Non riconoscere il diritto all’acqua equivale a negare il diritto alla vita

Petición exigiendo el cumplimiento del referéndum sobre el agua.

La Gestione dell'acqua pubblica ai cittadini!

Gestión pública del agua a los ciudadanos! del blog de Beppe Grillo

"La Presidenza del Senato ha dichiarato ricevibile e depositato il disegno di legge sulla ripubblicizzazione dell’Acquedotto Pugliese presentato da Lello Ciampolillo e Carlo Martelli, sottoscritto dall’intero gruppo del Movimento 5 Stelle al Senato.
L’acqua è un bene comune, patrimonio universale dell’umanità e diritto fondamentale di ciascuna persona umana. Non riconoscere il diritto all’acqua equivale a negare il diritto alla vita. L’acqua è un bene comune pubblico che non può essere assoggettato alle regole del mercato: così hanno stabilito ventisette milioni di Cittadini italiani con i referendum. Il disegno di legge mira a conferire natura pubblica allo storico Ente pugliese che deve orientare la propria attività a logiche estranee al profitto. Il nuovo Ente pubblico AQP dovrà essere l’occasione per una forte innovazione sul piano della effettiva partecipazione dei cittadini alla definizione e alla decisione sulle scelte e le priorità della gestione ed al suo controllo"

Cinco tesis sobre el agua

Una de las ponencias que escuché en ALOAS2013

Publicado en Página 12 del 19 de Junio de 2013.

Por Bernardo Kliksberg *

1. El agua no puede ser una mercancía

Cada quince segundos muere un niño en el mundo por falta de agua potable. No hay pretexto posible. El agua no puede ser tratada como una mercancía más, transable en los mercados y sujeta a las reglas del lucro.

El acceso al agua es un derecho humano básico. Sin agua potable y saneamiento, no hay ciudadanía real. Sin ellas no hay salud, ni posibilidad de ejercer la ciudadanía.

La OMS ha identificado 25 enfermedades graves generadas por su falta. Las sufren 1100 millones de personas en el planeta. Entre otras, la diarrea infantil, la hepatitis A, el cólera, el dengue.

El mundo tiene todas las posibilidades materiales y ahora tecnológicas para dar agua a todos.

Se está violando en gran escala ese derecho.

Debería ser incluido en las constituciones.

2. La falta de agua y saneamiento mata

Las personas necesitan un mínimo de 20 litros de agua diarios. Mil cien millones tienen menos de 5 litros. En los países ricos se gastan más de 200 litros diarios per cápita.

Anualmente mueren 1.800.000 niños por diarrea infantil, causada en gran parte por falta de agua potable y de instalaciones sanitarias.

Hay 2600 millones de personas que no tienen un inodoro, en el siglo del IPOD y la Internet.

Desesperados, los “sin agua” toman agua contaminada. El 50 por ciento de las camas hospitalarias está ocupado por quienes la han ingerido.

3. La gran humillación

Los impactos de no tener agua ni inodoros son devastadores, psicológica y culturalmente.

Los niños pobres caminan seis horas diarias para traer agua. Pierden 443 millones de días escolares haciéndolo. Las madres luchan muy duramente para conseguir agua para sus hijos.

La sociedad entera los está humillando a diario con no garantizar este derecho básico.

4. El mercado no funcionó

Se apostó en Argentina y América latina en los ’90 a que la “bala mágica” para resolver el problema eran las privatizaciones. La ONU ha demostrado en su informe de Desarrollo Humano dedicado al tema que fracasaron. Los resultados fueron muy graves para la población. Hubo mala gestión, especulación, subinversión, exclusión de los más pobres.

La ONU recomienda que el agua debe estar en manos de la gestión pública. Corresponde a ella asegurar un derecho tan básico.

5. Las enseñanzas de la experiencia argentina

En los ’90,  Menem privatizó masiva y salvajemente la prestación de agua y cloacas. Dejó sin política pública de agua al país y con organismos reguladores muy débiles. Los déficit de prestación se agudizaron. En el Gran Buenos Aires, buena parte de la población no tenía acceso a agua ni cloacas. Se verificó que los niveles de nitrato de la prestación de agua privada en algunos municipios excedían más del 40 por ciento las normas de la OMS, lo que pueda generar cianosis y finalmente asfixia.

En 2003 se inició la reconstrucción de una política pública de agua y saneamiento con Enosa, Aysa, otras empresas públicas y grandes inversiones. Como lo ha informado la Secretaría de Obras Públicas, en 2003 hubo 40.000 casos de hepatitis A. El reestablecimiento del derecho al agua, con una agresiva política de salud, fueron claves para que en 2012 fueran sólo 275. También incidieron en el descenso de la mortalidad infantil en el período del 16,5 al 11,7 por mil. En ese lapso se dio agua potable a 5.700.000 nuevos usuarios y cloacas a 3,2 millones.

