UNA CORTE PARA LA DEMOCRACIA: GRAVE RETROCESO INSTITUCIONAL

La decisión del Poder Ejecutivo Nacional de cubrir las vacantes en la Corte Suprema por medio de nombramientos “en comisión” y sin el acuerdo del Senado de la Nación, representa un avance indebido del poder ejecutivo en el nombramiento de jueces de la Corte Suprema; contraría los principios definidos por la Corte Suprema de Justicia en los últimos fallos para asegurar la estabilidad e imparcialidad de los jueces; y constituye un grave retroceso en los mecanismos de participación popular para la evaluación de los candidatos.

La independencia, imparcialidad y legitimidad de la Corte Suprema resultan gravemente afectadas si sus integrantes son designados por decreto, sin discusión pública previa y sin acuerdo del Senado. Además de los problemas relacionados con la legitimidad de esta forma de designación –en la que sólo intervino el Presidente-, los jueces designados en comisión no contarán con las garantías constitucionales mínimas para ejercer su trascendental rol, en particular su tarea de evaluar la validez de los actos y decisiones de los demás poderes del Estado, dado que su estabilidad se encontrará sujeta a la aprobación de sus pliegos. Esta precaria situación les impide ejercer su rol con imparcialidad, afecta la división de poderes, y los hace pasibles de presiones de los demás poderes del Estado.

Han transcurrido ya más de diez años desde que seis ONG (dicha coalición estuvo integrada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Poder Ciudadano, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Unión de Usuarios y Consumidores) se reunieron en el colectivo “Una Corte para la Democracia” con el objetivo de promover reformas para mejorar el funcionamiento del Máximo Tribunal judicial de la Nación y de dotar de credibilidad a un Tribunal cuya legitimidad –institucional, política y social- había caído a niveles bajísimos durante la década de los noventa. Ese proceso culminó con la producción de tres documentos que sirvieron como bases para las posteriores reformas normativas que fueron sucediéndose.

En uno de los documentos, se destacó, por un lado, la necesidad de reformular el proceso de designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fundamentalmente a través de la autolimitación del Presidente de la Nación en el proceso de nominación de candidatos/as a Juez/a de la Corte y en la fijación de criterios de selección. Por otro lado, se señaló la importancia de modificar el proceso de aprobación de los pliegos en el Senado. Esos lineamientos constituyeron un fundamento determinante para la consecuente sanción del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nro. 222/03, que indica el procedimiento para el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si bien el decreto dispone que se abra el trámite de consulta sobre los candidatos desvirtúa el propósito del mecanismo de participación ya que la convocatoria se realiza luego del nombramiento.

La integración de la “nueva Corte”, que se conformó sobre dicha base reglamentaria, constituyó durante estos años uno de los consensos sociales y políticos más destacados por los partidos políticos, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil. Quizás como pocas otras cuestiones de relevancia institucional este tema reunió el consenso mayoritario, puesto que permitió elevar la calidad técnica de los pronunciamientos judiciales, democratizó el debate sobre sus miembros y condujo a una integración ideológica, técnica y políticamente plural con capacidad para producir agenda y debates públicos de relevancia.

Frente al escenario político mencionado, las ONG abajo firmantes denunciamos y alertamos las graves consecuencias que, para la calidad institucional, acarrea una decisión de este tenor. Por tales motivos, consideramos esperable que, en este contexto, los candidatos propuestos rechacen la designación para ocupar dichos cargos. Asimismo, instamos al Poder Ejecutivo Nacional a que reconsidere su decisión de realizar nombramientos de jueces de la Corte Suprema en comisión, y a que cumpla con el procedimiento regular de nominación. Por último, solicitamos al Congreso de la Nación que sancione una Ley Nacional que recoja los principios y directrices de dicho decreto.  

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

Asociación Pensamiento Penal (APP)

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)

Fundación Poder Ciudadano

Unión de Usuarios y Consumidores 

DEFENDAMOS LO CONQUISTADO

Las asociaciones de consumidores firmantes de la presente declaración llamamos al pueblo argentino a reflexionar sobre las consecuencias del voto que cada uno de nosotros realizaremos en el balotaje del día 22 de Noviembre.  En especial, consideramos que se deben analizar el valor de los derechos adquiridos y/o consolidados desde la crisis del 2001/2002 a la fecha y pronunciarnos categóricamente por su defensa con nuestro voto.

El conjunto de firmantes manifestamos

No a la mega devaluación, devaluación violenta o brusca de nuestra moneda.

