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lunes, 3 de noviembre de 2008

Servicio Público de Higiene Urbana en la Ciudad de Bs. Aires

Discusión en la Legislatura sobre el Servicio Público de la Basura en la Ciudad de Buenos Aires.

En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires desde un par de meses se viene discutiendo sobre los “Nuevos Contratos de Concesión del Servicio Público de Higiene Urbana”.

La actual concesión del servicio vence en febrero del próximo año y la próxima – si fuera menor de cinco años- podría ser concedida por la Administración Macri sin intervención de la Legislatura. Macri escogió realizar la concesión por diez años y de acuerdo a lo previsto por la Constitución de la Ciudad, dicha concesión debe ser autorizada por la Legislatura con el voto de una mayoría calificada (dos tercios de los votos: 40 votos)

Ninguno de los bloques tienen la mayoría necesaria para lograr por sí solo la aprobación de la Ley (el Macrismo tiene 27 votos, el FPV –Frente para la Victoria- tiene 12 votos y luego encontramos una serie de bloques de menos miembros) por lo que podemos deducir que desde que tomó la decisión de dar la concesión por diez años entendió claramente que debería acordar con la oposición.

En el proyecto de ley y pliegos que envía a la Legislatura, la Administración Macri pretende realizar una “concesión parcial” pues sólo es la concesión del servicio público de “Limpieza” y de “Recolección y Transporte de Residuos”, violando la ley 1854 (llamada Ley de Basura Cero) que exige –entre otras tantas cosas- la “Gestión Integral de Residuos” en nuestra ciudad. (Ni se menciona la disminución de producción de residuos, separación en origen, el reuso, reciclaje, la disposición final, etc.)

La mentalidad de un empresario ¿beneficia? al negocio público.
Pero no pretendo entrar en la discusión de ese tema central, sino de realizar algunas reflexiones sobre el proyecto de ley y pliego de bases y condiciones del servicio que adjuntó el Jefe de Gobierno para su tratamiento.

Reiteradamente se ha expresado en sectores cercanos al pensamiento del PRO que no existe nadie mejor que un empresario para manejar las cuestiones y negocios del Estado; pues ellos -con su mentalidad dirigida al “logro del beneficio económico”- impedirán los continuos perjuicios que sufre el Estado y defenderán adecuadamente sus intereses.

Lamento informarles -a los que con honestidad creyeron esto- que Macri demuestra todo lo contrario. Hay varias cuestiones que demuestran lo que digo:
a) Existe una superposición parcial de prestaciones entre la prestación básica de limpieza y los programas especiales de “limpieza y lavado de calzadas y veredas”, la “Limpieza y Lavado de Frentes y Mobiliario Urbano” y el “Programas Intensivos de Limpieza de Comunas”.Cada una de estas prestaciones básicas y programas especiales se presupuestan, se facturan y pagan por separado. Una serie de prestaciones están incluidas en todos los programas y se facturan en cada una de ellos. Esto necesariamente implica que un mismo trabajo encargado al concesionario se abona más de una vez.
b) Respecto de la “Recolección y Traslado de Residuos Sólidos Urbanos” se garantiza al conjunto de empresas concesionarias del servicio que el tonelaje total que las empresas facturen se encuentren en un valor que fluctúe entre el 1,10 y el 0,90 de lo recogido en el último año. Esto claramente significa que las disminuciones que se produzcan por separación en origen, aplicación de ley de basura cero, participación de los cartoneros y demás acciones realizadas por el gobierno o por la sociedad civil nunca influirán en la disminución de los pagos por toneladas. Este es un sistema de pago por tonelada con tonelaje mínimo garantizado. Las empresas no asumen el riesgo propio del empresario, sino que se lo trasladaron a la ciudad.
c) Respecto de la Prestación Básica de “Limpieza” la mala cantidad que se constate en la tarea encargada influirá limitadamente en el valor de la facturación. El GCBA pagará aunque la calidad del trabajo sea nula. La fórmula aplicable establecida en los “Pliegos de Bases y Condiciones” establece el cobro del 85 % del precio garantizado aunque la calidad que se constate sea pésima. Llamativamente cada año que pasa al 85 % se le va sumando un 1 %, lo que implica que contrariamente a todas las licitaciones de servicios públicos, se le exige menor calidad de prestación por cada año que pasa. Existen dos índices de calidad, el primero que se constata a las 8 AM de cada día y el segundo que se constata durante el resto del día. El índice de calidad a las 8 AM sólo influye sobre el 10 % del monto de la facturación y el índice de calidad del resto del día sólo influye sobre el 5 % del monto de la facturación. Es tan absurdo este sistema de garantía de pago, que si –hipotéticamente- se constatara que la empresa una mala calidad del 90 % sólo se le restaría al cobro a la empresa un porcentaje del 13,5 %.


La realidad parece ser otra: Más que la defensa de los intereses de la Ciudad parece que la Administración Macri defiende los intereses de las empresas contratistas con el Gobierno de la Ciudad.

Si estas breves líneas te dejan dudas que vos mismo querías dilucidar, te ofrezco toda la documental donde fundamento lo que manifiesto, sólo tienes que pedirla por mail. (boadaclaudio@yahoo.com.ar)

lunes, 13 de octubre de 2008

NECESITAMOS MAS SERVICIOS Y LOS REDUCEN

ANTE LA RESTRICCION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION DE DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ¿QUE HAREMOS LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES?