Falta mucho, pero es en esa dirección.

El tema del agua y el saneamiento no puede seguir siendo marginal o que “viene después”. Ya en la Biblia se garantiza el derecho al agua para todos. Su violación abierta es uno de los mayores escándalos de nuestro siglo. No figura en la agenda del uno por ciento más rico del planeta, dueño de casi la mitad del producto bruto mundial. La ciudadanía organizada lo ha puesto en el centro de la agenda pública en todo la Unasur.

* En el marco del Congreso de Aloas, ante 500 directivos de empresas de agua de todo el continente, Bernardo Kliksberg dictó una conferencia magistral en la que presentó sus cinco tesis sobre el tema del agua.

Por un mayor acceso a agua y saneamiento básico

Un mayor acceso a agua y saneamiento básico redunda en más esperanza  de vida y menos mortalidad materna e infantil

Así lo indicó la Organización Panamericana de la Salud durante el Tercer Encuentro de Aloas. Por cada dólar invertido en agua y saneamiento retornan 34 dólares en costos ahorrados por atención de salud y en productividad económica incrementada. 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 (OPS/OMS).- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) llamó hoy a los países a potenciar sus inversiones en acceso a agua potable y saneamiento básico por la relación existente de estos determinantes con una mayor esperanza de vida y un menor riesgo de muerte materna e infantil. Incluso, estaría comprobada la correlación con menores índices de mortalidad por enfermedades asociadas al consumo de bebidas azucaradas que causarían sobrepeso y diabetes mellitus. “Por cada dólar invertido en agua y saneamiento retornan 34 dólares en costos ahorrados por atención de salud y en productividad económica incrementada”, afirmó el representante de la OPS en Argentina, Pier Paolo Balladelli, durante el Tercer Encuentro de la Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento (Aloas) que comenzó hoy en Buenos Aires.

Delegados de 12 países de Latinoamérica, referentes de 60 empresas y especialistas del sector participan del congreso anual, donde compartirán sus experiencias y debatirán sobre temas como el acceso universal al agua potable y saneamiento. En ese marco, Balladelli señaló que el grado de desarrollo humano entre países reproduce el grado de acceso a agua por conexión domiciliaria y disposición de excretas (saneamiento ambiental). Las conexiones mejoradas a agua y saneamiento básico tienen, de hecho, un impacto positivo sobre el desarrollo económico de las familias y sociedades, por lo que “es importante incluir en el diálogo post-2015 sobre desarrollo sostenible metas de acceso a agua y saneamiento básico que permitan reducir las inequidades en salud entre grupos poblacionales, como los pertenecientes a áreas rurales,  indígenas, mujeres y niños”, resaltó.

“La menor esperanza de vida se concentra sistemáticamente en la población con menor acceso a agua potable. También el mayor riesgo de muerte materna se concentra sistemáticamente en la población con menor acceso a agua potable. Ocurre lo mismo respecto del riesgo de muerte infantil. Incluso, el riesgo de mortalidad por diabetes mellitus es 20% mayor en las poblaciones de más bajo acceso a conexiones mejoradas de agua para consumo humano”, subrayó el representante de la OPS durante su presentación ante los numerosos asistentes al encuentro, que se desarrolla en el Palacio de Aguas Corrientes.

Estudios evidencian que las intervenciones destinadas a llevar agua de calidad a los hogares y escuelas ya no sólo tienen un impacto en la reducción de la diarrea en los niños, sino también en la reducción de la obesidad asociada al consumo alterno de bebidas con altas concentraciones de azúcar y sal, que también aumentan  el riesgo a desarrollar diabetes e hipertensión.

Actualmente, unas 42 millones de personas en la Región de las Américas no tienen acceso a agua y unas 162 millones de personas no cuentan con un sistema adecuado de disposición de excretas. Según el funcionario de las Naciones Unidas, la inversión en agua y saneamiento “es una de las más contundentes acciones a nuestro alcance para atacar las causas de las causas, reducir las desigualdades sociales en salud pública y democratizar las oportunidades de desarrollo sostenible”. De hecho, el tercio de la población más pobre está afectada por las consecuencias del bajo acceso a condiciones sanitarias en la vivienda y comunidad. Asimismo, instó a fortalecer los esfuerzos para cumplir con la meta del milenio de reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.

Por su parte, el presidente de AySA, Carlos Ben, consideró necesario impulsar el tema del agua en la agenda política de Latinoamérica y del mundo, lo cual consideró un desafío clave para la salud de la población. A tono, el director del Centro de Información de Naciones Unidas (CINU), David Smith, evaluó que los retos en el sector corresponden no sólo a la demanda de agua, sino también a la cantidad y calidad del suministro y a las inversiones en infraestructuras para responder a los requerimientos. “¿Qué tipo de población vamos a tener si no discutimos sobre el agua? Este es el que encuentro que necesitamos para hallar las respuestas”, analizó Smith.

