QUEREMOS SEGURIDAD JURÍDICA

PÁGINA 12 - MARTES 19 DE AGOSTO DE 2014

CLAUDIO BOADA, DEFENSOR DE LOS CONSUMIDORES, APOYA LAS LEYES

“Queremos seguridad jurídica”

Boada es un abogado especializado en la defensa de los consumidores. En esta entrevista argumenta que las empresas suelen vulnerar sus derechos, afectando la seguridad jurídica. Asegura que las leyes en estudio también existen en países centrales.

 Por David Cufré

Los proyectos de reforma a la ley de consumidores y a la ley de abastecimiento dispararon un fuerte debate político. Las principales cámaras empresarias y la mayor parte de la oposición hicieron saber su rechazo a las iniciativas. Desde el punto de vista de las entidades de consumidores, los cambios son necesarios para resguardar derechos de los clientes que son afectados a diario por compañías de los más diversos rubros. Esa es la posición de Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores, quien habló con Página/12 y el programa De haberlo sabido, de Radio América.

–¿Cuál es su evaluación de los proyectos?

–Positiva, porque apuntan a equilibrar la relación de consumo entre clientes y empresas. La seguridad jurídica tiene que ser de ida y vuelta. Siempre escuchamos decir a los empresarios que quieren seguridad jurídica, y lo limitan a dos derechos constitucionales: el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad de comercio. Pero se olvidan de todos los derechos que resguardan a los consumidores. Nosotros también queremos seguridad jurídica. Además, los proyectos buscan crear un ambiente económico sustentable. Una sociedad de consumo sin consumidores no es sustentable.

–¿Qué implica seguridad jurídica para los consumidores?

–Hay un incumplimiento sistémico por parte de muchas empresas de las normas de defensa de usuarios y consumidores. Digo sistémico porque no es que cometan un error, sino que el incumplimiento forma parte de su estrategia comercial. Y como no hay espacios institucionales suficientes para resolver las quejas de los clientes, muchas veces terminan por resignarse y no reclamar. Por eso es importante que el Estado tenga las herramientas que está pidiendo, como la creación de un fuero especial para atender las demandas de los consumidores.

–¿Qué sectores son los que más incumplen?

–Empresas de telefonía celular y prepagas están a la cabeza. Pero no son los únicos, más bien en todas las actividades donde existen condiciones de concentración del mercado se vulneran derechos de los usuarios. Por ejemplo, las prepagas incumplen el Programa Médico Obligatorio (PMO), que establece un piso mínimo de prestaciones que todas las prepagas y obras sociales deben respetar. De ese modo, no hay –o no debería haber– discusión posible sobre si algo está cubierto o no. Pero las prepagas lo incumplen masivamente. Estamos cansados de atender juicios y reclamos de este tipo. Hay prepagas que fijan carencias de diez meses para los embarazos; es decir, recién los atienden cuando el afiliado tiene una antigüedad de diez meses. El PMO prohíbe esas prácticas, pero hay muchas compañías a las que no les importa.

–En telefonía celular también hay muchas quejas.

–La primera es por la calidad del servicio. Las empresas venden celulares con cobertura 3G en todo el país y hay infinidad de lugares donde no funciona. Incluso llegaron a vender celulares para 4G y no hay una sola antena instalada en todo el país. Eso es inseguridad jurídica. Los organismos de defensa del consumidor siempre están abarrotados de reclamos y terminan colapsados por la alta conflictividad. Poner en juego cientos o miles de espacios institucionales para realizar reclamos, tal como propone la ley, sería un principio de solución. Además, sería una señal fuerte hacia las empresas para que corrijan estas cuestiones.

–La ley también plantea que las empresas paguen las multas y después reclamen, como hacen con los usuarios, que primero les cobran y después escuchan los descargos.

–Según las estadísticas judiciales, los procedimientos de apelación vigentes demoran el pago de las multas por parte de las empresas tres años y medio en promedio en la Ciudad de Buenos Aires y seis años a nivel nacional. La nueva ley termina con eso y fija el mismo trato para empresas y consumidores. Por otro lado, el 96 por ciento de las multas a empresas son ratificadas en forma total por la Justicia, y en muy pocos casos son disminuidas en el valor. Pero no hay prácticamente situaciones en que se dejen sin efecto las multas. Esto significa que en la actualidad las empresas ganan hasta seis años sin cumplir con las sanciones que les imponen.

–Las mayores quejas empresarias son a la reforma a la ley de abastecimiento. ¿Por qué?

