lunes, 20 de julio de 2009

TRATO INDIGNO DE EDENOR A SUS CLIENTES

Sancionaron a Edenor por trato indigno a los usuarios del sistema eléctrico. Presentamos desde la Unión un pedido de sanción a Edenor por colocar carteles sobre los medidores que decían "cliente moroso" (dicho sea de paso son clientes que cuestionaron la facturación y ofrecieron pagar el promedio de los últimos bimestres) Lean la nota completa con mis declaraciones en Página 12 del 7 de Julio de 2009.

DEFENSA DEL CONSUMIDOR CONDENO A LA DISTRIBUIDORA POR MALTRATAR A SUS USUARIOS

“Trato indigno” de Edenor a sus clientes
La empresa eléctrica pegó carteles con la leyenda “cliente moroso” en los medidores de usuarios que se habían negado a asumir el último aumento de tarifas. Defensa del Consumidor aplicó la nueva ley de protección de los usuarios y sancionó a la compañía.


Por Sebastián Premici
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor condenó a Edenor por pegar carteles con la leyenda “cliente moroso” en los medidores de usuarios de la compañía que habían rechazado pagar los aumentos tarifarios dispuestos por la Secretaría de Energía. Quienes no abonaron esos incrementos lo hicieron amparados en una medida cautelar impulsada en su momento por el ex defensor del Pueblo, Eduardo Mondino. Defensa del Consumidor señaló que los carteles violaron el artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240), por lo que obligó a la compañía a remover las pegatinas. “Lo que se condenó fue el trato indigno hacia los clientes de Edenor”, resumió a Página/12 el abogado Claudio Boada, integrante de Unión de Usuarios y Consumidores, entidad que denunció el hecho. Este caso tiene la particularidad de que por primera vez se aplica aquel artículo de la reformada ley de protección de los usuarios, aprobada a principios del año pasado, luego de un fuerte lobby empresario en su contra.
“La empresa Edenor habría desplegado conductas que colocaron a los usuarios del servicio y clientes de la firma en situaciones vergonzantes y vejatorias ante el resto de sus vecinos y de la comunidad”, señaló el fallo de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, fechado el pasado 18 de junio, cuyo número de expediente es 0245182/2009. Producto de la violación a la ley 24.240, el organismo dispuso la remoción de esos carteles en el término de cinco días luego de publicada la sanción. Página/12 se comunicó con Edenor, adonde manifestaron su desconocimiento del fallo de Defensa del Consumidor.
La dependencia que conduce María Lucila “Pimpi” Colombo llegó a esta resolución luego de una denuncia de la Unión de Usuarios y Consumidores. “Aquellos que no pagaron no lo hicieron por desinterés, sino amparados en las excepciones establecidas por el Ministerio de Planificación. Los carteles señalándolos como morosos no son más que un método de presión por parte de Edenor”, indicó a este diario Boada.
Las pegatinas fueron detectadas en Barrio Norte y en Villa Celina. En uno de los casos, un usuario solicitó ante la compañía la excepción del aumento y realizó un pago a cuenta de su factura de luz. “La empresa no sólo no le tomó la excepción, sino que tampoco aceptó el pago a cuenta. Con el agravante de que al otro día apareció el cartel de moroso”, denunciaron a este diario desde la asociación de consumidores.
El artículo 8 bis de la ley 24.240 establece que “los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidantes”. Todo lo contrario a lo realizado por Edenor, según el dictamen de Defensa del Consumidor.
Según el especialista Roberto Zorzoli, la actitud de Edenor también violaría otros artículos de la ley 24.240. “El artículo 4 obliga a las empresas a dar información confiable y veraz. Si colocan un cartel diciendo que en ese domicilio vive un moroso, cuando en realidad no lo es, se está desinformando”, resumió Zorzoli.
Quienes decidieron no pagar los aumentos tarifarios lo hicieron avalados en una resolución judicial interpuesta por el ex defensor del Pueblo, Eduardo Mondino. El ex ombudsman presentó una medida cautelar para “suspender los efectos derivados de los aumentos tarifarios”, entre ellos la imposibilidad de que Edesur, Edenor y Edelap puedan recibir los aumentos y que se les prohíba cortar el suministro a aquellos clientes que no pagasen su factura. La jueza Cecilia Gilardi, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 9, sólo aceptó este último punto.
Según indicó a este diario Boada, Edenor ya habría retirado los carteles. De no cumplirse con esta medida, Defensa del Consumidor estipuló una pena contemplada en el artículo 239 del Código Penal: de 15 días a un año de cárcel por desobedecer a un funcionario público.
La política intimidatoria de Edenor fue similar a la aplicada por otras compañías –como bancos y aseguradoras– que ante la falta de pago de un cliente envían cartas como cédulas judiciales a vecinos o empleadores, advirtió Boada.
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UNA DEFENSORIA DEL PUEBLO POR EL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO



Varios miembros de la Unión hemos participado el 16 de Julio de 2009 en el lanzamiento de la campaña por Una Defensoría del Pueblo por el pueblo y para el pueblo.


La última elección de miembros de la Corte Suprema tuvo una posibilidad de participación ciudadana que le dió una significación trascendente, lo mismo anhelamos para la elección del defensor del pueblo.




PAGINA 12 – VIERNES 17 DE JULIO 2009

ORGANIZACIONES SOCIALES RECLAMAN MODIFICAR LA METODOLOGIA PARA DESIGNAR AL DEFENSOR DEL PUEBLO
Por una elección más transparente
En la actualidad, la designación del ombudsman es fruto de una negociación política. Reclaman la implementación de audiencias públicas y la posibilidad de impugnar a los candidatos. Respaldo de legisladores de casi todos los partidos.
El Salón Dorado del Hotel Castelar, sobre la Avenida de Mayo, a metros de la 9 de Julio, se llenó ayer de legisladores oficialistas y opositores que apoyan la iniciativa de un grupo de ONG para que la elección del próximo Defensor del Pueblo de la Nación sea transparente y participativa. Para hacerlo, aclararon las organizaciones, “es necesario romper la lógica de negociación política como criterio exclusivo de selección de candidatos”. Hasta el momento, la nominación del ombuadsman es discutida (o “negociada”, como afirman desde las organizaciones) en la Comisión Bicameral para la Defensoría del Pueblo, integrada por diputados y senadores de varias fuerzas. Luego es elevada al Congreso, donde se aprueba con una mayoría de dos tercios. Desde los ’90 hasta ahora, la Comisión siempre envió un solo candidato, sin que la comunidad pueda impugnarlo o proponer otros.
El cargo de ombudsman está vacante desde abril pasado, cuando –después de diez años de gestión– Eduardo Mondino dejó la Defensoría para encarar la campaña política ante las elecciones legislativos por Córdoba en las que resultó elegido senador por el justicialismo. Su nominación fue la única hecha por la Comisión Bilateral de entonces. El reclamo de las ONG apunta a cambiar esta situación, lo que implica ampliar la discusión sobre el rol de la Defensoría, su institucionalidad y sus reglas.
La conferencia para presentar el proyecto “Un defensor del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo” estuvo encabezada por el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky; el titular de la Asociación por los Derechos Civiles, Alvaro Herrero; Rafael Gentili, de Asociación de Trabajadores del Estado, y Alberto Muñoz, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, entre otros referentes de las organizaciones. Verbitsky señaló que “es central dar el debate para garantizar una capacidad de respuesta efectiva de este organismo en la defensa de los derechos de todos los ciudadanos y, en particular, de los grupos más vulnerables de la sociedad”.
La Defensoría tiene un presupuesto anual de 40 millones de pesos y es, según las ONG, “uno de los principales organismos de defensa y protección de derechos que existen en la Argentina”. Las organizaciones exigen que antes de la designación se cumplan ciertos requisitos y que cambie el mecanismo de selección. En principio, piden que se garantice la postulación abierta de candidatos. Además, tal como se hizo cuando se renovó la Corte Suprema de la Nación, sugieren un mecanismo para presentar observaciones e impugnaciones en una audiencia pública y “la selección de los candidatos a través de un proceso público con pleno conocimiento y acceso efectivo a la trayectoria de los postulantes”.
Otro de los puntos centrales de la propuesta es que el próximo defensor tenga “la mayor independencia de criterio posible respecto de la influencia del poder gubernamental de turno y de los grupos de interés, a fin de poder evaluar libremente las situaciones en las que debe intervenir”. En pos de elevar el piso de eventuales nominaciones, las organizaciones sugieren que los candidatos presenten un plan de trabajo consensuado con los sectores sociales involucrados. “Hay que generar un mecanismo de rendición de cuentas periódicas y efectivas sobre la gestión, que se sume a los mecanismos formales”, advierten las ONG.
La lista de organizaciones que respaldan la iniciativa es diversa, por su contenido, y extensa, porque involucra a entidades de varios puntos del país. Incluye a las Abuelas de Plaza de Mayo, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Greenpeace y las universidades nacionales de La Plata y Córdoba. También hay organizaciones ligadas a grupos vulnerables: dispacitados, campesinos sin tierra, aborígenes y minorías sexuales.
“Se trata de un órgano unipersonal que carece de poder coercitivo respecto de sus recomendaciones, por lo que esta legitimidad dependerá en buena medida del prestigio del que goce y de la falta de cuestionamiento de la que pueda ser objeto su titular –destacaron en un comunicado las organizaciones–. Por lo tanto, la Defensoría del Pueblo debería cumplir un rol fundamental en la defensa y protección de los derechos humanos, y en el control de los abusos e ilegalidades de la administración pública y empresas de servicios públicos.”
En la presentación hubo más de 30 legisladores y representantes de todos los partidos políticos, excepto de la Unión Cívica Radical. Estaban Diana Conti (FpV), María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica), Laura Alonso (PRO), Cecilia Merchan (Encuentro Popular y Social), Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro), Claudio Lozano y Liliana Parada (Proyecto Sur), Eduardo Macaluse y Emilio García Méndez (SI), Patricia Vaca Narvaja (FpV), Samuel Cabanchik (Proyecto Buenos Aires Federal), Victoria Donda (Libres del Sur), Ariel Basteiro (Partido Socialista), entre otros.

martes, 7 de julio de 2009

PUBLICIDAD ENGAÑOSA EN LA CARTELERIA DE OFERTAS DE HIPER Y SUPER


Frente a la inquietud formulada por nuestros asociados realizamos una investigación sobre la cartelería de ofertas existentes en los supermercados e hipermercados. Y descubrimos que en los super mandan la letra chica. Vea la publicación en Página 12 y mis declaraciones:


10 de Junio de 2009
En los súper manda la letra chica
Defensa del Consumidor recibió una denuncia contra súper e hipermercados porque ofrecen descuentos para atraer clientes que luego presentan numerosas limitaciones.


Por David Cufré
Frente a la crisis internacional y su impacto en el consumo, grandes cadenas de súper e hipermercados lanzaron campañas de promoción buscando captar clientes. La mayoría ofrece descuentos atractivos, del 20 al 30 por ciento, desde carteles que cuelgan en sus sucursales. Sin embargo, en reiteradas ocasiones los consumidores descubren al pasar por caja que el beneficio no los incluía. En los mismos carteles, pero en letra minúscula, estaban aclaradas las restricciones. Para la Unión de Usuarios y Consumidores, esta conducta constituye una violación a la Ley de Lealtad Comercial y por eso presentó una denuncia ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. El caso apunta al corazón de la estrategia de marketing más difundida en este momento en esos centros de venta.
La entidad defensora de los consumidores hizo un relevamiento en distintos supermercados. En uno de ellos, por ejemplo, se tienta con un descuento del 20 por ciento a quienes compren los miércoles con tarjeta de débito. Luego se aclara que únicamente es para los plásticos del banco Citi. En otro caso la oferta es de 12 pagos sin interés en compras con tarjeta de crédito. En letra pequeña se especifica que es sólo para los clientes del Banco Nación.
En otra cadena figura en carteles a todo color descuentos del 15 por ciento a los clientes que compren con tarjeta de débito los miércoles y jueves. En una tercera línea del mensaje publicitario, a la que sólo acceden quienes se detengan a leerlo con detenimiento, mirando hacia arriba, ya que está colgado del techo, se explica que la rebaja no alcanza a los artículos de electrónica y electrodomésticos, que el monto máximo de ahorro es de 200 pesos por mes y que las seis cuotas sin intereses son sólo para los rubros “blanco hogar” y “puericultura”.
“Estas publicidades utilizan como técnica emitir un mensaje amplio para cautivar consumidores, más allá de los realmente alcanzados, lo cual induce a error y engaño”, advierte la UUC en su presentación. La entidad interpreta que violan el artículo 9 de la Ley de Lealtad Comercial. Allí dice: “Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión” de los consumidores. Claudio Boada, miembro de la entidad, indicó a Página/12 que el objetivo de la denuncia ante Defensa del Consumidor es que los carteles reflejen las limitaciones a las ofertas con letras del mismo tamaño que las que dan el primer impacto visual, a fin de que el cliente perciba la promoción tal cual es y no se vea defraudado a la hora de pagar.
HACE CLIK ACA PARA VER EL INFORME COMPLETO