Entrevista a Javier Bogantes

Les comparto una entrevista publicada en Tiempo Argentino el día domingo 27 de enero de 2013.

Entrevista a Javier Bogantes

"El poder no respeta las leyes de protección ambiental"

Existen innumerables normas de cuidado del agua, pero muchas veces los gobiernos o las empresas no las cumplen. En estos casos interviene el Tribunal Latinoamericano del Agua. Su presidente, Javier Bogantes, explica de qué forma se atienden las denuncias. 

  

El Tribunal Latinoamericano del Agua es una instancia internacional "creada con el fin de contribuir a la solución de controversias relacionadas con los sistemas hídricos en América Latina". Es un tribunal ético que se dedica a estudiar en profundidad cada caso denunciado. A fines de 2012, ese tribunal tuvo su sexta audiencia en Argentina, más precisamente en la Facultad de Derecho de Buenos Aires donde trató cinco casos, tres de ellos perteneciente al país. 

 En diálogo con Tiempo Argentino su presidente, Javier Bogantes, explicó de qué forma trabaja el tribunal, cómoa elige los casos y cuál es su aporte concreto a las controversias generadas en torno a los  problemas hídricos. 

-–¿Qué es exactamente el Tribunal del Agua? 

–El Tribunal Latinoamericano del Agua se forma en 1998. Comienza con un proceso de investigación, de consulta sobre la situación de las normativas legales, de todo lo que tiene que ver con lo jurídico en América Latina en relación con el agua. Así fuimos descubriendo que existía y existe una crisis de legalidad porque hay una serie de normativas internacionales, normativas de cada país que en realidad no se están cumpliendo y que de esta forma están poniendo en peligro no sólo los sistemas hídricos de toda la región latinoamericana, sino también la paz social, porque se generan muchos conflictos por la no aplicación de políticas coherentes con la protección del medioambiente en lo que se refiere al agua. A partir de esta comprobación tiene lugar la primera audiencia del Tribunal que se realizó en el año 2000 en San José y en la cual se vieron casos de gran importancia, principalmente centroamericanos. Fue una experiencia muy interesante porque hubo representantes del Ministerio de Ambiente de Costa Rica y también de algunas empresas de Centroamérica. Algunos demandados aceptaron la intervención del Tribunal y se comprometieron a solucionar los problemas por los que eran demandados.

–¿Cuántas audiencias se han realizado hasta el momento?

–Se han realizado seis audiencias. La última fue en Buenos Aires.

–¿De qué forma se compone el Tribunal?

–Se compone de un equipo de gestión, un grupo consultivo que funciona en toda América Latina y para las audiencias se conforma un jurado que se nombra especialmente.

–¿Ese jurado está integrado por especialistas en el tema hídrico?

–En realidad, los especialistas están en una comisión científico-técnica que analiza los casos antes de que el jurado se siente a deliberar. En algunos casos, cuando se trata de un tema muy específico se contrata a especialistas en el tema. El jurado es un jurado de notables, de personas que tienen una gran credibilidad desde el punto de vista ético, moral, científico o artístico. Este jurado emite veredictos en el campo ético pero también en el campo científico-técnico, porque el Tribunal no es sólo un tribunal ético, sino que se fundamenta en una serie de tratados, de convenios y de declaraciones internacionales que muchos países han ratificado. El Tribunal trabaja en la implementación de estos convenios que muchas veces no se cumplen, que se convierten en letra muerta, que tienen buenas intenciones pero que no buscan la aplicación en lo que tiene que ver con el tema de la protección del agua y del derecho al acceso a ella que tienen las poblaciones. El derecho humano al agua es uno de los principios que defiende el Tribunal desde el punto de vista doctrinario. 

–¿Cuál es el mecanismo para que constituya una audiencia?

–El Tribunal actúa una vez que hay una denuncia. Nosotros no vamos directamente a buscar los casos. Cuando hay una denuncia se eligen los casos a partir de varios criterios. Uno de los criterios es la importancia del ecosistema afectado, del cuerpo de agua afectado o la situación de inequidad que puede darse entre la población y los gobiernos o las empresas que han sido demandados. El criterio se extiende también a los casos de negligencia que hacen sospechar que puede haber algún tipo de contubernio entre empresas y gobiernos o situaciones anómalas que ponen en evidencia que hay un incumplimiento de la legalidad o de los valores éticos que están inmersos en los tratados, declaraciones y convenios internacionales. Cuando se presenta un caso hay un período bastante largo de análisis que puede demandar un año en el que los expertos analizan todas las pruebas.

–El jurado, supongo, emite un veredicto.

–Sí, después de hacer una audiencia  pública en la que se siguen todos los pasos para cumplir con el debido proceso. Se invita a ambas partes, a denunciados y denunciantes a que respondan públicamente sobre la demanda. En general, a los demandados se los convoca 25 días antes de la audiencia para que se presenten  a ella. 