Nuestra historia nos muestra que los beneficiados con las devaluaciones han sido las grandes corporaciones y quienes sostienen su actividad económica alrededor de las exportaciones, sin importarles qué pase en nuestro país. Una mega devaluación o una devaluación violenta o brusca traerá un grave perjuicio a toda la población, debido a la inmediata transferencia a los precios (aún aquellos que no tienen costos  dolarizados) de la misma, provocando el incremento de precios e incremento de la inflación.  Los trabajadores y las capas medias son claramente los más afectados.

Sí al círculo virtuoso formado por acceso al consumo, industrialización y trabajo.

Grandes sectores de la población que se encontraban sumidos en la pobreza e indigencia recuperaron en estos años su capacidad para satisfacer sus necesidades básicas insatisfechas. Medidas como la Asignación Universal por Hijo, el funcionamiento del sistema de Paritarias, la ampliación de los beneficiarios de las jubilaciones y su actualización permanente y otras medidas del mismo tipo ampliaron la capacidad de consumo;  así como programas como Procrear, Procreauto y Ahora 12 canalizaron dichos  consumo hacia la producción nacional. La apertura indiscriminada de las importaciones provocará una nueva destrucción de nuestra industria y la desaparición de cientos de puestos de trabajo.  Sin trabajo no hay capacidad de compra, y los productos importados que inicialmente se verán como muy tentadores se harán rápidamente inaccesibles para las mayorías nacionales.

Sí a la presencia del Estado interviniendo en la Economía.

Rompamos definitivamente con la falacia de que hay que dejar al mercado que actúe libremente. Esta postura sólo permite a las grandes corporaciones actuar con total libertad, cuyo único objetivo es ganar más. La presencia del Estado regulando la economía es necesaria para lograr los equilibrios que el mercado no proporciona. La Mano Invisible del Mercado sólo es invisible si uno no quiere ver la actuación de los mercados concentrados y extranjerizados.

Sí a sostener programas de acuerdos y administración de precios.

Los Acuerdos de Precios con proveedores de bienes y servicios y el Programa de Precios Cuidados  se han caracterizado por ser interesantes herramientas en la lucha contra la inflación.  Es la esperanza de la mayoría de los argentinos, poder derrotar totalmente la inflación, este objetivo no se ha logrado, pero reconocemos el valor de los acuerdos y programas mencionados.  Párrafo aparte merece la “Red Comprar” que permite participar en Precios Cuidados a negocios barriales, cadenas de super locales, cooperativas, empresas recuperadas, pequeños productores y emprendedores; uno de cuyos objetivos es la aparición y consolidación de nuevos actores en la venta minorista.

Sí a la mayor protección de los consumidores.

Los usuarios y consumidores  hemos adquirido y consolidado derechos  desde el 2001/2002 a la fecha, avances que deseamos mantener. Uno de los avances ha sido la modificación de la ley de defensa del Consumidor en el año 2008. Otro ejemplo de ello es el dictado de la ley de creación de un nuevo “Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo”. La creación del Fuero del Consumo -anhelo por años de las asociaciones- es un importante logro, que debe consolidarse a través de la adhesión de cada una de las provincias y el dictado en ellas de la legislación correspondiente y de la elección de los jueces correspondientes en Capital Federal.  Cabe mencionar que la elección de jueces de consumo en Capital está suspendida debido a una cautelar solicitada por el GCBA -que podría sustentarse en razonables planteos de competencia- pero no viene acompañada de una acción destinada a promover un fuero local de consumo sino a parar su implementación en desmedro de los consumidores.

Sí a la creciente regulación sobre diversos sectores del consumo

Se han dictado leyes que regulan diversos sectores de la economía y de las relaciones de consumo; que son avances frente a la rémora neoliberal.  Ha costado conseguir cada una de estas reformas. Podemos mencionar la creación de AySA, la recuperación de YPF y los fondos jubilatorios derogando la ley de creación de las AFJP, el dictado del Marco Regulatorio de Medicina Prepaga, la Reforma de la Carta Orgánica del BCRA, entre muchas otras.

Frente al Balotaje 2015.

La existencia de tareas pendientes, la necesidad de correcciones y de otros avances en una marcha que no fue fácil; donde los avances no fueron lineales, sino de avances y retrocesos, idas y vueltas, y en muchos casos de avances de menor envergadura a los que deseamos.  Esta postura no implica un alineamiento acrítico ni dejar de reconocer la existencia de falencias e incongruencias, pero ello no nos impide reconocer el valor de los avances realizados.