–Porque la ley de abastecimiento vigente, de 1974, tiene severos cuestionamientos judiciales por parte del sector privado, que muchas veces le quitan efectividad. En la época de Menem y Cavallo se derogó parcialmente la ley de abastecimiento. El Gobierno se amparó en las delegaciones legislativas que le había concedido la ley de reforma del Estado. Esa derogación siempre fue motivo de disputas en la Justicia. Algunos abogados pensamos que igualmente la ley está vigente y otros dicen que no. Esa discusión queda saldada con el nuevo proyecto. Que en realidad es una “reforma ratificatoria”, porque lo que hace es repetir lo que decía la ley de 1974 y los únicos cambios son para morigerar sus efectos. Por ejemplo, se elimina la posibilidad de dictar penas privativas de la libertad por violar la ley.

–Las principales cámaras empresarias aseguran que se violan derechos constitucionales.

–Hace poco estuve leyendo un libro que reúne los dictámenes de los procuradores de Buenos Aires en la época colonial. Y ahí me encontré con que ya en aquel entonces se fijaban precios máximos, se establecían volúmenes de comercialización y se prohibían determinadas exportaciones para resguardar el mercado interno. Y ahora algunos se asustan de que el Estado pueda disponer de esas facultades. Son facultades que están vigentes en Estados Unidos, en Francia y en Alemania.

–¿Esos países tienen leyes similares a la que propone el gobierno argentino?

–Sí, tienen leyes con el mismo espíritu. No son una copia de este proyecto, pero van en el mismo sentido. Por ejemplo, en Francia rige una ley que le otorga al Estado la facultad de fijar los márgenes de ganancia de cada etapa de una cadena de valor. Hay una multa famosa a Carrefour en ese país porque logró un descuento en la cadena de valor de un producto y no lo trasladó a los consumidores. La empresa amplió de ese modo su margen de ganancia pese a que tenía autorizado otro margen, por lo cual le aplicaron una multa muy importante.

–Las cámaras empresarias comparan el proyecto con las políticas de Venezuela.

–Sí, por eso hablo de lo que pasa en Francia, en Estados Unidos o en Alemania. No es que nos estamos sumergiendo en el bolcheviquismo ni mucho menos. Estados Unidos ejerce acciones proteccionistas para prohibir la importación de determinados bienes que compiten con producción interna. Y en toda Europa son famosos los subsidios agrícolas.

–El principal argumento empresario es que el Estado no tiene derecho a meterse en sus negocios.

–Cuando discutíamos la ley de prepagas, hace ya varios años, también decían que íbamos a extinguir el sistema, y lo que pasó es que el sistema no se extinguió sino que se expandió. Pasó el tiempo y los hechos nos dieron la razón. La mano invisible del mercado es invisible para quien no la quiere ver. La mano es bien concreta. La mano que maneja la economía es la mano de las grandes corporaciones que buscan maximizar ganancias. Esa es la realidad. Frente a eso, la sociedad debe tener herramientas para regular su actuación y que el proceso económico avance en beneficio de todos. Yo creo en empresarios emprendedores y no en empresarios especuladores.

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

INFOBAE - Lunes 3 de junio de 2013

Economía social y solidaria: ¿una nueva economía?

Por: Lorena Putero

En las crisis económicas como la que se está dando actualmente en el mundo, se suele decir que no hay trabajo; sin embargo, en general trabajo hay y mucho. Aparecen espacios de intercambio directo de trabajo: los trueques. Esto sucedió en Argentina en la crisis de 2001 y sucede hoy en Grecia y España. Lo que no hay es empleo, empresarios interesados o con capacidad de contratar y pagarle a los trabajadores.

Los trueques constituyen uno de los casos más emblemáticos de la llamada Economía Social o Social y Solidaria. Dicho nombre tiene el objetivo de reforzar la idea, a veces olvidada, de que la economía no es una ciencia exacta como trata de plantear desde el neoliberalismo, donde a través de dos o tres cucharas de ajustes económicos los problemas se resuelven. La economía es una ciencia social que tiene, o al menos debería tener, como objetivo resolver las necesidades de la sociedad.

La Economía Social y Solidaria (ESS) -ya sean los emprendimiento y/o estudios sobre la ESS- van tomando relevancia en ferias, en políticas publicas y congresos de economía. Poco a poco se abren espacios donde se debaten a qué nos referimos con dicho término. La respuesta no es única pero podemos construirla a partir de las características de estas experiencias que se centran en el trabajo y el ser humano, planteando la rentabilidad como una meta más pero supeditada a lo anterior. A muchas de estas experiencias debe sumársele un fuerte compromiso con el cuidado del medio ambiente.

