martes, 30 de julio de 2013

BALANZAS ELECTRÓNICAS (LEY 4569 CABA)

El Señor aborrece las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas. Proverbios 11:1 (La Biblia. Nueva Versión Internacional)


Una ley que avanza en la protección de los consumidores ha sido aprobada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La misma impone el uso obligatorio “en las ferias, mercados y establecimientos comerciales minoristas en los que se expendan productos al peso será obligatorio el uso de balanzas electrónicas que emitan tickets de papel o adhesivos, conteniendo el nombre del producto, precio por unidad de medida, peso y precio final a pagar por el consumidor, fecha y horario de emisión”.
De acuerdo a lo manifestado en los fundamentos por la legisladora María América González “En el momento de lanzamiento al mercado el alto costo de este tipo de balanzas  resultaba prohibitivo e inaccesible para el pequeño y mediano comerciante minorista y no existían las facilidades crediticias para su adquisición; pero en la actualidad dicho costo se ha reducido notablemente y se encuentra al alcance del más pequeño comerciante.” (Fundamentos del Proyecto)

“Este tipo de instrumentos de medición se utilizan para el pesaje de carnes, pollos, pescados, frutas, verduras, hortalizas, quesos, dulces, etc., desde hace más de una década en las grandes cadenas de supermercados y centros comerciales instalados en la Ciudad” (Fundamentos del Proyecto) y entendemos que es hora que este dispositivo se extienda a todo comercio de la Ciudad que venda mercaderías al peso. Esperemos que este interesante proyecto supere los impulsos cercenantes de derechos del rey veto.

Aclaración Posterior al posteo: El 30/7/2013 la ley 4569 fue publicada en el Boletín Oficial.

martes, 23 de julio de 2013

Metrobus: Más Papistas que el Papa.

Hoy (23/7/13) “La Política On Line” tituló así una nota “Macri apuesta al Metrobus de la 9 de Julio para ganar la elección”  


Creo que Macri tiene unos cuantos medios que le dan una manito. Entre ellos, “La Nación” que diariamente publica loas al Metrobus.

Ayer, 22 de Julio de 2013, “La Nación” publica una nota a página entera en el contrafrente del diario en la que se incurre en varios errores “sin querer queriendo”

La Nota “Cuenta regresiva para el estreno del Metrobus en la avenida 9 de Julio” dice en el inicio “Comenzó la cuenta regresiva para el estreno del Metrobus en la avenida 9 de Julio . Si el clima lo permite, los trabajos concluirían mañana, y la inauguración podría tener lugar esta semana. Al mismo tiempo, el gobierno porteño abrirá los sobres de la licitación de una obra ambiciosa, relacionada con el Metrobus: la construcción de dos túneles exclusivos para el transporte público, que unirán la avenida 9 de Julio y la plaza Constitución por debajo de la avenida San Juan y el rulo de la autopista 25 de Mayo.


Cuando dice “Al mismo tiempo” se supone una simultaneidad temporal. O sea, junto a la inauguración abren los sobres de la licitación para la construcción de los dos túneles. Hasta lo que se, la licitación no se llamó, no hubo presentación de empresas para la realización, estamos hasta ahora en las manifestaciones de deseos de hacerlos.

La misma nota se desdice al aclarar más adelante “El jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, dijo a LA NACION que una vez que el Metrobus de la 9 de Julio esté en funcionamiento, la Ciudad avanzará en el proyecto para construir los túneles exclusivos para los buses en Constitución, y así evitar el cruce con San Juan. Pero aún no hay fechas precisas del inicio de esa megaobra. "Esto agilizaría mucho el paso entre la 9 de Julio y Constitución. Una vez que esté aceitado el funcionamiento del Metrobus haremos todos los estudios técnicos necesarios para ver la viabilidad de este proyecto, que agilizaría el recorrido de los buses", dijo Rodríguez Larreta.

En conclusión, Rodríguez Larreta dice que recién cuando el Metrobus funcione “aceitadamente”, recién allí realizaran las evaluaciones técnicas para ver si es viable.
           
Otro tema: Ni hablemos del plano que agrega “La Nación”: Es una truchada total. Los andenes en el Metrobus de 9 de Julio son centrales, los colectivos circularán por la izquierda (al revés de la circulación por la derecha habitual) para poder hacer el ascenso y descenso de pasajeros, por sus puertas que sólo tienen a la derecha. De esto en la misma nota publican una foto. Pero al plano lo dibujan, como si los colectivos circularan por la derecha, o después de circular por el túnel salen a una calle de contramano. No entiendo nada. O entiendo todo. Como más te guste.