(Nota en proceso de publicación en la Revista Resiliencia)

A partir de principios de Octubre de este año, cientos de audiencias de conciliaciones por incumplimientos de las empresas en perjuicios de usuarios y consumidores que se realizaban habitualmente en la “Dirección de Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires” no se realizarán más en la sede de Esmeralda, casi esquina Corrientes. Y de acuerdo a cálculos que realizamos los miembros de asociaciones de consumidores, muy pocas de ellas se realizarán en los CGP, actuales CGPComunales.

No… No se pongan contentos los consumidores. Las empresas no decidieron respetar sus compromisos, cumplir con lo ofrecido en sus publicidades y cumplir con lo que diga en los contratos. Lo que pasa es que la Administración Macri (eficiencia cero, eficacia cero, negocios para sus amigos diez) decidió; bajo la máscara de una descentralización cerrar la sede central de la hasta hoy Dirección General (y se habla de disminuir la categoría a Coordinación)

La administración Macri dice que cumplió con descentralizar la Dirección ya que la misma atiende en todos los CGPComunales. Pero:
a) Sólo hay un par de personas en cada CGPComunal, que nunca podrán cubrir la demanda que se genera por el cierre de Esmeralda.
b) No se renovó el contrato a muchísimos trabajadores.
c) Mucho personal fue pasado a disponibilidad.
d) La cantidad de lugares y personal que atiende este tema fue disminuida brutalmente.
e) Muchísimas personas que trabajan en la zona céntrica ya no podrán realizar sus reclamos debido a que si deben realizarlos en el lugar de domicilio deberían estar la mayor parte del día en dicha zona, perdiendo el día de trabajo. Estando la oficina central en el centro podían pedir un par de horas en su trabajo y ser atendidas.
f) Nadie sabe decir que pasará con los servicios centralizados, como el 0800, la atención de juicios colectivos y otras tantas cuestiones que se desarrollaban en la sede de Esmeralda.

El año pasado la Dirección atendió 9428 denuncias (en cada una de ellas se realizan entre dos y tres audiencias) y a la fecha ya se contabilizan alrededor de 7800 denuncias. Esta cantidad de denuncias y audiencias no podrán ser atendidas con el escaso personal e infraestructura existentes en los CGPC.

Vendría bien realizar una recopilación de lo que sucedió con esta Dirección en estos últimos años:
1) Las empresas durante muchos años no concurrieron a la audiencias de conciliación ya que “no pasaba nada” a pesar de las sanciones previstas en la ley.
2) Estas comenzaron a ser multadas por no concurrir. Las multas fueron apeladas y la inmensa mayoría fueron confirmadas por el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad.
3) Esto llevó a las empresas a presentarse a las audiencias para evitar la sanción, pero empezaron a ser sancionadas por los incumplimientos con los consumidores y usuarios.
4) Como la conciliación entre las partes en estas audiencias exime a la empresa de sanciones se empezaron a lograr porcentajes muy altos de arreglos beneficiosos a los consumidores, llegando a porcentajes mayores del 80 % del total de casos.

Es necesario aclarar que la mayor parte de los reclamos son hacia grandes empresas monopólicas y cuasi monopólicas y que responden a que las mismas hacen del incumplimiento una estrategia comercial. (Podemos mencionar las prepagas que no cumplen con los servicios y prestaciones ofrecidas; las compañías de celulares que cobran precios no pactados, que no permiten el control de las llamadas realizadas, que facturan más teléfonos de los que uno tiene y si no se paga inhabilitan todas las líneas; y la falta de cobertura de la garantía por parte de los vendedores de electrodomésticos entre muchos otros)

Frente a un servicio del Estado que es requerido por todos los sectores de consumidores (en mayor medida por los sectores más acomodados, con mayor conciencia de sus derechos) lo necesario era que se profundizara las políticas de fortalecimiento de esta Dirección y el gobierno de Macri hace lo contrario. Quedan muchas cuestiones a resolver en esta Dirección. Poner en marcha el “Registro No llame” que restringe las llamadas a nuestros teléfonos para realizar publicidad es un de ellos. Cumplir con la ley 1493 de la Ciudad, que crea el Sistema de Información sobre Precios al Consumidor – SIPCo, el que permitirá comparar por internet los precios ofrecidos por diversos hiper y super en los productos de compra cotidiana, es otro de ellos. Profundizar el sistema de control de los administradores de consorcios, que hoy sólo son registrados sin ejercer sobre ellos mayor control. Y a partir de este tiempo; ampliar sus funciones y acciones, ya que luego de la modificación de la ley de Defensa del Consumidor, dicha autoridad puede aplicar sanciones a favor de los consumidores, o aceptar denuncias sobre servicios públicos (muy útil ante la presencia de algunos entes de control sumamente complacientes con las privatizadas)

Pero no. La administración Macri, complaciente con las empresas y negativa para los usuarios y consumidores -en la práctica- redujo la capacidad de acción y de reclamo de los consumidores. Ante esto ¿Qué haremos? ¿Nos resignamos llorando por las posibilidades perdidas? No creemos que estas actitudes nos sirvan. Convocamos a todos para que –a pesar de las dificultades que esto implica- abarrotemos los CGPComunales con denuncias, forzando a que el sistema siga funcionando.