Difundimos nota del diario Página 12 del día Lunes 16 de diciembre de 2013.
OPINION
Por Claudio Capuano
El acceso al medicamento es uno de los pilares para
acceder a la salud, garantizado en el artículo 25 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y en el artículo 12 del Pacto Internacional por los
Derechos Económicos Sociales y Culturales, siendo entonces un derecho
consagrado por nuestra Constitución nacional. En este sentido, la participación
del Estado en el área resulta fundamental al momento de generar políticas
públicas inclusivas que asistan a la población más vulnerable y, además,
constituye un elemento central en el camino de la soberanía nacional.
Es por ello que, en los últimos diez
años, responsables de Laboratorios de Producción Pública de Medicamentos y
Vacunas (PPMV), junto a la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la
Facultad de Medicina de la UBA, la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP y
otras más de cien organizaciones científicas, sindicatos y organismos de DD.HH.
reunidos en la Multisectorial por la Producción Pública de Medicamentos y
Vacunas, comenzamos a transitar un camino en el sentido de generar una
propuesta que pusiera la capacidad potencial de estos laboratorios al servicio
de las necesidades de nuestra población.
Como primer paso, y con el aporte de
profesionales de las diferentes disciplinas y el compromiso permanente de los
laboratorios de PPMV, realizamos un exhaustivo relevamiento que permitió ponderar
la potencialidad científico-técnica del sector público para la elaboración de
medicamentos confiables, a costos razonables y con capacidad real de avanzar en
investigaciones en el área, orientados por las necesidades de nuestra
población, sin intervención de intereses externos. Contamos entonces con
treinta y nueve Unidades Productoras de Medicamentos o Laboratorios Públicos en
todo el país que cuentan con recursos humanos capacitados y comprometidos con
su tarea.
En ese marco, se realizaron seis Encuentros
por la Producción Pública de Medicamentos y Vacunas, reuniones con legisladores
nacionales y provinciales, y gran cantidad de eventos tendientes a mostrar la
importancia estratégica que tiene utilizar las capacidades del Estado en esta
área, tan sensible para amplios sectores de la población, y que hoy está
fuertemente gobernada por criterios de mercado.
En 2007, mucho del esfuerzo conjunto
de los años anteriores se vio cristalizado en la creación de la Red de
Laboratorios Públicos (Relap), que contó con la presencia de más de treinta
directores de Unidades de Producción de Medicamentos, el Instituto de
Tecnología Industrial (INTI) y la División de Programas Especiales de la
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación.
Primero en Diputados y luego en el
Senado, el 29 de junio de 2011 es aprobada con mayoría absoluta en ambas
cámaras la Ley 26.688 de Producción Publica de Medicamentos y Vacunas (PPMV),
donde se declara de “interés nacional la investigación y la producción pública
de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y
productos médicos, entendiendo a los mismos como bienes sociales”, aspecto no
menor en la medida que establece que el Estado debe asegurar la provisión de
los mismos asegurando su acceso. También plantea la posibilidad de integración
de los laboratorios públicos con las universidades nacionales para propiciar el
desarrollo científico y tecnológico, a través de laboratorios públicos.
Ahora bien, a más de dos años de
aprobada la ley, cuyo organismo de aplicación es el Ministerio de Salud, no se
convocó a ningún miembro ni organización de quienes hemos trabajado en la PPMV
como ocurrió, por ejemplo, con la “ley de medios”, además existe una
incomprensible demora en la reglamentación de la ley.
Quienes hace años hemos construido
ese sujeto social que dio forma y espíritu a la ley de PPMV, creemos que la
reglamentación debería tomar en cuenta el desarrollo en toda su potencialidad
del sector público, y no solamente de algunos temas específicos. Mantener el
espíritu de la ley significaría, entre otras cosas, reafirmar la presencia del
Estado, garantizando el derecho humano a la salud, así como mejorar el gasto de
medicamentos, que en nuestro país es del 32 por ciento. La PPMV puede ser, como
política de Estado, el eje de reconstrucción sanitaria, que ordene al sistema
desde el paradigma de la preservación de la salud antes que la atención de la
enfermedad y la cronificación de las mismas, como pretende la industria, al
tiempo que daría una proyección estratégica hacia la Unasur y Celac.
La Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual nos ha dejado varios saberes, uno de ellos, quizás el más
importante, fue su recorrido desde la legitimidad a su legalidad plena.
Legitimidad que se dio con todos los sectores que trabajaron en su construcción
y reglamentación. Es de esperar que el Ministerio de Salud tome nota de esta
enseñanza.
* Coordinador. Cátedra Libre de Salud
y Derechos Humanos. Facultad de Medicina, UBA.
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