Entendemos que con nuestro voto debemos sostener nuestros avances  y además,  comprometernos a seguir trabajando para profundizar el proceso de conquistas. Mantener las conquistas que costaron mucho, no nos permite volver atrás o desentendernos de nuestra obligación ciudadana de sostenerlas.

DEUCO – ADDUC – FEMUDECO – UNION DE USUARIOS Y CONSUMIDORES- MODECUMA – CONSUMIDORES ARGENTINOS – LIDECO – INDUCAM – CESYAC – TALLER DEL SUR - 

ALGUNAS PERLITAS DE LA MESA SOBRE COOPERATIVAS DE CONSUMO EN DEFENSA DE LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES

En la última Feria del Libro –durante el mes de Mayo- en el Stand de la Legislatura Porteña, los Diputados Edgardo Form y Virginia González Gass, coordinaron un panel titulado “Las Cooperativas en la defensa de los Consumidores y Usuarios” en el cual participaron el Lic. Santiago Fraschina –Coordinador de la Red Comprar-Secretaría de Comercio- Héctor Jacquet  -Gerente General de la Cooperativa Obrera Ltada. de Consumo y Vivienda- y quien escribe la presente nota, Claudio Daniel Boada –Director General de la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Legislatura Porteña-.

De la presentación de Héctor Jacquet , Gerente General de la Cooperativa Obrera Ltada. de Consumo y Vivienda, cuya sede central está en B Blanca (con alrededor de 100 supermercados cooperativos en el sur del país) y su interesante intercambio con el Lic. Santiago Fraschina, Coordinador de la Red Comprar de la Secretaría de Comercio de la Nación, surgieron algunas perlitas muy interesantes:

LOS EXCEDENTES COOPERATIVOS SON REINTEGRADOS A LOS CONSUMIDORES, MIENTRAS QUE  SON RETENIDOS POR EL RESTO DEL MERCADO.

La Cooperativa Obrera está considerada entre las siete grandes cadenas de Súper e Hiper del país, pero ella ocupa sólo el 2,5 % de dicho segmento comercializador. Les recuerdo que anualmente las cooperativas tienen que devolver a los consumidores los excedentes que tuvieron. En el caso de cooperativas de consumo, los precios individuales de los productos  se establecen estimativamente al momento de su venta; analizando eventuales costos, impuestos, margen necesario para cubrir sueldos, honorarios, etc. Cuando se hace el balance anual  se determina cuál fue el valor real al que tendrían que haber vendido y se determina el excedente anual (mayor precio cobrado sobre el precio real) y el mismo se reintegra a los asociados en proporción del consumo de cada uno. Por ello la Cooperativa Obrera reintegró  a sus asociados 100 millones de pesos a principios del 2015, por los excedentes del 2014.  La pregunta que todos nos hacemos: Si por el 2,5 % del comercialización minorista en hiper y super se devolvió 100 millones de excedentes, el resto del sector de comercialización minorista en hiper y super retuvo un total de 3.900 millones que se los quedaron los propietarios de esas grandes cadenas (casi el 100 % de propiedad extranjera, al ser un mercado altamente concentrado y extranjerizado)

SE ABUSA DE LOS SECTORES MÁS VULNERABLES.

Los que caminamos por Retiro, en la zona de la Terminal de Ómnibus y la Villa 31; habremos visto el supermercado Coto justo enfrente de la Terminal. En este supermercado hacen sus compras la mayoría de las personas que viven en la villa. El Lic. Fraschina comenta que pudieron incorporar a los almacenes y pequeños negocios de la Villa a la Red Comprar. Allí se enteran que en las fechas en que los habitantes de la misma cobran la AUH (Asignación Universal por Hijo) Coto aumenta los precios, que rebaja después de pasados varios días (cuando estiman que los ingresos de los habitantes por AUH ya se gastó) Como contracara podemos mencionar que la Cooperativa Obrera otorga descuentos especiales si percibís un plan social, si pagas con tarjeta de un Plan Social.

FRENTE A LOS AUMENTOS GENERALIZADOS, NO AUMENTARON. DISPUESTO UN AUMENTO MENOR, NADIE DEVUELVE LO COBRADO EN EXCESO, LA COOPERATIVA OBRERA SI.