–¿Cómo surgió el Tribunal? ¿Es una iniciativa de particulares?

–Surge de un proceso a nivel de América Latina luego de una experiencia que hubo en Holanda que fue el Tribunal de Amsterdam. Se le dio continuidad a esta iniciativa a través de la interacción de ciudadanos latinoamericanos y academias. El Tribunal no depende de ningún Estado, es  un tribunal de la sociedad civil. Es muy importante entender que se trata de una alternativa cuando la legalidad y los procesos administrativos de los gobiernos no han funcionado. Cuando alguien acude al Tribunal es porque no se le ha hecho justicia. Si hubiera justicia ambiental, si se cumplieran todas las normativas que existen, nadie acudiría a él. Si bien sus veredictos no son vinculantes desde una perspectiva positivista del Derecho, obtiene cierta vinculación desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos "la ética exigente" que es  una ética de la cual depende la vida en el planeta. Por eso decimos que es "exigente" porque ya no queda al libre albedrío de un gobierno o una empresa cumplir o no porque existe una concientización a nivel global sobre los problemas ambientales. 

–Es decir que el Tribunal no tiene un poder punitorio en el caso de que el jurado encuentre culpables a los demandados. 

–No hay un poder punitorio, hay un poder en el sentido de conciencia y también de argumentos científicos porque trabajamos a partir de esos argumentos. No se establece ningún tipo de tratado con los gobiernos porque, definitivamente, ningún gobierno daría su anuencia para que se regulen los temas que tienen que ver con el agua. Desde el punto de vista de los valores, en cambio, podemos decir que así como hay una globalización del mercado, también hay una globalización de la ética para contrarrestar la gran globalizción comercial, mercantil, que sólo piensa en una explotación a corto plazo de los recursos sin ver las consecuencias que su accionar tiene para las presentes y futuras generaciones y para  los diferentes sistemas hídricos de América Latina. 

–¿Cuáles fueron los casos que se trataron en Buenos Aires en la Facultad de Derecho?

–Los casos que se eligen son siempre casos emblemáticos que se dan en diferentes países de la región por lo que, de alguna manera expresan una tendencia en la afectación de los sistemas hídricos y en las garantías del derecho de las comunidades al agua. En Buenos Aires se analizaron cinco casos. El primero es lo que se dio en llamar Colapso Socio-ambiental en la República Mexicana que fue una demanda contra el Estado mexicano. Lo que está sucediendo en México es sumamente interesante desde el punto de vista político y ambiental. Estamos hablando de un Estado que no funciona para solucionar los conflictos que tienen que ver con la protección del agua. En casi todo el país se están deteriorando los ecosistemas hídricos lo que pone en peligro la potabilidad del agua El Distrito Federal, Jalisco y otras poblaciones dependen del agua embotellada porque no está garantizada el agua potable para la población. Es un país que se ha abierto totalmente a un criterio de explotación de mercado que daña los sistemas hídricos. También se trató el caso de Perú donde en relación con el tema del agua ha habido grandes enfrentamientos sociales, ha habido muertos, por la instalación de una compañía llamada Yanacocha que tiene el proyecto de explotar yacimientos de minerales en cinco lagunas de gran importancia para el abastecimiento de la población. 

–¿Se presentaron también casos referidos a la Argentina?

–Sí, los tres casos restantes de los cinco que se trataron tienen que ver con Argentina. Uno es el del proyecto Pascua Lama que definitivamente contradice toda política de protección de ambiente. En un momento en que se habla de la importancia de los glaciares para contrarrestar el calentamiento global, explotar yacimientos de minerales en lagunas a 5000 metros de altura, en glaciares, es un proyecto que puede causar impactos irreversibles. Este caso fue presentado por el Observatorio Latinoamericano que es una organización chilena porque el 45% de la explotación tiene lugar en Chile y el resto en la Argentina. El otro caso es el La Pampa contra Mendoza. Ya el año pasado hicimos una gira de reconocimiento, visitamos en helicóptero toda la región del  Atuel que nace en la zona andina de Mendoza y va hacia la pampa seca. En este momento, hay políticas hídricas en Mendoza que obstaculizan el flujo de este río y que están produciendo un problema de desertización acelerada que afecta no sólo el desarrollo de La Pampa, sino también a las comunidades indígenas que estaban allí, los ranqueles, por ejemplo, y otras comunidades pampeanas que de pronto se quedaron sin agua. Es un caso emblemático entre dos provincias entre las que se da un caso de inequidad. 

–¿Cuál es el tercer caso que se analizó?