Hay quienes terminan siendo más papistas que el Papa.



lunes, 22 de julio de 2013

SOTERRAMIENTO DEL FERROCARRIL SARMIENTO

Crédito para el Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

PÁGINA 12 – MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2013

EL GOBIERNO DE BRASIL APROBO UN PRESTAMO A LA ARGENTINA PARA EL SOTERRAMIENTO DEL SARMIENTO
Mil quinientos millones para empezar a cavar
El Consejo de Ministros del país vecino autorizó al Bndes, su banco de fomento, a conceder un crédito millonario a la Argentina para realizar una de las obras ferroviarias más importantes y más demoradas de la historia. Los desembolsos empezarán de tres a seis meses.

El Consejo de Ministros del gobierno de Brasil aprobó ayer por la tarde el otorgamiento de un crédito de 1500 millones de dólares a la Argentina para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El préstamo será canalizado a través del banco de inversión estatal de ese país, el Bndes, y permitirá finalmente arrancar una obra que lleva cinco años –bajo este Gobierno– y cinco décadas –de historia argentina– de postergaciones y traspiés. Según pudo confirmar Página/12, la noticia llegó desde el país vecino tras un encuentro del Camex, organismo político que convalida cada uno de los créditos del Bndes. Allí está expresada la voluntad de la administración de Dilma Rousseff. Para el gobierno argentino es una decisión importante porque le permitirá avanzar con un proyecto clave en materia ferroviaria, y también porque diluye las críticas de sectores de la oposición y analistas mediáticos sobre supuestos desmanejos en la relación con el socio del Mercosur.
Más trascendente que todo eso es que el soterramiento contará con los recursos para empezar. Los trámites para la formalización del crédito no son sencillos. Demandan la redacción de pliegos y fiscalizaciones que demorarán de tres a seis meses, aunque el gobierno argentino hará lo posible por apurar la gestión. Se firmará un contrato de cooperación financiera entre el Bndes y las autoridades locales, y recién ahí comenzarán los desembolsos. El crédito ofrece condiciones ventajosas para el país, sobre todo considerando las restricciones para acceder a financiamiento internacional en el mercado voluntario. Es un préstamo a diez años, con una tasa del 4 por ciento anual y dos de gracia para iniciar el repago.
Una de las claves para obtener el financiamiento es que el Gobierno aceptó el año pasado un cambio en la conducción del consorcio empresario contratado para la realización de las obras. Pasó de manos de la argentina Iecsa a las de la brasileña Odebrecht, de buena llegada al gobierno de Brasil. Las gestiones de ese grupo ayudaron a conseguir el crédito. Los otros participantes son la italiana Ghella y la española Comsa.
Los 1500 millones de dólares permitirán encarar la primera etapa del soterramiento, desde Haedo hasta Caballito, con un plazo de ejecución de 36 meses. “Abarca ocho estaciones, lo que traerá muchos beneficios por la eliminación de pasos vehiculares, los pasos peatonales y la integración de la traza del espacio urbano, muchas veces dividido por las vías”, describía el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, a comienzos de julio del año pasado, el día en que se instaló la gigantesca tuneladora que hará la excavación. La máquina es una TBM (Tunnel Boring Machine, por sus siglas en inglés) importada de Alemania. Está montada en una trinchera de 120 metros de largo por 16 de ancho y 22 metros de profundidad, que se encuentra en terrenos aledaños a la estación Haedo, en el partido de Morón, a la altura de la avenida Rivadavia al 16.400. Nunca comenzó su marcha porque una vez que empieza no se puede detener por cuestiones de costos.
Desde que se instaló la tuneladora hasta el momento, las demoras estuvieron motivadas en la falta de financiamiento. Se esperaba lo que finalmente ocurrió ayer: que el gobierno brasileño destrabara el préstamo del Bndes. Mientras tanto, el consorcio empresario Nuevo Sarmiento fue avanzando con obras de ingeniería complementarias. Lo usual hubiera sido que con el 30 por ciento de esos trabajos se hubiese iniciado el soterramiento, pero las postergaciones permitieron completar hasta un 90 por ciento. Ya está terminado el obrador, se hizo el estudio de impacto ambiental, la trinchera y el 80 por ciento de dos viaductos en otros puntos de la traza final, que irá de Once a Moreno.
La tecnología que se empleará consiste en un equipo mecánico que excava, mediante una cabeza giratoria de corte, un túnel de sección circular y, a la vez que avanza, reviste las paredes con anillos de hormigón armado, lo que elimina la posibilidad de derrumbes. Hacia atrás se produce el retiro del material excavado. Es similar a la que se aplicó para construir el túnel bajo el Canal de la Mancha y, más cerca, los aliviadores del arroyo Maldonado.

viernes, 19 de julio de 2013

UN FALLO MÁS A FAVOR DEL FUNCIONAMIENTO DE SIPCO

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD TIENE 120 DIAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS AL CONSUMIDOR (SIPCO) CREADO POR LEY 1493 DE OCTUBRE DE 2004.
Mientras no pone en funcionamiento el sistema perjudica a los consumidores ya que no podemos elegir los productos con precios más convenientes.


