LES COMPARTO UNA NOTA QUE ESCRIBI PARA LA REVISTA RESILIENCIA. (REVISTA BARRIAL DE COLEGIALES)
Nos copiamos el título del diario “Crítica” del 11 de septiembre porque expresa lo que buscábamos al redactar el proyecto presentado por el diputado Pablo Failde. Que sea más sencillo sacar boleto estudiantil. (http://criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=30596)
El boleto estudiantil está dirigido a estudiantes de enseñanza media y terciaria no universitaria, que asisten a instituciones y/o colegios públicos y/o instituciones privadas que perciban aporte estatal, según lo establecido por las leyes 23673 y 23805. En muchos casos su existencia es la diferencia entre poder o no poder estudiar.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el 10 de septiembre del corriente año, una ley de boleto estudiantil que obliga a todas las líneas de colectivos que circulan en Capital Federal a tener una oficina de venta del boleto en alguna de las comunas por las que circulan. Hace 6 años realizamos un relevamiento en conjunto el Centro de Educación al Consumidor (CEC) y Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) y se demostró en el mismo que el 63 % de las empresas de colectivos venden el boleto estudiantil sólo en las terminales que están en provincia, generando que los alumnos de Capital deban viajar mensualmente a la cabecera lejana para adquirir el boleto en horario de trabajo de sus padres y del colegio de ellos (nota publicada en http://www.clarin.com/diario/2003/05/05/s-03801.htm) Estas actitudes de las empresas –que sólo buscan boicotear la franquicia para los estudiantes- se mantiene hasta hoy.
Nosotros –los vecinos de Colegiales que recibimos regularmente resiliencia- lo podemos comprobar fácilmente. El colectivo 184 tiene una oficina en su parada terminal en Corrientes y Federico Lacroze donde venden los pasajes. Pero allí no venden el boleto estudiantil. Sólo lo venden en la terminal de Villa Adelina, a una hora veinte de viaje. Conclusión “El boleto estudiantil casi no tiene uso a pesar de la necesidad, especialmente en la zona sur de la ciudad, zona de mayor pobreza y mayores distancias entre vivienda y colegio”.
Que esto no es una panacea lo sabemos. Es sólo un paso -no tenemos dudas- pero es un pequeño avance hacia una mayor vigencia de los DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) tan vapuleados en estos tiempos por la administración Macri. Y pensar que en estos días se recordó treinta y tres años de la noche de los lápices, donde un grupo de adolescentes de La Plata fueron secuestrados y posteriormente asesinados por la dictadura, simplemente por sostener como reivindicación la necesidad de la creación de un boleto para los estudiantes secundarios. En homenaje a aquellos a los que les quitaron la vida por nuestros derechos, no dejemos que transcurra nuestra vida con indiferencia, sin luchar por la plena vigencia de los DESC.
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viernes, 2 de octubre de 2009
lunes, 13 de octubre de 2008
NECESITAMOS MAS SERVICIOS Y LOS REDUCEN
ANTE LA RESTRICCION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION DE DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ¿QUE HAREMOS LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES?
(Nota en proceso de publicación en la Revista Resiliencia)
A partir de principios de Octubre de este año, cientos de audiencias de conciliaciones por incumplimientos de las empresas en perjuicios de usuarios y consumidores que se realizaban habitualmente en la “Dirección de Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires” no se realizarán más en la sede de Esmeralda, casi esquina Corrientes. Y de acuerdo a cálculos que realizamos los miembros de asociaciones de consumidores, muy pocas de ellas se realizarán en los CGP, actuales CGPComunales.
No… No se pongan contentos los consumidores. Las empresas no decidieron respetar sus compromisos, cumplir con lo ofrecido en sus publicidades y cumplir con lo que diga en los contratos. Lo que pasa es que la Administración Macri (eficiencia cero, eficacia cero, negocios para sus amigos diez) decidió; bajo la máscara de una descentralización cerrar la sede central de la hasta hoy Dirección General (y se habla de disminuir la categoría a Coordinación)
La administración Macri dice que cumplió con descentralizar la Dirección ya que la misma atiende en todos los CGPComunales. Pero:
a) Sólo hay un par de personas en cada CGPComunal, que nunca podrán cubrir la demanda que se genera por el cierre de Esmeralda.
b) No se renovó el contrato a muchísimos trabajadores.
c) Mucho personal fue pasado a disponibilidad.
d) La cantidad de lugares y personal que atiende este tema fue disminuida brutalmente.
e) Muchísimas personas que trabajan en la zona céntrica ya no podrán realizar sus reclamos debido a que si deben realizarlos en el lugar de domicilio deberían estar la mayor parte del día en dicha zona, perdiendo el día de trabajo. Estando la oficina central en el centro podían pedir un par de horas en su trabajo y ser atendidas.
f) Nadie sabe decir que pasará con los servicios centralizados, como el 0800, la atención de juicios colectivos y otras tantas cuestiones que se desarrollaban en la sede de Esmeralda.