–El de González Catán, que tiene que ver con la forma en que se está trabajando el problema de la basura en toda la región de La Matanza que afecta las aguas superficiales y, según los denunciantes, también las aguas subterráneas. Hay una gran situación de incertidumbre por parte de las comunidades aledañas al basurero. El Ceamse se presentó a la audiencia. La argumentación es que ellos estarían sacando el basural de esta región, pero que no tienen dónde poner la basura. Esto nos lleva a pensar sobre el desarrollo del modelo de desarrollo y de tratamiento de los desperdicios en que estamos inmersas las sociedades de América Latina. Por eso es tan importante el tratamiento de casos emblemáticos. Esto que sucede en el  Gran Buenos Aires está sucediendo también en Perú, en México, en casi todos los países latinoamericanos porque la cantidad de basura excede las posibilidades de ubicación de la misma. Otro argumento del Ceamse es que las comunidades fueron llegando después de la instalación del basurero, lo que las comunidades niegan. La doctora Silvia Nonna, secretaria académica de la Facultad de Derecho, quedó a cargo de seguir el proceso de conciliación. Importa rescatar aquí que tuvimos un gran apoyo por parte de la Facultad de Derecho de Buenos Aires y también de ALOAS que es la Asociación Latinoamericana de Operadores de agua. 

–¿En que se diferencia el Tribunal Latinoamericano del Agua de otros tribunales de conciencia?

–En el proceso de investigación científica y técnica, el proceso probatorio que acompaña cada caso. 

–¿El derecho humano de acceso al agua es incompatible con la economía de mercado?

–Sí, absolutamente. Existen leyes de protección ambiental, pero los poderes pasan por encima de estas leyes, no las respetan.  «

Lugar de desechos

"Los países latinomericanos –dice Bogantes– nos estamos convirtiendo en lugares de desecho de la basura estadounidense o en lugares de implementación de las tecnologías de producción  más sucias. 

En Jalisco, por ejemplo, luego del tratado de libre comercio México-Estados Unidos se instalaron grandes plantas de procesamiento relacionadas con la producción porcina que terminaron por contaminar el Río Verde. Estos cerdos pertenecen  compañías estadounidenses, grandes compañía que producen cerdos en México y lo venden en Estados Unidos. Además, hay una tendencia generalizada que  tiene que ver con la expansión minera. Canadá es uno de los países más ricos en minerales, pero las explotaciones no se realizan tanto en Canadá y cuando lo hacen allí, cumplen estrictamente con las normas socioambientales que no cumplen en los diferentes países de América Latina de los cuales hemos recibido casos. Otra tendencia es el desarrollo de grandes monocultivos como la piña en Puerto Rico, el banano en Ecuador o la soja en Argentina. La ganancia que se obtiene de los monocultivos es momentánea, porque los suelos van a quedar deteriorados por el monocultivo  y por el uso de glifosatos que van acabando con el ecosistema, van contaminando las aguas. De hecho ya se puede comprobar en muchos lugares que no hay lombrices, no hay ranas. El monocultivo es un sistema de gran dependencia. En el caso de la soja, la dependencia es de China. 

Hemos recibido un caso de Córdoba de fumigación aérea con posible afectación de un acuífero. A través de estos casos vamos visualizando lo que llamamos ‘las estrategias erróneas’ que implementan casi todos los gobiernos de América Latina sin que importe que sean de izquierda o de derecha. Todos olvidan la relación entre desarrollo productivo y protección ambiental. No hay buenos negocios cuando estamos poniendo en riesgo lo esencial de América Latina que es el agua y la tierra. Hay que buscar un modelo en que las condiciones esenciales para la vida no se pongan en peligro." 

EL PRECIO DEL AGUA MINERAL

Ayer compré un agua mineral a la vuelta de la oficina de la "Unión de Usuarios y Consumidores", en el centro de Buenos Aires. Pagué $ 9 un envase de 1,6 litros. Pagué $ 5,625 el litro. Si lo multiplicamos por mil (cantidad de litros de un metro cúbico) obtenemos la cifra de $ 5.625 como valor del metro cúbico de agua mineral.

Mirá tu boleta de Aysa. Tiene un cuadrito en un costado donde dice el precio que estamos pagando el metro cúbico de agua de red $ 0,66 el metro cúbico.

Pagamos 8522 veces más cara el agua mineral que el agua de red.

Ahora: Sabías que el Código Alimentario Argentino tiene mayores exigencias para el agua de red que para las aguas minerales.

Pero, parece que es un tema que no se puede discutir. La razón, fijate quienes son las dueñas de las aguas envasadas que tomamos. Todas grandes multinacionales...

Acusan a hospitales porteños de verter químicos en las cloacas

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires reiteró una denuncia y remarcó que los hospitales Zubizarreta y Argerich no tienen manejo ambiental sobre los desechos peligrosos.

Por Clarisa Ercolano
de Noticias Urbanas publicado el 12 de Noviembre de 2010.