Pero ¿sirve?

La pregunta que rápidamente surge al hablar de ESS es si esta economía es eficiente, si aporta al crecimiento económico del país, o si subsiste sólo por ser subsidiada por el Estado.

Para responder resulta necesario reflexionar sobre el concepto de eficiencia. ¿Qué es una economía eficiente? ¿Aquella que maximiza ganancia? O ¿maximiza la utilización de recursos escasos? El tema de la eficiencia depende de cuál sea nuestro objetivo. Un emprendimiento que es eficiente para un empresario por sus niveles de rentabilidad puede no serlo para el conjunto de la sociedad.

Tomemos un ejemplo concreto: el shopping Dot de la empresa IRSA que hace escaso tiempo saltó a la fama por su responsabilidad en la inundación del Barrio Mitre es un emprendimiento inmobiliario-comercial rentable. Es uno de los shopping más importantes del país. Podríamos definirlo como una inversión o empresa eficiente, sin embargo, su construcción en una zona no apta y sin tomar medidas preventivas causó daños y al menos perdidas económicas a los vecinos de barrio Mitre. La situación de emergencia exigió la intervención del Estado: estamos hablando de los recursos públicos, de todos los contribuyentes. Es decir, las consecuencias de la destrucción de viviendas en el barrio Mitre realizada por un empresa privada será solventada por el conjunto de la sociedad incluyendo a los propios damnificados. Esto constituye un traslado de ingresos de los sectores de menores ingresos hacia sectores de mayores ingresos. Así es como subsidiamos emprendimientos de este tipo de manera indirecta, y en este punto es importante saber que muchas de las empresas capitalistas (ya sea por la contaminación causada, efectos sociales, de salud u otros) no serían eficientes si no fuera por este tipo de subsidios. No pagan todos los costos que generan.

Sin embargo, sólo nos cuestionamos el subsidio cuando es dado a sectores trabajadores, como pueden ser emprendedores o agricultores familiares. Puede que esta condena se deba a que mientras a los primeros el subsidio es indirecto, sobre las consecuencias de esa producción, y en los segundos la transferencia es directa; en general, desde el Estado para que se realice una acción que se considera positiva para el conjunto de la sociedad: como el subsidio a cooperativas que trabajan en el mejoramiento barrial, construcción de viviendas populares o producción familiar de alimentos.

En línea con los gobiernos populares

No es de extrañar que las distintas experiencias de producción, distribución y consumo de la Economía Social y Solidaria hayan tomado mayor relevancia en el contexto de los actuales gobiernos populares de América Latina, ya que comparten principios centrales como la preocupación por el trabajo y el concepto de que los problemas son económicos y no sólo sociales.

En Argentina podemos hablar de más de 16 mil cooperativas que generan mas de 280 mil puestos de trabajos directos, 500 mil monotributistas sociales y al menos 50 mil núcleos de agricultura familiar.

En Brasil existe la Secretaría de Economía Solidaria en el Ministerio de Trabajo: allí se informa que más de 14.900 experiencias involucran a más de un millón de brasileños. En Ecuador la nueva constitución define al sistema económico como social y solidario, reconociendo al ser humano como sujeto y fin. En dicho país existen más de 3800 cooperativas y más de 60.000 unidades de la economía popular (emprendimiento individuales, familiares, etc.).

Venezuela por su parte ha tenido una política muy agresiva de constitución de cooperativas por considerar que parte de la democratización y el cambio social provienen de la mano de la democratización y transformación de las formas productivas.

Bolivia plantea la idea del Buen vivir como propuesta alternativa a los planes de desarrollo que se concentraban sólo en el crecimiento económico sin analizar cómo se daba éste, cómo se distribuía y cuáles eran sus consecuencias.

Es importante entender que no se trata de una economía para pobres o con buena voluntad, se trata de repensar las formas y condiciones económicas que nos lleven a superar la actual crisis económica y cultural. Al tradicional cooperativismo que tiene una larga historia que nace con el mismo capitalismo y que se puede encontrar en cualquier parte del mundo, Latinoamérica le suma una búsqueda que parte de sus raíces indígenas, luchas campesinas y obreras donde se empiezan a ver nuevos actores económicos-sociales-políticos y nuevas formas de organizar la economía para construir un paradigma nuevo y propio.

CONTRA LOS BUITRES

En forma personal y desde la "Unión de Usuarios y Consumidores" hemos adherido a la presente declaración:

Desde la Convocatoria Económica y Social por la Argentina llamamos a resistir con firmeza el obstinado avance de los fondos buitres y, como Nación Soberana, sostener la determinación de que ninguna deuda es más importante que la deuda con el pueblo.

Nos comprometemos firmemente a no dejarnos torcer el brazo y apoyamos la decisión de velar por el futuro de nuestros hijos y nietos. Debemos  plantarnos fuertemente y defender los logros alcanzados en  los últimos años en materia de renegociación de deuda, los que fueron conseguidos democráticamente por todos los actores de la sociedad. El resultado fue un proceso de profundos y radicales cambios económicos, políticos, sociales y culturales que pusieron los derechos de todos los ciudadanos por sobre cualquier especulación económica.

No permitiremos que los especuladores, de afuera y de adentro, se lleven por delante nuestra soberanía y nuestra independencia política, económica y jurídica, ni que el Poder Judicial de otros países nos imponga fallos a medida de sus intereses.

La Argentina honra y cumple el pago de sus deudas, y lo seguirá haciendo. Lo hemos demostrado negociando en todo momento y acordando con la mayoría de nuestros acreedores. La Argentina pagó el servicio de su deuda y el juez Griesa está haciendo una retención indebida de esos pagos. Un juez que ilegítimamente afecta a la Argentina y a terceras partes, como a  los tenedores internacionales de bonos que aceptaron el canje. Un juez que se extralimita actuando fuera de su propia jurisdicción.

No se puede ni se debe negociar con los fondos buitres en estas condiciones porque de hacerlo se activarían cláusulas que generarían potenciales reclamos por miles de millones de dólares por parte del 93 por ciento que aceptó de buena fe el canje en 2005 y 2010.

Porque negociar de verdad no significa imponer voluntades ni extorsionar, sino llegar a acuerdos de mutua conveniencia para las partes en conflicto. Los buitres de afuera y de adentro quieren crear la sensación que si Argentina no arregla el 30 de julio sobrevendrán las calamidades. Nos quieren apurar para que cerremos cualquier acuerdo.

Calamidades que si sucederían si se activa la cláusula RUFO o si se dan mejores términos a los buitres que a quienes de buena fe aceptaron la restructuración de la deuda.

Si el juez quiere mantener un mínimo de la ecuanimidad, que hasta el momento no ha mostrado jugando vergonzamente para los fondos buitres, debería permitir que se liberen los pagos que nuestro país efectuó y dar tiempo a una solución consensuada que no afecte a las partes.

La Argentina está preparada para discutir el tiempo que sea necesario. No es lo mismo un default de Griesa, severamente cuestionado en el plano internacional y aún por los medios internacionales del propio “establishment” como el Financial Times y The New York Times, insospechados de simpatía por nuestro país, que un default argentino. Esto no es un default porque no lo es en el plano jurídico y porque Argentina cuenta con los recursos para afrontar los compromisos.

La situación dista diametralmente de otros momentos de nuestra historia cuando se suspendía el pago de la deuda ante las crisis que el modelo neoliberal de endeudamiento y ajuste producía hasta 2003. Por el contrario, priorizar el crecimiento con equidad y subordinar el pago de la deuda a las reales posibilidades de pago nos permitió desendeudarnos y saldar el peor default el social de 2001.

La Convocatoria Económica y Social por la Argentina reitera el compromiso de resistir el embate de este esquema financiero obsoleto que niega a los pueblos la inclusión y el desarrollo. Y sabemos por experiencia que la única vía para lograr estas dos cosas es el trabajo y la producción.

Los argentinos no vamos a hipotecar nuevamente nuestro futuro ante el avance de los grupos concentrados de poder vengan de donde vengan. Resistiremos de pie y unidos. Es fundamental la unidad del pueblo en una causa nacional, que exige relegar legítimas diferencias políticas ante el serio ataque que sufre la Nación.

Es imprescindible negociar con dignidad, con inteligencia y sin miedo como se está haciendo. Así como el pueblo se unió y valoró el espíritu solidario que se produjo en el mundial de futbol. Es necesaria esa unidad y solidaridad cuando está en juego la Patria. Nos asiste la razón y la justicia. La Argentina unida saldrá adelante.

Todos juntos unidos y movilizados defendamos nuestra Soberanía Nacional.