PÁGINA 12 - MARTES 19 DE AGOSTO DE 2014
CLAUDIO BOADA, DEFENSOR DE LOS CONSUMIDORES, APOYA LAS LEYES
“Queremos seguridad jurídica”
Boada es un abogado especializado en la defensa de los consumidores. En esta entrevista argumenta que las empresas suelen vulnerar sus derechos, afectando la seguridad jurídica. Asegura que las leyes en estudio también existen en países centrales.
Por David Cufré
Los proyectos de reforma a la ley de consumidores y a la ley de abastecimiento dispararon un fuerte debate político. Las principales cámaras empresarias y la mayor parte de la oposición hicieron saber su rechazo a las iniciativas. Desde el punto de vista de las entidades de consumidores, los cambios son necesarios para resguardar derechos de los clientes que son afectados a diario por compañías de los más diversos rubros. Esa es la posición de Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores, quien habló con Página/12 y el programa De haberlo sabido, de Radio América.
–¿Cuál es su evaluación de los proyectos?
–Positiva, porque apuntan a equilibrar la relación de consumo entre clientes y empresas. La seguridad jurídica tiene que ser de ida y vuelta. Siempre escuchamos decir a los empresarios que quieren seguridad jurídica, y lo limitan a dos derechos constitucionales: el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad de comercio. Pero se olvidan de todos los derechos que resguardan a los consumidores. Nosotros también queremos seguridad jurídica. Además, los proyectos buscan crear un ambiente económico sustentable. Una sociedad de consumo sin consumidores no es sustentable.
–¿Qué implica seguridad jurídica para los consumidores?
–Hay un incumplimiento sistémico por parte de muchas empresas de las normas de defensa de usuarios y consumidores. Digo sistémico porque no es que cometan un error, sino que el incumplimiento forma parte de su estrategia comercial. Y como no hay espacios institucionales suficientes para resolver las quejas de los clientes, muchas veces terminan por resignarse y no reclamar. Por eso es importante que el Estado tenga las herramientas que está pidiendo, como la creación de un fuero especial para atender las demandas de los consumidores.
–¿Qué sectores son los que más incumplen?
–Empresas de telefonía celular y prepagas están a la cabeza. Pero no son los únicos, más bien en todas las actividades donde existen condiciones de concentración del mercado se vulneran derechos de los usuarios. Por ejemplo, las prepagas incumplen el Programa Médico Obligatorio (PMO), que establece un piso mínimo de prestaciones que todas las prepagas y obras sociales deben respetar. De ese modo, no hay –o no debería haber– discusión posible sobre si algo está cubierto o no. Pero las prepagas lo incumplen masivamente. Estamos cansados de atender juicios y reclamos de este tipo. Hay prepagas que fijan carencias de diez meses para los embarazos; es decir, recién los atienden cuando el afiliado tiene una antigüedad de diez meses. El PMO prohíbe esas prácticas, pero hay muchas compañías a las que no les importa.
–En telefonía celular también hay muchas quejas.
–La primera es por la calidad del servicio. Las empresas venden celulares con cobertura 3G en todo el país y hay infinidad de lugares donde no funciona. Incluso llegaron a vender celulares para 4G y no hay una sola antena instalada en todo el país. Eso es inseguridad jurídica. Los organismos de defensa del consumidor siempre están abarrotados de reclamos y terminan colapsados por la alta conflictividad. Poner en juego cientos o miles de espacios institucionales para realizar reclamos, tal como propone la ley, sería un principio de solución. Además, sería una señal fuerte hacia las empresas para que corrijan estas cuestiones.
–La ley también plantea que las empresas paguen las multas y después reclamen, como hacen con los usuarios, que primero les cobran y después escuchan los descargos.
–Según las estadísticas judiciales, los procedimientos de apelación vigentes demoran el pago de las multas por parte de las empresas tres años y medio en promedio en la Ciudad de Buenos Aires y seis años a nivel nacional. La nueva ley termina con eso y fija el mismo trato para empresas y consumidores. Por otro lado, el 96 por ciento de las multas a empresas son ratificadas en forma total por la Justicia, y en muy pocos casos son disminuidas en el valor. Pero no hay prácticamente situaciones en que se dejen sin efecto las multas. Esto significa que en la actualidad las empresas ganan hasta seis años sin cumplir con las sanciones que les imponen.
–Las mayores quejas empresarias son a la reforma a la ley de abastecimiento. ¿Por qué?
–Porque la ley de abastecimiento vigente, de 1974, tiene severos cuestionamientos judiciales por parte del sector privado, que muchas veces le quitan efectividad. En la época de Menem y Cavallo se derogó parcialmente la ley de abastecimiento. El Gobierno se amparó en las delegaciones legislativas que le había concedido la ley de reforma del Estado. Esa derogación siempre fue motivo de disputas en la Justicia. Algunos abogados pensamos que igualmente la ley está vigente y otros dicen que no. Esa discusión queda saldada con el nuevo proyecto. Que en realidad es una “reforma ratificatoria”, porque lo que hace es repetir lo que decía la ley de 1974 y los únicos cambios son para morigerar sus efectos. Por ejemplo, se elimina la posibilidad de dictar penas privativas de la libertad por violar la ley.
–Las principales cámaras empresarias aseguran que se violan derechos constitucionales.
–Hace poco estuve leyendo un libro que reúne los dictámenes de los procuradores de Buenos Aires en la época colonial. Y ahí me encontré con que ya en aquel entonces se fijaban precios máximos, se establecían volúmenes de comercialización y se prohibían determinadas exportaciones para resguardar el mercado interno. Y ahora algunos se asustan de que el Estado pueda disponer de esas facultades. Son facultades que están vigentes en Estados Unidos, en Francia y en Alemania.
–¿Esos países tienen leyes similares a la que propone el gobierno argentino?
–Sí, tienen leyes con el mismo espíritu. No son una copia de este proyecto, pero van en el mismo sentido. Por ejemplo, en Francia rige una ley que le otorga al Estado la facultad de fijar los márgenes de ganancia de cada etapa de una cadena de valor. Hay una multa famosa a Carrefour en ese país porque logró un descuento en la cadena de valor de un producto y no lo trasladó a los consumidores. La empresa amplió de ese modo su margen de ganancia pese a que tenía autorizado otro margen, por lo cual le aplicaron una multa muy importante.
–Las cámaras empresarias comparan el proyecto con las políticas de Venezuela.
–Sí, por eso hablo de lo que pasa en Francia, en Estados Unidos o en Alemania. No es que nos estamos sumergiendo en el bolcheviquismo ni mucho menos. Estados Unidos ejerce acciones proteccionistas para prohibir la importación de determinados bienes que compiten con producción interna. Y en toda Europa son famosos los subsidios agrícolas.
–El principal argumento empresario es que el Estado no tiene derecho a meterse en sus negocios.
–Cuando discutíamos la ley de prepagas, hace ya varios años, también decían que íbamos a extinguir el sistema, y lo que pasó es que el sistema no se extinguió sino que se expandió. Pasó el tiempo y los hechos nos dieron la razón. La mano invisible del mercado es invisible para quien no la quiere ver. La mano es bien concreta. La mano que maneja la economía es la mano de las grandes corporaciones que buscan maximizar ganancias. Esa es la realidad. Frente a eso, la sociedad debe tener herramientas para regular su actuación y que el proceso económico avance en beneficio de todos. Yo creo en empresarios emprendedores y no en empresarios especuladores.