El año pasado la Dirección atendió 9428 denuncias (en cada una de ellas se realizan entre dos y tres audiencias) y a la fecha ya se contabilizan alrededor de 7800 denuncias. Esta cantidad de denuncias y audiencias no podrán ser atendidas con el escaso personal e infraestructura existentes en los CGPC.
Vendría bien realizar una recopilación de lo que sucedió con esta Dirección en estos últimos años:
1) Las empresas durante muchos años no concurrieron a la audiencias de conciliación ya que “no pasaba nada” a pesar de las sanciones previstas en la ley.
2) Estas comenzaron a ser multadas por no concurrir. Las multas fueron apeladas y la inmensa mayoría fueron confirmadas por el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad.
3) Esto llevó a las empresas a presentarse a las audiencias para evitar la sanción, pero empezaron a ser sancionadas por los incumplimientos con los consumidores y usuarios.
4) Como la conciliación entre las partes en estas audiencias exime a la empresa de sanciones se empezaron a lograr porcentajes muy altos de arreglos beneficiosos a los consumidores, llegando a porcentajes mayores del 80 % del total de casos.
Es necesario aclarar que la mayor parte de los reclamos son hacia grandes empresas monopólicas y cuasi monopólicas y que responden a que las mismas hacen del incumplimiento una estrategia comercial. (Podemos mencionar las prepagas que no cumplen con los servicios y prestaciones ofrecidas; las compañías de celulares que cobran precios no pactados, que no permiten el control de las llamadas realizadas, que facturan más teléfonos de los que uno tiene y si no se paga inhabilitan todas las líneas; y la falta de cobertura de la garantía por parte de los vendedores de electrodomésticos entre muchos otros)
Frente a un servicio del Estado que es requerido por todos los sectores de consumidores (en mayor medida por los sectores más acomodados, con mayor conciencia de sus derechos) lo necesario era que se profundizara las políticas de fortalecimiento de esta Dirección y el gobierno de Macri hace lo contrario. Quedan muchas cuestiones a resolver en esta Dirección. Poner en marcha el “Registro No llame” que restringe las llamadas a nuestros teléfonos para realizar publicidad es un de ellos. Cumplir con la ley 1493 de la Ciudad, que crea el Sistema de Información sobre Precios al Consumidor – SIPCo, el que permitirá comparar por internet los precios ofrecidos por diversos hiper y super en los productos de compra cotidiana, es otro de ellos. Profundizar el sistema de control de los administradores de consorcios, que hoy sólo son registrados sin ejercer sobre ellos mayor control. Y a partir de este tiempo; ampliar sus funciones y acciones, ya que luego de la modificación de la ley de Defensa del Consumidor, dicha autoridad puede aplicar sanciones a favor de los consumidores, o aceptar denuncias sobre servicios públicos (muy útil ante la presencia de algunos entes de control sumamente complacientes con las privatizadas)
Pero no. La administración Macri, complaciente con las empresas y negativa para los usuarios y consumidores -en la práctica- redujo la capacidad de acción y de reclamo de los consumidores. Ante esto ¿Qué haremos? ¿Nos resignamos llorando por las posibilidades perdidas? No creemos que estas actitudes nos sirvan. Convocamos a todos para que –a pesar de las dificultades que esto implica- abarrotemos los CGPComunales con denuncias, forzando a que el sistema siga funcionando.
(Nota en proceso de publicación en la Revista Resiliencia)
A partir de principios de Octubre de este año, cientos de audiencias de conciliaciones por incumplimientos de las empresas en perjuicios de usuarios y consumidores que se realizaban habitualmente en la “Dirección de Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires” no se realizarán más en la sede de Esmeralda, casi esquina Corrientes. Y de acuerdo a cálculos que realizamos los miembros de asociaciones de consumidores, muy pocas de ellas se realizarán en los CGP, actuales CGPComunales.
