarse con políticas racionales direccionadas a evitar intermediaciones salvajes.

–¿Cuál debería ser la política para las enfermedades crónicas?

–Proponemos que a los enfermos crónicos como diabéticos, renales e hipertensos, el Estado les provea gratuitamente los medicamentos controlando la adhesión al tratamiento, lo cual evitaría las complicaciones severas que impactan en el segundo nivel de internación y en casos graves en terapias como el ACV (accidente cerebro vascular), la complicación más importante de la HTA ( hipertensión arterial) o las amputaciones, crisis cardíacas o cegueras de la diabetes, como así también la diálisis en los enfermos renales. La PPM estaría en condiciones de ser cabeza de proyecto en este nivel de compromiso ambulatorio, con la ventaja de poder volcar el 100% de los recursos en I+D (investigación más desarrollo) además de conformar los comités de bioética para el seguimiento de las efectividades clínicas del medicamento.

–¿Cuál es la materia pendiente de este gobierno sobre medicamentos y laboratorios?

–Una política nacional de medicamentos no puede ser estructurada al margen de un Plan Nacional de Salud, y esa es una hipoteca pendiente. La fragmentación producto de 40 años de historia neoliberal como cultura dominante, con el financiamiento del Banco Mundial arrasó los sistemas solidarios, fragmentó los servicios hospitalarios, intrusó al hospital público con servicios privados con objetivo de lucro, desfinanció la prevención y trabajó sobre la enfermedad y la cronicidad que son las que dan ganancias. La salud no rinde a los dueños de la industria farmacéutica. Ya lo dijo el doctor Richard Roberts, premio Nobel de Medicina 1993: "Recibo este premio con dolor, porque cada vez que nos asomamos a la cura de alguna enfermedad, en la investigación nos paraban el financiamiento", más claro imposible. Hay cuestiones que se pueden ir realizando tanto desde el Estado como con la colaboración de entes descentralizados y sistemas solidarios: por ejemplo eliminar el nombre fantasía de cualquier receta, prohibir por ley la publicidad sintomatológica, centralizar las compras de alto costo y baja incidencia, tener un formulario terapéutico nacional elaborado por nosotros recuperando soberanía, como asimismo avanzar en la Unasur que ha hecho propia una propuesta nuestra desde el instituto de Defensa de tomar el medicamento como eje de soberanía, aprobada en Lima en 2012. Eliminar la resolución del anexo uno del ANMAT que permite la entrada de productos aprobados por la FDA de EE UU, la UE , Japón e Israel, cuyos laboratorios usan, con escasos ensayos clínicos, a los países emergentes como campo de acción; discutir a nivel internacional qué son innovaciones y qué son copias, sobre todo en las patentes reclamadas por copias genéticas de plantas con propiedades clínicas que ya conocían nuestros pueblos originarios.