Durante el mes de enero de 2015 se produjo una suba del dólar que provocó aumentos excesivos e injustificados en diversidad de productos. Respecto de los electrodomésticos, fueron aumentados entre un 20 %  al 30 %.  La Cooperativa La Obrera vendió electrodomésticos sin aumento durante tres días y el sábado y domingo vendió con el aumento mencionado que rondaba entre el 20 % y el 30 %. Primera acción, retuvo durante tres días el aumento que los demás aplicaron. El lunes siguiente mediante gestiones realizada en toda esa semana por el Secretario de Comercio, Augusto Costa, con la industria del aluminio, plástico y acero principalmente, logró reducir los aumentos de electrodomésticos a un 6 % de promedio. Segunda acción de la Cooperativa Obrera, se comunicaron con todos los compradores de electrodomésticos que habían pagado de más ese fin de semana (alrededor de 750)  y les devolvió la diferencia entre el aumento cobrado (20 o 30 %)  y el que finalmente fue aceptado para el sector (6 %). Nadie actuó de esta forma.

Por supuesto, algunos me dirán que no todo es lecho de rosas, pero sepa el consumidor decidir si le conviene la comercialización minorista realizada por grandes corporaciones en un mercado altamente concentrado y extranjerizado, o si le conviene participar y desarrollar formas cooperativas,  mutuales, proveedurías sociales u otras de las formas existentes que permiten este tipo de beneficio a los consumidores.

A LOS CANDIDATOS A JEFE DE GOBIERNO Y A DIPUTADOS PARA LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Un grupo de asociaciones de usuarios y consumidores presentamos esta carta sobre el servicio de subtes a los candidatos a Jefe de Gobierno y Legisladores de la Ciudad

Buenos Aires, 18 de mayo de 2015.

Las Asociaciones de Defensa de Usuarios y Consumidores firmantes del presente,  consideramos necesario darles a conocer a cada uno de los candidatos a Jefe de Gobierno y a Legisladores de la CABA alguna de nuestras opiniones sobre el  "Subte" de nuestra ciudad (Servicio Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneos en la CABA regulado por ley 4472), en base a la cantidad de denuncias que recibimos sobre el funcionamiento del mismo y aportes de nuestras entidades.

Sobre el precio del servicio: 

Consideramos elevado el precio del servicio subte. Desde el inicio de la gestión en los subtes por parte del gobierno del Ing. Macri se produjeron aumentos sin justificación suficiente. Las audiencias públicas (importante instancia de participación ciudadana para la fijación de las tarifas) fueron menospreciadas, sin aportar la información necesaria para un adecuado análisis.  Las mismas distanciaron el valor del subte respecto del valor de los colectivos, siendo mucho más caros que ellos. Ello ha provocado una expulsión de usuarios que migraron hacia el transporte colectivo,  desde ya colapsado. Esta actitud de considerar el subte aisladamente del resto del sistema de transporte y pensando sólo en la ecuación económica financiera, convirtió progresivamente al subte en un servicio público sólo para los económicamente más pudientes.

Las políticas tarifarias y acciones realizadas son restrictivas de los beneficios establecidos en la ley 4472 hacia usuarios más vulnerables (Artículo 36.- Sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos, la Autoridad de Aplicación deberá subsidiar la totalidad de la tarifa a aquellas personas que padezcan limitaciones físicas que impliquen un impedimento al acceso al servicio, jubilados y/o pensionados así como estudiantes del ciclo primario de gestión estatal. Asimismo, podrá subsidiar en forma total o parcial la tarifa a aquellas personas que integren sectores sociales vulnerables que serán determinados por la autoridad de aplicación. ...) Sólo mencionamos como ejemplo  que existen serias dificultades para encontrar en las páginas web de Metrovías y de Sbase la información sobre estas tarifas reducidas, sin informar adecuadamente sobre su existencia, provocando el desconocimiento de los beneficiarios de su existencia. Otro de los ejemplos que podemos mencionar es el caso de jubilados y pensionados que no tienen limitación alguna de acuerdo a la ley 4472, y la página del Gob. de la Ciudad informa y en las boleterías sólo se expiden los abonos a quienes cobran la mínima.

Sobre la Accesibilidad, Seguridad e Higiene en el servicio:

Graves son las deficiencias del servicio en cuanto a la calidad del mismo. Respecto de la accesibilidad podemos mencionar las reiteradas fallas de las escaleras mecánicas y la deficiencia continua en los ascensores. Cuando se descomponen las reparaciones duran semanas. Debemos tener en cuenta que las escaleras mecánicas y los ascensores no son sólo comodidades, sino que consiste en necesidad para muchos de los usuarios por sus especiales necesidades físicas.

También debemos mencionar problemas de inseguridad y continuos problemas de falta de higiene, roturas de caños, filtraciones y derrame de líquidos (eventualmente agua) en andenes y pasillos.-

Debemos recordar la falta de limpieza hace que muchos usuarios nos hayan manifestado sufrir por los olores y la falta total de higiene en vagones, estaciones y pasos.

Por fin es de poner de relieve el constante incremento de accidentes traumáticos, ya sea en los andenes, en la diferencia de distancia entre vagón y andén, por la falta de iluminación o el deterioro que muestra todo el sistema..

Sobre la Frecuencia y Horario de Funcionamiento del Subte:

También queremos mencionar que las frecuencias no son las adecuadas para la cantidad de  personas que viajan; y además, todos los días se incumplen las frecuencias, se suspenden o interrumpen los servicios, dejando varados a cientos de pasajeros.

Es de dejar constancia que los usuarios nos han manifestado que las deficiencias en las frecuencias y horarios, les han significado costo al patrimonio del consumidor, ya sea por llegadas tarde a sus trabajos o daños que terminan siendo irreparables.

Por último, los horarios restringidos provocan reiterados problemas en los usuarios. Podemos mencionar entre otros a estudiantes universitarios que podrían utilizar para regresar a sus hogares y deben buscar otro medio de transporte. Por ello entendemos que debería extenderse el horario de cierre de las líneas a las 24 hs.

Es evidente que la tarifa del subte en relación a las deficiencias que presente y que mínimamente se enumeran en este documento, representan un alto costo patrimonial al usuario y un resultado negativo ante la ecuación costo beneficio, donde por este abandono las empresas son las beneficiarias y el consumidor el perjudicado que lo afronta con su patrimonio.

Por lo expuesto, solicitamos se tengan en cuenta nuestras opiniones en la futura gestión que Ud. emprenda.

Saludamos atte.

Federación Mudeco.

Modecuma.

ADDUC.

Unión de Usuarios y Consumidores.

DETRÁS DE LOS DEBATES SOBRE EL DERECHO AL CONSUMO

¿Qué hay detrás de los debates? ¿Desde qué concepciones partimos?  Viejos esquemas nos persiguen y condicionan nuestras posturas y postulados. Consideramos  al derecho del consumo como un derecho de menor valía y a las personas objeto de la relación de consumo. Todos nosotros -las personas antes mencionadas– somos convertidos en parte de una maquinaria y como objeto somos codiciados por los actores económicos que con la publicidad buscan inducirnos, buscan persuadirnos. Nos buscan  para que compremos sus productos (bienes o servicios) Por supuesto, en esta práctica y concepción quienes ganan son los grandes conglomerados económicos y perdemos –no sólo-  los consumidores y usuarios, sino también las pymes, las cooperativas, los emprendedores, las empresas recuperadas, y demás actores económicos que no controlan el mercado.  Para esta concepción, la foto del consumidor está compuesta por una familia -todos rubios, gozosos y resplandecientes- saliendo de un shopping cargados de bolsas y paquetes de adquisiciones recién hechas (generalmente suntuarias).

Nuevos paradigmas deberán inmiscuirse en nuestros debates. Los consumidores –ya no como objetos de la relación de consumo- sino como sujetos de la misma. Sujeto con derechos, centro alrededor del cual convergen diversos derechos que se van ampliando y consolidando día a día. Y el derecho del consumidor y las prácticas que genera al servicio de los mismos. 

Entonces ya no tendremos una concepción del derecho del consumo tan cercana al consumismo,  donde sólo se considera a los que se encuentran dentro del “sistema”. Pensaremos en el derecho de todos a acceder al consumo, y el consumo como el derecho que tenemos a cubrir nuestras necesidades para el desarrollo de una vida con dignidad. El derecho al agua (incluyendo el derecho al acceso a la misma) y a los alimentos sanos y suficientes, son puntos esenciales en esta concepción. La búsqueda de la educación del consumidor para saber elegir, para conocer sobre sus necesidades desembarazándose de la carga publicitaria es también clave.

La Real Academia Española define al consumismo como la “tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes, no siempre necesarios”.  Otros la han definido como la “adquisición y acumulación sistemática y competitiva de posesiones materiales como un supuesto medio para alcanzar la felicidad y satisfacción personal”. Queremos librarnos de un derecho al servicio de ello. Buscamos un derecho de consumo socialmente más inclusivo.

Dr. Claudio Daniel Boada.

Abogado. Director de la “Unión de Usuarios y Consumidores”. Director General de la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Legislatura Porteña.

Nota publicada el 4 de marzo de 2015 en la revista La Taba N° 35.