Un informe de la Auditoría porteña asegura que los Hospitales Argerich y Zubizarreta vierten sustancias químicas a la red cloacal. Según el texto, el centro de salud de Devoto tira formol, un componente muy inflamable, y también parafina. Por otro lado, en el nosocomio de La Boca se arroja éter, etílico, fucsina, ácido clorhídrico y etanol. Así, incumplen la ley de residuos peligrosos. La denuncia agrega que el personal que manipula desechos patológicos no cuenta con elementos de protección. En el Argerich, los depósitos de residuos peligrosos no tienen ventilación ni acceso no restringido. En el Zubizarreta no conocen la existencia del manual de gestión de residuos patogénicos. De acuerdo a lo que informa la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), estos centros de salud porteños incumplen la Ley 2.214 sobre residuos peligrosos y realizan el desecho en un lugar inapropiado.El informe, aprobado este año, da cuenta de que los mismos centros de salud “no cuentan con depósitos exclusivos para los residuos líquidos peligrosos”, y que los recipientes contenedores de estos componentes “no se encuentran debidamente rotulados”, por lo cual, nadie sabe a ciencia cierta qué está manipulando.En ambos hospitales, los depósitos intermedios “no reúnen las condiciones de seguridad establecidas para el almacenamiento de líquidos peligrosos”. Tampoco tienen ventilación y el acceso no está restringido. Un riesgo latente si se tiene en cuenta que incluso pacientes o familiares pueden tomar contacto.En los dos hospitales, según grafica el informe, los trabajadores no tienen elementos de protección y tampoco están capacitados para resguardarse de los potenciales daños y enfermedades a largo plazo que esta tarea puede acarrearles.“Se genera una gran cantidad de desechos contaminantes semanales que no se recogen. Incluso cuando los recolectan empresas privadas tampoco se sabe el destino. Hay que empezar a tratar los propios residuos, sean patogénicos, peligrosos o domiciliarios”, indicó la titular de la AGCBA, Sandra Bergenfeld.

podés obtener el informe completo en:
http://www.agcba.gov.ar/docs/Info-3.08.15.pdf

¿TENES BOTON EN TU BAÑO? ¿SOS EL UNICO QUE LO UTILIZAS?

Preguntas muy sencillas, en búsqueda de información para trabajar sobre grandes problemas nacionales y mundiales. Algunas apreciaciones sobre el Censo 2010 y el derecho humano al acceso al agua potable y al saneamiento básico.

Estos últimos días recibimos el impacto y estuvimos shokeados por la muerte de Néstor Kirchner. La noticia –lógicamente- tapó algunas cuestiones que se mencionaban en redes sociales, en especial sobre la necesidad y la utilidad de la realización del Censo 2010.

“Me preguntaron si éramos los únicos que usábamos el baño” o “si tenía botón o mochila en el baño” son frases que se repitieron en forma socarrona y jocosa a fin de menospreciar y transmitir menosprecio por el Censo. Censo -que dicho sea de paso- es y debería ser una política de estado, no una cuestión de tal o cual gobierno.

Hay dos elementos que me gustaría detallar:

El acceso al agua potable y saneamiento como derechos humanos

La Asamblea General de la ONU reconoció el acceso al agua potable y el saneamiento como derechos humanos básicos. El texto dice “Declara el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos” y fue reconocido por resolución dictada el 28 de Julio de 2010.

La resolución fue adoptada a iniciativa de Bolivia, tras 15 años de debates, con el voto favorable de 122 países y 44 abstenciones. La Asamblea de Naciones Unidas se mostró “profundamente preocupada porque aproximadamente 884 millones de personas carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones de personas no tienen acceso al saneamiento básico, y alarmada porque cada año fallecen aproximadamente 1,5 millones de niños menores de 5 años y se pierden 443 millones de días lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento”.

Algunos números:

1) Cada año más de 3 millones y medio de personas mueren por enfermedades transmitidas por agua contaminada.
2) La diarrea es la segunda causa más importante de muertes de niños por debajo de los 5 años. La falta de acceso a agua potable mata más niños que el SIDA, la malaria y la viruela juntos.
3) A nivel mundial aproximadamente una de cada 8 personas no tiene agua potable.
4) En solo un día más de 200 millones de horas del tiempo de las mujeres se consumen para recolectar y transportar agua para sus hogares.
5) La situación de la falta de saneamiento es aún mucho peor porque afecta a 2600 millones de personas que equivalen a un 40% de la población mundial.
6) En todo momento la mitad de las camas de los hospitales de todo el mundo están ocupadas por pacientes que padecen enfermedades asociadas con la falta de acceso al agua potable y la falta de saneamiento.