LA NORMATIVA VIGENTE.

Por ley 1493 sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el año 2004 se creó y debería estar en funcionamiento el sistema designado con el nombre de SIPCO (Sistema de Información sobre Precios al Consumidor)
Este sistema consiste en la obligación del Gobierno de la Ciudad de poner en marcha y mantener en correcto funcionamiento una página web donde se publiquen todos los precios de venta al público de los productos en venta en supermercados e hipermercados. Esta página debe contener un sistema donde fácilmente el consumidor pueda solicitar precio de determinado producto por determinado barrio y se visualicen las opciones de precios existentes y el lugar de venta.
Los super e hiper están obligados a entregar los archivos informáticos de los precios de todos y cada uno de sus productos (esto no implica limitación alguna en la fijación de los precios, promociones o descuentos y tampoco implica mayor costo alguno pues no es ni más ni menos que la entrega de los archivos donde tienen consignado los precios en base al sistema universal de código de barra, que usan para cobrar los precios en caja)
Podemos resumir que para los consumidores es la posibilidad de acceder desde cualquier computadora o terminal con acceso a internet a listados comparativos de los precios de cada producto y este listado puede solicitarse por cada uno de los barrios.
El decreto 1634/2005 reglamentó la ley estableciendo un plazo de 180 días para que comenzara su funcionamiento y  limitó a 60 productos los que debían existir en estos listados comparativos. 
Los super e hiper no pierden su posibilidad de modificar sus precios, pero siempre deberán comunicarlo previamente al SIPCO. No impide ni transforma la forma de fijación de precios, sino que facilita la información.

FALTA DE IMPLEMENTACION.

Este sistema nunca se implementó, por ello desde la “Unión de Usuarios y Consumidores” iniciamos una acción de amparo en septiembre de 2009, recayendo la misma en el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 8, Secretaría Nº 16 de esta Ciudad. El juez actuante citó no sólo al Gobierno de la Ciudad, sino también a todas las cadenas de Super e Hiper que funcionan en la Ciudad.
En dicho juicio se dictó la sentencia de primera instancia favorable a nuestra petición que obliga al Gobierno de la Ciudad a implementar el sistema en el plazo de 120 días. Este fallo además, declara la inconstitucionalidad del decreto y resolución que limita a 60 productos que deben figurar en los listados. Dicha sentencia fue confirmada en Cámara –debido a apelaciones interpuestas por los demandados- y el 27 de Junio de 2013 la misma Sala II rechazó los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno de la Ciudad y por INC SA (Carrefour).
Es de destacar que la Excma. Cámara de Apelaciones en su sentencia aclara que “…al margen de las genéricas e incomprensibles alusiones realizadas por la demandada a lo largo del proceso, lo cierto es que desde su sanción de la ley nº 1493 en el año 2004 a la fecha no se implementó el SIPCO, sin que se comprobase, reiteramos, alguna circunstancia que justifique ese parecer”. Por otro lado, para confirmar la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la instancia de grado, se sostuvo que “…la potestad reglamentaria para ejecutar la ley, se ciñe a adoptar las medidas de política administrativa necesarias para su eficaz cumplimiento, y no a integrarla, estableciendo recaudos o limitaciones no previstas por el legislador”

Si existiera disponible el sistema de búsqueda comparativa de precios se podría ahorrar mucho dinero en las compras diarias. Por todo lo ello, es que consideramos de gran importancia para los consumidores la implementación efectiva del SIPCO, lo que va a concretarse en importantes ventajas económicas para todos nosotros, en nuestro carácter de consumidores.

jueves, 11 de julio de 2013

O DIREITO À CIDADE E O INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL

O Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), entidade de representação dos arquitetos e urbanistas brasileiros, com noventa e dois anos de história, constituída em todos os Estados da Federação e um dos responsáveis pela pauta da Reforma Urbana desde 1963, reafirma, no contexto dos movimentos que tomaram as ruas do país, seu compromisso histórico com a democracia, o desenvolvimento, a cultura e o bem-estar do povo brasileiro.
O IAB apoia e se solidariza com tais manifestações populares que visam ampliar conquistas sociais, qualificar a representação política, a transparência nos gastos públicos e melhorar as cidades e seus serviços.
Contando com duas megacidades de interesse global e dezoito metrópoles, o sistema urbano brasileiro precisa ser tratado em sua dimensão estratégica para o desenvolvimento econômico do país e inclusão social das populações históricamente marginalizadas. Nesse sentido, a universalização dos serviços públicos é uma exigencia democrática – bem como importante expressão do Direito à Cidade.
A democracia veio para ficar. As cidades precisarão corresponder a esta dimensão política. Toda ação sobre a cidade é constituída de consequências sociais.

