jueves, 25 de noviembre de 2010

La ley de prepagas, en su hora decisiva


Tres comisiones de la Cámara alta se reunirán hoy parahabilitar la iniciativa que regula al sector. Sin embargo, aún es una incógnita si el proyecto se aprobará en el recinto.


Por Sebastián Premici

Página 12 23 de Noviembre de 2010.


Las comisiones de Salud, Legislación general y Justicia del Senado se reunirán hoy para emitir dictamen sobre el proyecto que busca regular a las Empresas de Medicina Prepaga (EMP). Según indicó a Página/12 una alta fuente del Frente para la Victoria, los legisladores de ese bloque tendrían “libertad de acción” para aprobar la iniciativa tal cual llegó de la Cámara de Diputados o convalidar algunos de los cambios propuestos por la oposición y el propio ministro de Salud, Juan Manzur. “Así como está no sale. Se debe suavizar sin que cambie el espíritu, porque si no el Gobierno tendrá que enfrentar un problema, ya que las prepagas dispararán sus costos”, dijeron desde el oficialismo. Para que no pierda estado parlamentario, el proyecto debería tratarse en el recinto mañana, o a más tardar el jueves.
El lobby empresario logró frenar el tratamiento de este proyecto por casi dos años. La iniciativa obtuvo media sanción de Diputados en 2008 y recién un mes atrás tomó impulso en la Cámara alta. De no tratarse mañana, o el jueves, perderá estado parlamentario. El argumento central de las EMP es que de sancionarse el nuevo marco regulatorio, las compañías del sector quebrarán. “De aprobarse sin modificaciones dicha propuesta, asistiremos a la quiebra inmediata del sistema”, manifestó la semana pasada Claudio Belocopitt, vicepresidente de la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales (Cimara) y titular de Swiss Medical.
La discusión alrededor de este proyecto pasó por alto la forma en que se financia el sistema privado de salud e incluso la relación que existe entre los aumentos en las cuotas de los afiliados y los incrementos que reciben los prestadores médicos. Ya en 2008, la Confederación Odontológica de la República Argentina había denunciado que “existe un desfasaje” entre las cuotas y lo que reciben los médicos. “Hoy sabemos que los aumentos de las prepagas no van a los prestadores, lo que atenta contra la calidad del servicio de salud”, manifestó a Página/12 Claudio Boada, abogado de la Unión de Usuarios y Consumidores.
En los últimos ocho años, los aumentos de las prepagas no fueron menores. Según un trabajo elaborado por la asociación que integra Boada, las empresas aumentaron sus cuotas muy por encima de la inflación registrada tanto por el IPC del Indec como por mediciones de consultoras privadas. Por ejemplo, entre agosto de 2002 y el mismo mes de 2010, las empresas Omint y Swiss Medical aumentaron sus cuotas un 80 por ciento por encima de la inflación calculada por las consultoras privadas y un 171 por ciento en relación con la del Indec. “Es un sector que está cartelizado, todas aumentan sus cuotas al mismo tiempo”, agregó Boada.
Más allá de que los últimos aumentos hayan sido convalidados por Guillermo Moreno, secretario de Comercio interior, el proyecto con media sanción contempla un mecanismo para proteger a los usuarios en todo lo relacionado con los contratos y aumentos de precios. Sin embargo, tanto la oposición como el propio Manzur quieren sacar del medio a la autoridad de aplicación establecida por la Ley de Defensa del Consumidor.
“Tiene que haber una autoridad de aplicación para el área de salud y otra para el trato con los usuarios. Sacar del medio las competencias de la Ley de Defensa del Consumidor es dejar a los usuarios indefensos”, indicó a este diario Héctor Polino, de la Asociación Consumidores Libres.
El otro aspecto relacionado con el financiamiento, pero poco mencionado, tiene que ver con la vinculación entre las prepagas y las obras sociales. Uno de los puntos centrales de la media sanción tiene que ver con el Fondo Solidario de Redistribución, el famoso APE, manejado por las obras sociales. Este fondo se creó para que las obras sociales puedan realizar prestaciones complejas. Pero en la actualidad ocurre que las prepagas utilizan esos fondos para financiar sus propios tratamientos complejos.
“Por eso esta ley impulsa que los planes superadores que ofrecen las obras sociales con las prepagas no se financien con esos recursos. No se prohíben los acuerdos entre las prepagas y las obras sociales, sino que las EMP no hagan uso de la plata de los trabajadores para financiarse”, explicó a Página/12 Roberto Zorzoli, especialista en temas de defensa del consumidor.
Por ser un tema sensible, y con mucho lobby en el medio, algunos legisladores consideran que la iniciativa no llegará a ser tratada en el recinto, lo que provocaría su caída definitiva. Como mal menor, podría darse una sanción con modificaciones para que el año próximo sea tratada nuevamente por Diputados, escenario también complejo teniendo en cuenta la carrera electoral.
“No es cierto que vayan a quebrar”
La embajadora argentina en México y ex diputada Patricia Vaca Narvaja defendió el proyecto de ley que busca regular a las prepagas y refutó el lobby empresario. “No es cierto que las compañías vayan a quebrar o desaparecer. Sucede que de ahora en más, una vez sancionado el proyecto, dejarán de existir aquellas empresas fantasma que aparecían, recaudaban y luego se esfumaban dejando sin cobertura a sus asociados”, manifestó Vaca Narvaja, autora de la iniciativa con media sanción de Diputados. Ante los cambios solicitados por la oposición y el ministro de Salud, Juan Manzur, en relación con la autoridad de aplicación, la funcionaria manifestó: “De ninguna manera puede desconocerse la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor para lo atinente al cumplimiento de los contratos, publicidad y cláusulas abusivas. Otros servicios, como las tarjetas de crédito, o seguros, tienen sus propias leyes, pero se complementan con la de Defensa del Consumidor”. En este sentido, Vaca Narvaja agregó que “toda ley es perfectible”, por lo que una vez sancionada la norma podrían buscarse los mecanismos para su perfección.

lunes, 15 de noviembre de 2010

Acusan a hospitales porteños de verter químicos en las cloacas

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires reiteró una denuncia y remarcó que los hospitales Zubizarreta y Argerich no tienen manejo ambiental sobre los desechos peligrosos.

Por Clarisa Ercolano
de Noticias Urbanas publicado el 12 de Noviembre de 2010.

Un informe de la Auditoría porteña asegura que los Hospitales Argerich y Zubizarreta vierten sustancias químicas a la red cloacal. Según el texto, el centro de salud de Devoto tira formol, un componente muy inflamable, y también parafina. Por otro lado, en el nosocomio de La Boca se arroja éter, etílico, fucsina, ácido clorhídrico y etanol. Así, incumplen la ley de residuos peligrosos. La denuncia agrega que el personal que manipula desechos patológicos no cuenta con elementos de protección. En el Argerich, los depósitos de residuos peligrosos no tienen ventilación ni acceso no restringido. En el Zubizarreta no conocen la existencia del manual de gestión de residuos patogénicos. De acuerdo a lo que informa la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), estos centros de salud porteños incumplen la Ley 2.214 sobre residuos peligrosos y realizan el desecho en un lugar inapropiado.El informe, aprobado este año, da cuenta de que los mismos centros de salud “no cuentan con depósitos exclusivos para los residuos líquidos peligrosos”, y que los recipientes contenedores de estos componentes “no se encuentran debidamente rotulados”, por lo cual, nadie sabe a ciencia cierta qué está manipulando.En ambos hospitales, los depósitos intermedios “no reúnen las condiciones de seguridad establecidas para el almacenamiento de líquidos peligrosos”. Tampoco tienen ventilación y el acceso no está restringido. Un riesgo latente si se tiene en cuenta que incluso pacientes o familiares pueden tomar contacto.En los dos hospitales, según grafica el informe, los trabajadores no tienen elementos de protección y tampoco están capacitados para resguardarse de los potenciales daños y enfermedades a largo plazo que esta tarea puede acarrearles.“Se genera una gran cantidad de desechos contaminantes semanales que no se recogen. Incluso cuando los recolectan empresas privadas tampoco se sabe el destino. Hay que empezar a tratar los propios residuos, sean patogénicos, peligrosos o domiciliarios”, indicó la titular de la AGCBA, Sandra Bergenfeld.

podés obtener el informe completo en:
http://www.agcba.gov.ar/docs/Info-3.08.15.pdf

lunes, 1 de noviembre de 2010

¿TENES BOTON EN TU BAÑO? ¿SOS EL UNICO QUE LO UTILIZAS?

Preguntas muy sencillas, en búsqueda de información para trabajar sobre grandes problemas nacionales y mundiales. Algunas apreciaciones sobre el Censo 2010 y el derecho humano al acceso al agua potable y al saneamiento básico.

Estos últimos días recibimos el impacto y estuvimos shokeados por la muerte de Néstor Kirchner. La noticia –lógicamente- tapó algunas cuestiones que se mencionaban en redes sociales, en especial sobre la necesidad y la utilidad de la realización del Censo 2010.

“Me preguntaron si éramos los únicos que usábamos el baño” o “si tenía botón o mochila en el baño” son frases que se repitieron en forma socarrona y jocosa a fin de menospreciar y transmitir menosprecio por el Censo. Censo -que dicho sea de paso- es y debería ser una política de estado, no una cuestión de tal o cual gobierno.

Hay dos elementos que me gustaría detallar:

El acceso al agua potable y saneamiento como derechos humanos

La Asamblea General de la ONU reconoció el acceso al agua potable y el saneamiento como derechos humanos básicos. El texto dice “Declara el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos” y fue reconocido por resolución dictada el 28 de Julio de 2010.

La resolución fue adoptada a iniciativa de Bolivia, tras 15 años de debates, con el voto favorable de 122 países y 44 abstenciones. La Asamblea de Naciones Unidas se mostró “profundamente preocupada porque aproximadamente 884 millones de personas carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones de personas no tienen acceso al saneamiento básico, y alarmada porque cada año fallecen aproximadamente 1,5 millones de niños menores de 5 años y se pierden 443 millones de días lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento”.

Algunos números:

1) Cada año más de 3 millones y medio de personas mueren por enfermedades transmitidas por agua contaminada.
2) La diarrea es la segunda causa más importante de muertes de niños por debajo de los 5 años. La falta de acceso a agua potable mata más niños que el SIDA, la malaria y la viruela juntos.
3) A nivel mundial aproximadamente una de cada 8 personas no tiene agua potable.
4) En solo un día más de 200 millones de horas del tiempo de las mujeres se consumen para recolectar y transportar agua para sus hogares.
5) La situación de la falta de saneamiento es aún mucho peor porque afecta a 2600 millones de personas que equivalen a un 40% de la población mundial.
6) En todo momento la mitad de las camas de los hospitales de todo el mundo están ocupadas por pacientes que padecen enfermedades asociadas con la falta de acceso al agua potable y la falta de saneamiento.

Lo absurdo de estos números es que de acuerdo a los estudios realizados por varios gobiernos, la UNESCO y la ONU “Los gastos en que incurren tanto individuos como los gobiernos para subsanar la falta de salud y educación (provocados por falta de saneamiento básico) es nueve veces mayor que el costo de solucionar el problema de saneamiento”

Y todo esto afecta a los más pobres, por ello coincido totalmente que “la problemática mundial de acceso al agua exige ser pensada no en términos de escasez del recurso físico, sino en términos de desigualdad e inequidad en el acceso a los recursos hídricos, en términos de una distribución injusta, fruto de las instituciones y los procesos políticos que ponen a la población pobre en desventaja” Mariana Cerdeira en “Sobre el Agua” pág. 104.

En nuestro país un 22 % de la población no tiene acceso a red de agua potable y 57 % de la población carecen de desagües cloacales a red. (Datos del Censo 2001) Para conocimiento de la situación en nuestro país recomiendo la lectura de “Pobreza, Salud y Medio Ambiente. Inequidad y desigualdad en el acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento en Argentina.”
En este blog puede verse en el link :
http://derechosyalreves.blogspot.com/2010/11/extracto-de-pobreza-salud-y-medio.html

Cumplimiento de las Metas del Milenio.

Nuestro país se comprometió en el año 2000 al establecer las “Metas del Milenio” a reducir para el año 2015 en dos terceras partes la cantidad de población sin acceso a saneamientos y fuentes mejoradas de aguas. Necesitamos conocer nuestra realidad.

Después de este rápido análisis; todavía pensamos que no nos interesa saber si la población de nuestro país tiene baño o no, si tiene un lugar donde higienizarse o si puede tomar agua segura…

Si estás en duda, repito lo que dijo el embajador de Bolivia ante la ONU cuando solicitó la votación de la Declaración del 28 de Julio de este año. Dijo Pablo Solón “quiero traer a la mente de todas delegaciones que, según el reporte del 2009 de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF que lleva por título “Diarrea: Porqué los niños siguen muriendo y que se puede hacer”: cada día, 24.000 niños mueren en los países en desarrollo por causas que se pueden prevenir como la diarrea producto de agua contaminada. Esto significa que muere un niño cada tres segundos. Uno, dos, tres…”

No tenemos derecho a reírnos de este problema.

Extracto de “Pobreza, Salud y Medio Ambiente. Inequidad y desigualdad en el acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento en Argentina.”

Publicado por Mariana Cerdeira en el libro “Sobre el Agua” (Marzo 2010)

Argentina y el acceso a servicios de agua corriente y cloacas

Según el último Censo Nacional de Población y Vivienda, en Argentina cerca de 8 millones de personas (22 % de la población) no cuentan con acceso a red de agua potable y 21 millones de personas (57% de la población) carecen de desagües cloacales a red.

Los indicadores sociales y sanitarios -tanto el caso del acceso a agua potable y servicios sanitarios como las tasas de mortalidad infantil, esperanza de vida al nacer, índice de NBI, etc.- sitúan a la Argentina dentro de parámetros aceptables respecto a otros países de Latinoamérica. Sin embargo, la problemática que se revela como central y crítica en cuanto al acceso de servicios sociales y sanitarios es la
disparidad -y en consecuencia, la brecha- que se da entre provincias y jurisdicciones, y entre poblaciones ricas y pobres.

Desde 1960 hasta la actualidad, existen zonas que, en relación con la cobertura de agua de red, se mantienen por debajo del promedio nacional: las regiones más críticas en este sentido son el Noreste argentino y las provincias de Buenos Aires y Santiago del Estero.

Los datos del último censo son contundentes en cuanto a desigualdades, en lo que se refiere a la cobertura de la población respecto al acceso a agua de red, la brecha entre provincias es de 1,7 (Misiones 57,2% - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 99,9%), en tanto el promedio nacional de cobertura es 78%.

La situación del saneamiento y servicio de red cloacal revela mayores inequidades e índices más alarmantes de cobertura. Menos de la mitad de la población de Argentina dispone de redes de desagües cloacales a red (42%), y son sólo dos las provincias que superan en un 80% el acceso a red cloacal: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (99%) y Tierra del .Fuego (96%). La brecha entre provincias es en este caso mayor, la cobertura en la Ciudad Autónoma de Bs. As. es de 99%, mientras que en Misiones es de 11,7%. En otros términos puede leerse que, en la Ciudad Autónoma de Bs. As. 9 de cada 10 ciudadanos acceden a servicios cloacales a red, en tanto que en Misiones sólo lo hace l de cada 10.

En un análisis de la evolución de los datos de cobertura llevado a cabo por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)[1] según los datos censales de 1991-2001, se demuestra que en aquellas provincias donde los índices de cobertura eran más bajos en 1991, los incrementos entre períodos no fueron necesariamente más altos siendo el promedio nacional de incremento el 10 %. En el mismo sentido, el análisis revela poco nivel de asociación entre inversión y necesidad, es decir, que al considerar la provisión de agua de red en provincias con necesidad mayor de cobertura, esto no se correspondió necesariamente con mayor inversión. En el caso de la extensión de red cloacal, se profundizan las diferencias entre provincias y municipios ya que, entre 1991-2001, donde más se invirtió fue en departamentos y jurisdicciones con mayor cobertura.

Lo que muestran los datos son políticas públicas no orientadas a la distribución más equitativa de servicios y derechos. Consultado sobre este punto, Pedro Kremer, coordinador del área de salud de CIPPEC, atribuye este comportamiento a múltiples causas, entre las que se encuentran principalmente el desconocimiento del real valor y la importancia no sólo sanitaria sino social que tiene el acceso al agua y al saneamiento, y la falta de políticas a largo plazo y de planes maestros o estratégicos a 10 a 15 años, atribuible en parte a una lógica basada en el rédito político inmediato (las obras de infraestructura normalmente duran más que un período de gestión) y a los costos de desembolso de obras que, aunque son costosas, pensadas en el largo plazo resultan costo-eficientes.

Distribución Geográfica de la Población sin acceso a servicios de agua y saneamiento.

Más allá del porcentaje de cobertura por provincia, que funciona como un buen marcador de inequidad al comparar brechas entre provincias y su evolución en el tiempo, es interesante tomar la foto de la distribución absoluta de la población en lo que se refiere al déficit en el acceso al agua y saneamiento.

Así podemos ver que, de los 7,7 millones de personas que no disponen de acceso a agua corriente, el 56% se ubica en la provincia de Bs. As, siendo los 24 partidos del Gran Bs. As. la región que concentra mayor población con déficit en acceso a agua (3 millones de personas). Luego, tanto en la región centro-litoral (Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos) como en la región del NEA, vive cerca de un millón de personas sin acceso a agua corriente.

Algo similar ocurre con la cobertura de desagües cloacales a red, el 63% de la población sin desagües a red se concentra en la región centro y centro-litoral (de los cuales 5,7 millones pertenecen a los 24 partidos del Gran Bs. Aires y 4 millones de personas, a las provincias de Santa Fe y Córdoba)

Si bien esta distribución geográfica del déficit refleja la distribución dispar de la población en el territorio argentino, permite ubicar la problemática del déficit en agua y saneamiento en realidades heterogéneas de acuerdo con su distribución geográfica. El caso de los 24 partidos del Gran Bs. As., por ejemplo, puede pensarse en términos de déficit en el acceso a servicios en zonas periurbanas. La mayor concentración de la población del país se ubica en zonas urbanas y periurbanas, y se estima que el crecimiento de la población total y la expansión espacial que la acompaña, en los próximos años, se producirán en dichas áreas. El concepto periurbano hace referencia no sólo a la periferia de la ciudad, sino también a un contexto en donde los rasgos tanto rurales como urbanos tienden a coexistir, en términos físicos, ambientales, sociales, económicos e institucionales.[2]

La realidad a la cual se enfrentan dichas poblaciones es compleja. Al déficit en infraestructura en el acceso a agua de red y cloacas se agrega, como factor determinante, la contaminación. Particularmente en las últimas décadas se ha dado un crecimiento no planificado y una creciente concentración de la población en enclaves urbanos y periurbanos, en muchos casos en asentamientos irregulares y villas de emergencia donde no existe planificación en infraestructura que contemple la provisión de servicios de agua y saneamiento. La creciente población, además de la falta de infraestructura, lleva a estrategias de provisión y de deposición de excretas que, en la mayoría de los casos, no son seguras y agravan la situación de contaminación ambiental, con los riesgos sanitarios que esto conlleva. La situación podría describirse del siguiente modo: a falta de cloacas o sistemas mejorados de saneamiento, la eliminación de excretas a pozo ciego sin la apropiada profundidad contaminan las napas de las que las bombas toman agua. Sumado esto a la contaminación de las principales cuencas, acuíferos y ríos subterráneos (en el caso del Gran Bs. As., gran parte de su población habita en jurisdicciones afectadas por la contaminación de dos cuencas principales: Matanza-Riachuelo y Reconquista) y a otras condiciones de déficit en la vivienda y en el habitat, estas poblaciones quedan expuestas a grandes riesgos sanitarios y a privaciones de derechos fundamentales, tanto al agua, como a la salud, a un ambiente saludable, etc.

[1] Maceira, Daniel, Kremer, Pedro y Finucane, Hilary: "El desigual acceso a los servicios de agua corriente y cloacas en la Argentina", Documento de PolíticasPúblicas, CIPPEC, Buenos Aires, Julio 2007.
[2] Alien, Adriana: "La interfase periurbana como escenario de cambio y acción hacia la sustentabilidad del desarrollo", en Cuadernos del Cendes. Dossier Interfase Periurbana, año 20, no. 53, Caracas, 2003.