Lo absurdo de estos números es que de acuerdo a los estudios realizados por varios gobiernos, la UNESCO y la ONU “Los gastos en que incurren tanto individuos como los gobiernos para subsanar la falta de salud y educación (provocados por falta de saneamiento básico) es nueve veces mayor que el costo de solucionar el problema de saneamiento”

Y todo esto afecta a los más pobres, por ello coincido totalmente que “la problemática mundial de acceso al agua exige ser pensada no en términos de escasez del recurso físico, sino en términos de desigualdad e inequidad en el acceso a los recursos hídricos, en términos de una distribución injusta, fruto de las instituciones y los procesos políticos que ponen a la población pobre en desventaja” Mariana Cerdeira en “Sobre el Agua” pág. 104.

En nuestro país un 22 % de la población no tiene acceso a red de agua potable y 57 % de la población carecen de desagües cloacales a red. (Datos del Censo 2001) Para conocimiento de la situación en nuestro país recomiendo la lectura de “Pobreza, Salud y Medio Ambiente. Inequidad y desigualdad en el acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento en Argentina.”
En este blog puede verse en el link :
http://derechosyalreves.blogspot.com/2010/11/extracto-de-pobreza-salud-y-medio.html

Cumplimiento de las Metas del Milenio.

Nuestro país se comprometió en el año 2000 al establecer las “Metas del Milenio” a reducir para el año 2015 en dos terceras partes la cantidad de población sin acceso a saneamientos y fuentes mejoradas de aguas. Necesitamos conocer nuestra realidad.

Después de este rápido análisis; todavía pensamos que no nos interesa saber si la población de nuestro país tiene baño o no, si tiene un lugar donde higienizarse o si puede tomar agua segura…

Si estás en duda, repito lo que dijo el embajador de Bolivia ante la ONU cuando solicitó la votación de la Declaración del 28 de Julio de este año. Dijo Pablo Solón “quiero traer a la mente de todas delegaciones que, según el reporte del 2009 de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF que lleva por título “Diarrea: Porqué los niños siguen muriendo y que se puede hacer”: cada día, 24.000 niños mueren en los países en desarrollo por causas que se pueden prevenir como la diarrea producto de agua contaminada. Esto significa que muere un niño cada tres segundos. Uno, dos, tres…”

No tenemos derecho a reírnos de este problema.

Extracto de “Pobreza, Salud y Medio Ambiente. Inequidad y desigualdad en el acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento en Argentina.”

Publicado por Mariana Cerdeira en el libro “Sobre el Agua” (Marzo 2010)

Argentina y el acceso a servicios de agua corriente y cloacas

Según el último Censo Nacional de Población y Vivienda, en Argentina cerca de 8 millones de personas (22 % de la población) no cuentan con acceso a red de agua potable y 21 millones de personas (57% de la población) carecen de desagües cloacales a red.

Los indicadores sociales y sanitarios -tanto el caso del acceso a agua potable y servicios sanitarios como las tasas de mortalidad infantil, esperanza de vida al nacer, índice de NBI, etc.- sitúan a la Argentina dentro de parámetros aceptables respecto a otros países de Latinoamérica. Sin embargo, la problemática que se revela como central y crítica en cuanto al acceso de servicios sociales y sanitarios es la
disparidad -y en consecuencia, la brecha- que se da entre provincias y jurisdicciones, y entre poblaciones ricas y pobres.

Desde 1960 hasta la actualidad, existen zonas que, en relación con la cobertura de agua de red, se mantienen por debajo del promedio nacional: las regiones más críticas en este sentido son el Noreste argentino y las provincias de Buenos Aires y Santiago del Estero.

Los datos del último censo son contundentes en cuanto a desigualdades, en lo que se refiere a la cobertura de la población respecto al acceso a agua de red, la brecha entre provincias es de 1,7 (Misiones 57,2% - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 99,9%), en tanto el promedio nacional de cobertura es 78%.

La situación del saneamiento y servicio de red cloacal revela mayores inequidades e índices más alarmantes de cobertura. Menos de la mitad de la población de Argentina dispone de redes de desagües cloacales a red (42%), y son sólo dos las provincias que superan en un 80% el acceso a red cloacal: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (99%) y Tierra del .Fuego (96%). La brecha entre provincias es en este caso mayor, la cobertura en la Ciudad Autónoma de Bs. As. es de 99%, mientras que en Misiones es de 11,7%. En otros términos puede leerse que, en la Ciudad Autónoma de Bs. As. 9 de cada 10 ciudadanos acceden a servicios cloacales a red, en tanto que en Misiones sólo lo hace l de cada 10.

En un análisis de la evolución de los datos de cobertura llevado a cabo por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)[1] según los datos censales de 1991-2001, se demuestra que en aquellas provincias donde los índices de cobertura eran más bajos en 1991, los incrementos entre períodos no fueron necesariamente más altos siendo el promedio nacional de incremento el 10 %. En el mismo sentido, el análisis revela poco nivel de asociación entre inversión y necesidad, es decir, que al considerar la provisión de agua de red en provincias con necesidad mayor de cobertura, esto no se correspondió necesariamente con mayor inversión. En el caso de la extensión de red cloacal, se profundizan las diferencias entre provincias y municipios ya que, entre 1991-2001, donde más se invirtió fue en departamentos y jurisdicciones con mayor cobertura.

Lo que muestran los datos son políticas públicas no orientadas a la distribución más equitativa de servicios y derechos. Consultado sobre este punto, Pedro Kremer, coordinador del área de salud de CIPPEC, atribuye este comportamiento a múltiples causas, entre las que se encuentran principalmente el desconocimiento del real valor y la importancia no sólo sanitaria sino social que tiene el acceso al agua y al saneamiento, y la falta de políticas a largo plazo y de planes maestros o estratégicos a 10 a 15 años, atribuible en parte a una lógica basada en el rédito político inmediato (las obras de infraestructura normalmente duran más que un período de gestión) y a los costos de desembolso de obras que, aunque son costosas, pensadas en el largo plazo resultan costo-eficientes.

Distribución Geográfica de la Población sin acceso a servicios de agua y saneamiento.

Más allá del porcentaje de cobertura por provincia, que funciona como un buen marcador de inequidad al comparar brechas entre provincias y su evolución en el tiempo, es interesante tomar la foto de la distribución absoluta de la población en lo que se refiere al déficit en el acceso al agua y saneamiento.

Así podemos ver que, de los 7,7 millones de personas que no disponen de acceso a agua corriente, el 56% se ubica en la provincia de Bs. As, siendo los 24 partidos del Gran Bs. As. la región que concentra mayor población con déficit en acceso a agua (3 millones de personas). Luego, tanto en la región centro-litoral (Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos) como en la región del NEA, vive cerca de un millón de personas sin acceso a agua corriente.

Algo similar ocurre con la cobertura de desagües cloacales a red, el 63% de la población sin desagües a red se concentra en la región centro y centro-litoral (de los cuales 5,7 millones pertenecen a los 24 partidos del Gran Bs. Aires y 4 millones de personas, a las provincias de Santa Fe y Córdoba)

Si bien esta distribución geográfica del déficit refleja la distribución dispar de la población en el territorio argentino, permite ubicar la problemática del déficit en agua y saneamiento en realidades heterogéneas de acuerdo con su distribución geográfica. El caso de los 24 partidos del Gran Bs. As., por ejemplo, puede pensarse en términos de déficit en el acceso a servicios en zonas periurbanas. La mayor concentración de la población del país se ubica en zonas urbanas y periurbanas, y se estima que el crecimiento de la población total y la expansión espacial que la acompaña, en los próximos años, se producirán en dichas áreas. El concepto periurbano hace referencia no sólo a la periferia de la ciudad, sino también a un contexto en donde los rasgos tanto rurales como urbanos tienden a coexistir, en términos físicos, ambientales, sociales, económicos e institucionales.[2]

La realidad a la cual se enfrentan dichas poblaciones es compleja. Al déficit en infraestructura en el acceso a agua de red y cloacas se agrega, como factor determinante, la contaminación. Particularmente en las últimas décadas se ha dado un crecimiento no planificado y una creciente concentración de la población en enclaves urbanos y periurbanos, en muchos casos en asentamientos irregulares y villas de emergencia donde no existe planificación en infraestructura que contemple la provisión de servicios de agua y saneamiento. La creciente población, además de la falta de infraestructura, lleva a estrategias de provisión y de deposición de excretas que, en la mayoría de los casos, no son seguras y agravan la situación de contaminación ambiental, con los riesgos sanitarios que esto conlleva. La situación podría describirse del siguiente modo: a falta de cloacas o sistemas mejorados de saneamiento, la eliminación de excretas a pozo ciego sin la apropiada profundidad contaminan las napas de las que las bombas toman agua. Sumado esto a la contaminación de las principales cuencas, acuíferos y ríos subterráneos (en el caso del Gran Bs. As., gran parte de su población habita en jurisdicciones afectadas por la contaminación de dos cuencas principales: Matanza-Riachuelo y Reconquista) y a otras condiciones de déficit en la vivienda y en el habitat, estas poblaciones quedan expuestas a grandes riesgos sanitarios y a privaciones de derechos fundamentales, tanto al agua, como a la salud, a un ambiente saludable, etc.

[1] Maceira, Daniel, Kremer, Pedro y Finucane, Hilary: "El desigual acceso a los servicios de agua corriente y cloacas en la Argentina", Documento de PolíticasPúblicas, CIPPEC, Buenos Aires, Julio 2007.
[2] Alien, Adriana: "La interfase periurbana como escenario de cambio y acción hacia la sustentabilidad del desarrollo", en Cuadernos del Cendes. Dossier Interfase Periurbana, año 20, no. 53, Caracas, 2003.