Agenda Pública

Tendo presente que a Presidente da República situou, entre os temas levantados pelas ruas, cinco pontos principais, o IAB, nesta Manifestação, visando o encaminhamento de soluções, propõe a seguinte Agenda, com aqueles aspectos mais proximamente correlacionáveis à arquitetura e ao urbanismo, ou seja, (i) a Mobilidade e o Planejamento, (ii) a Mobilidade e a Habitação e (iii) a Transparência e o Projeto.



1. Mobilidade e Planejamento
O privilégio ao transporte rodoviário alcançou o impasse, em prejuízo de todos, mas, em
especial, dos mais pobres, que dependem do transporte público. A mobilidade, o uso da terra e
a habitação são funções urbanas indissociáveis, que demandam políticas públicas articuladas
em sistema de Planejamento permanente. O improviso e a discricionariedade não são
compatíveis com o nível de desenvolvimento atingido pelo país.
O IAB considera indispensável privilegiar o transporte público de alto rendimento para os
deslocamentos casa-trabalho, que são a maior parte dos deslocamentos urbanos, articulado a rede multimodal que atenda à diversificação de motivações, característica da contemporaneidade. Inclui-se, melhorar o espaço público de pedestres para uso seguro e acessível e implantar ciclovias, metas desejáveis também para o aumento da qualidade de vida e de saúde da população.
Nesse sentido, o IAB PROPÕE
(i)             a implantação nos municípios e cidades metropolitanas de Sistemas de Planejamento Urbano ou Metropolitano permanentes, tratados como função de Estado; (ii) a criação de um Fundo Financiador de Estudos de Mobilidade; (iii) condicionar o investimento público em mobilidade à existência de Planos Urbanos e Metropolitanos de Mobilidade, elaborados conforme princípios e diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana.

2. Mobilidade e Habitação
A expansão exagerada do território urbano agrava os problemas de circulação. A provisão de
novas moradias, sejam ricas ou pobres, precisa inserir-se no tecido urbano existente, evitando
ampliar a área ocupada pela cidade – diferentemente do que fazem os privilégios aos negócios
imobiliários ou, até mesmo, a construção de conjuntos residenciais no Programa “Minha Casa,
Minha Vida”. Garantir crédito habitacional diretamente às famílias, sem intermediação de
empresas construtoras, ajudará a conter o espraiamento das cidades. Igualmente, a
urbanização e a regularização fundiária das “cidades informais”, dos loteamentos e favelas, é
fator de aproveitamento da cidade já ocupada e ação favorável à sustentabilidade ambiental,
econômica e social.
Nesse sentido, o IAB PROPÕE
(i) a criação de uma Meta Nacional de Urbanização de favelas e loteamentos das periferias; (ii) a formulação de um Programa de Universalização do Crédito Imobiliário diretamente às famílias,acessível sem burocracia, que lhes permita escolher onde morar, como comprar ou construir sua habitação; e (iii) oferecendo às famílias Assistência Técnica, seja para aquisição ou melhoria da casa ou a eliminação de riscos geotécnicos, ambientais e construtivos.



3. Transparência e Projeto
O IAB tem convicção de que um dos fatores determinantes para o aumento de custo das obras
reside na ausência de Projeto Completo. Quando a obra pública é licitada a partir apenas do
chamado “Projeto Básico” ou do “Anteprojeto” transfere-se à construtora vencedora da licitação a tarefa de detalhar e completar o projeto. Tal promiscuidade entre projeto e obra é indutora de reajustes e superfaturamento – e fator estimulante de corrupção.
As obras públicas devem ser licitadas somente a partir de Projeto Completo. Quem projeta, não constrói.
O IAB PROPÕE
(i) impedir licitação de obras a partir de Projeto Básico ou de Anteprojeto exigindo Projeto Completo,
com a modificação dos artigos correspondentes da Lei 8.666/93 e da Lei 12.462/2011 (RDC);
(ii) garantir-se recursos específicos para o custeio de Projetos Completos, considerando-os como investimento autônomo, dissociando-o dos orçamentos de obras.
Ainda,
 (iii) regulamentar o artigo 13, parágrafo 1º, da lei 8.666/93, que considera “preferencial” a realização de concurso para a escolha de projetos de obras públicas, tornando obrigatória a sua realização, de modo a se alcançar a isenção e autonomia entre projeto e obra. Ademais, cada obra pública precisa ser considerada como um instrumento para qualificar o ambiente urbano – e o concurso de projeto, escolhendo a melhor proposta, é sua garantia.

Finalmente, o Instituto de Arquitetos do Brasil reafirma a sua convicção no valor das instituições republicanas, estáveis e democráticas, condição indispensável para garantir o Direito à Cidade a todo cidadão brasileiro e para alcançar o desenvolvimento, a inclusão social e o bem-estar da população.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2013.

A Direção Nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil