El pro no aplica un listado online de valores de productos por barrios, que es ley desde 2004.
Nota de Tiempo Argentino del domingo 19 de febrero de 2012, escrita por el periodista Leandro Renou.
La Unión de Usuarios planteó que el macrismo dilata la aplicación de un sistema de datos en Internet que permite comparar precios antes de comprar. “Se la pasan cuestionando al Indec y se niegan a publicar cifras”, dijo la ONG.
La ONG Unión de Usuarios y Consumidores denunció públicamente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por dilatar la implementación de un sistema de información online –que se aprobó por ley en 2004– y que permite al consumidor acceder a un listado de precios de alimentos y productos para el hogar correspondientes a cada barrio porteño. El Sistema de Información Sobre Precios al Consumidor (SIPCO) es una ley (Nº 1493) que sancionó la Legislatura hace 8 años, se reglamentó en 2005 y desde entonces a esta parte quedó en un limbo como consecuencia de un juicio iniciado por las cadenas de supermercados y por las apelaciones del Ejecutivo que comanda Mauricio Macri. Lo más relevante es que, si esta base de precios en Internet estuviera habilitada, los consumidores se verían beneficiados en su economía diaria, ya que la Unión de Usuarios relevó precios y concluyó que, en un mismo barrio, hay productos iguales con diferencias de valor superiores al 100% (ver aparte).
“Es evidente que Macri tiene intereses políticos y es contradictorio en su postura, porque más allá de que los súper e híper reclamen, el jefe de gobierno se la pasa cuestionando al Indec y el índice de precios y se niega a publicar en la Web los precios al consumidor en la Ciudad”, dijo a Tiempo Argentino Claudio Boada, abogado de la ONG Unión de Usuarios.
La entidad –que es reconocida por haber interpuesto amparos que lograron acelerar la aprobación de la Portabilidad Numérica de celulares– llevó a juicio en septiembre del año 2009 al gobierno porteño, ante la pasividad en la implementación de la base de precios. Entre los argumentos, la ONG presentó testimonios del año 2007 de funcionarios del área técnica de consumidores de la Ciudad, reconociendo que en ese momento (31 de octubre del 2007) “el sistema se encuentra totalmente realizado, en etapas de prueba y funcionando el backend, es decir, que se encuentra en la etapa final de elaboración y que falta su instalación”.
La ley obliga a la Ciudad a montar sobre el sitio web de la comuna una red paralela que muestra los precios de distintos productos barrio por barrio. ¿De dónde salen los datos? Los super e híper mercados están obligados a entregar los archivos informáticos de los precios de todos y cada uno de los productos. Esto no implica limitación alguna en la fijación de precios, promociones o descuentos y tampoco implica mayor costo alguno, pues no es ni más ni menos que la entrega de archivos donde tienen consignado los precios en base al sistema universal de código de barras.
Para Boada, “parando la base de precios, el gobierno de Macri oculta información y miente al decir que defiende el bolsillo de los porteños”. Es que, el SIPCO permite acceder desde cualquier PC y comparar valores del mismo producto en el mismo barrio o en otros cercanos, provocando un ahorro positivo. Además, para las ONG esta base de datos sería un insumo clave que les facilitaría el insumo numérico real para elaborar estudios de evolución de precios sectorizando por barrio
Disparidad de Valores
La Unión de Usuarios y Consumidores relevó precios en distintos locales ubicados a pocas cuadras de diferencia en el barrio de Colegiales. En el trabajo de campo encontró que la generalidad de productos contienen diferencias, según el local, de entre un 5 y un 20 por ciento. Pero el detalle muestra una dispersión alarmante: por citar sólo algunos casos, en el puré de tomate de primera marca, hay diferencias según el comercio del 92,25%; en el papel higiénico por cuatro unidades, del 89,11%; en el arroz, de casi el 68%. En el caso de la yerba, llega al 50%; y en el puré de papas instantáneo de un 34,33 por ciento.
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