No… No se pongan contentos los consumidores. Las empresas no decidieron respetar sus compromisos, cumplir con lo ofrecido en sus publicidades y cumplir con lo que diga en los contratos. Lo que pasa es que la Administración Macri (eficiencia cero, eficacia cero, negocios para sus amigos diez) decidió; bajo la máscara de una descentralización cerrar la sede central de la hasta hoy Dirección General (y se habla de disminuir la categoría a Coordinación)
La administración Macri dice que cumplió con descentralizar la Dirección ya que la misma atiende en todos los CGPComunales. Pero:
a) Sólo hay un par de personas en cada CGPComunal, que nunca podrán cubrir la demanda que se genera por el cierre de Esmeralda.
b) No se renovó el contrato a muchísimos trabajadores.
c) Mucho personal fue pasado a disponibilidad.
d) La cantidad de lugares y personal que atiende este tema fue disminuida brutalmente.
e) Muchísimas personas que trabajan en la zona céntrica ya no podrán realizar sus reclamos debido a que si deben realizarlos en el lugar de domicilio deberían estar la mayor parte del día en dicha zona, perdiendo el día de trabajo. Estando la oficina central en el centro podían pedir un par de horas en su trabajo y ser atendidas.
f) Nadie sabe decir que pasará con los servicios centralizados, como el 0800, la atención de juicios colectivos y otras tantas cuestiones que se desarrollaban en la sede de Esmeralda.
El año pasado la Dirección atendió 9428 denuncias (en cada una de ellas se realizan entre dos y tres audiencias) y a la fecha ya se contabilizan alrededor de 7800 denuncias. Esta cantidad de denuncias y audiencias no podrán ser atendidas con el escaso personal e infraestructura existentes en los CGPC.
Vendría bien realizar una recopilación de lo que sucedió con esta Dirección en estos últimos años:
1) Las empresas durante muchos años no concurrieron a la audiencias de conciliación ya que “no pasaba nada” a pesar de las sanciones previstas en la ley.
2) Estas comenzaron a ser multadas por no concurrir. Las multas fueron apeladas y la inmensa mayoría fueron confirmadas por el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad.
3) Esto llevó a las empresas a presentarse a las audiencias para evitar la sanción, pero empezaron a ser sancionadas por los incumplimientos con los consumidores y usuarios.
4) Como la conciliación entre las partes en estas audiencias exime a la empresa de sanciones se empezaron a lograr porcentajes muy altos de arreglos beneficiosos a los consumidores, llegando a porcentajes mayores del 80 % del total de casos.
Es necesario aclarar que la mayor parte de los reclamos son hacia grandes empresas monopólicas y cuasi monopólicas y que responden a que las mismas hacen del incumplimiento una estrategia comercial. (Podemos mencionar las prepagas que no cumplen con los servicios y prestaciones ofrecidas; las compañías de celulares que cobran precios no pactados, que no permiten el control de las llamadas realizadas, que facturan más teléfonos de los que uno tiene y si no se paga inhabilitan todas las líneas; y la falta de cobertura de la garantía por parte de los vendedores de electrodomésticos entre muchos otros)
Frente a un servicio del Estado que es requerido por todos los sectores de consumidores (en mayor medida por los sectores más acomodados, con mayor conciencia de sus derechos) lo necesario era que se profundizara las políticas de fortalecimiento de esta Dirección y el gobierno de Macri hace lo contrario. Quedan muchas cuestiones a resolver en esta Dirección. Poner en marcha el “Registro No llame” que restringe las llamadas a nuestros teléfonos para realizar publicidad es un de ellos. Cumplir con la ley 1493 de la Ciudad, que crea el Sistema de Información sobre Precios al Consumidor – SIPCo, el que permitirá comparar por internet los precios ofrecidos por diversos hiper y super en los productos de compra cotidiana, es otro de ellos. Profundizar el sistema de control de los administradores de consorcios, que hoy sólo son registrados sin ejercer sobre ellos mayor control. Y a partir de este tiempo; ampliar sus funciones y acciones, ya que luego de la modificación de la ley de Defensa del Consumidor, dicha autoridad puede aplicar sanciones a favor de los consumidores, o aceptar denuncias sobre servicios públicos (muy útil ante la presencia de algunos entes de control sumamente complacientes con las privatizadas)
Pero no. La administración Macri, complaciente con las empresas y negativa para los usuarios y consumidores -en la práctica- redujo la capacidad de acción y de reclamo de los consumidores. Ante esto ¿Qué haremos? ¿Nos resignamos llorando por las posibilidades perdidas? No creemos que estas actitudes nos sirvan. Convocamos a todos para que –a pesar de las dificultades que esto implica- abarrotemos los CGPComunales con denuncias, forzando a que el sistema siga funcionando.
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