Les comparto una entrevista publicada en Tiempo Argentino el día domingo 27 de enero de 2013.
Entrevista a
Javier Bogantes
"El poder no respeta las leyes
de protección ambiental"
Existen innumerables normas de cuidado del agua, pero
muchas veces los gobiernos o las empresas no las cumplen. En estos casos
interviene el Tribunal Latinoamericano del Agua. Su presidente, Javier Bogantes,
explica de qué forma se atienden las denuncias.
El Tribunal Latinoamericano del Agua es una instancia
internacional "creada con el fin de contribuir a la solución de
controversias relacionadas con los sistemas hídricos en América Latina".
Es un tribunal ético que se dedica a estudiar en profundidad cada caso
denunciado. A fines de 2012, ese tribunal tuvo su sexta audiencia en Argentina,
más precisamente en la Facultad de Derecho de Buenos Aires donde trató cinco
casos, tres de ellos perteneciente al país.
En diálogo con Tiempo
Argentino su presidente, Javier Bogantes, explicó de qué forma trabaja el
tribunal, cómoa elige los casos y cuál es su aporte concreto a las
controversias generadas en torno a los problemas hídricos.
-–¿Qué es exactamente el
Tribunal del Agua?
–El Tribunal Latinoamericano
del Agua se forma en 1998. Comienza con un proceso de investigación, de
consulta sobre la situación de las normativas legales, de todo lo que tiene que
ver con lo jurídico en América Latina en relación con el agua. Así fuimos
descubriendo que existía y existe una crisis de legalidad porque hay una serie
de normativas internacionales, normativas de cada país que en realidad no se
están cumpliendo y que de esta forma están poniendo en peligro no sólo los
sistemas hídricos de toda la región latinoamericana, sino también la paz
social, porque se generan muchos conflictos por la no aplicación de políticas
coherentes con la protección del medioambiente en lo que se refiere al agua. A
partir de esta comprobación tiene lugar la primera audiencia del Tribunal que
se realizó en el año 2000 en San José y en la cual se vieron casos de gran
importancia, principalmente centroamericanos. Fue una experiencia muy
interesante porque hubo representantes del Ministerio de Ambiente de Costa Rica
y también de algunas empresas de Centroamérica. Algunos demandados aceptaron la
intervención del Tribunal y se comprometieron a solucionar los problemas por
los que eran demandados.
–¿Cuántas audiencias se han
realizado hasta el momento?
–Se han realizado seis
audiencias. La última fue en Buenos Aires.
–¿De qué forma se compone el
Tribunal?
–Se compone de un equipo de
gestión, un grupo consultivo que funciona en toda América Latina y para las
audiencias se conforma un jurado que se nombra especialmente.
–¿Ese jurado está integrado por
especialistas en el tema hídrico?
–En realidad, los
especialistas están en una comisión científico-técnica que analiza los casos
antes de que el jurado se siente a deliberar. En algunos casos, cuando se trata
de un tema muy específico se contrata a especialistas en el tema. El jurado es
un jurado de notables, de personas que tienen una gran credibilidad desde el
punto de vista ético, moral, científico o artístico. Este jurado emite
veredictos en el campo ético pero también en el campo científico-técnico,
porque el Tribunal no es sólo un tribunal ético, sino que se fundamenta en una
serie de tratados, de convenios y de declaraciones internacionales que muchos
países han ratificado. El Tribunal trabaja en la implementación de estos
convenios que muchas veces no se cumplen, que se convierten en letra muerta,
que tienen buenas intenciones pero que no buscan la aplicación en lo que tiene
que ver con el tema de la protección del agua y del derecho al acceso a ella
que tienen las poblaciones. El derecho humano al agua es uno de los principios
que defiende el Tribunal desde el punto de vista doctrinario.
–¿Cuál es el mecanismo para que
constituya una audiencia?
–El Tribunal actúa una vez que
hay una denuncia. Nosotros no vamos directamente a buscar los casos. Cuando hay
una denuncia se eligen los casos a partir de varios criterios. Uno de los
criterios es la importancia del ecosistema afectado, del cuerpo de agua
afectado o la situación de inequidad que puede darse entre la población y los
gobiernos o las empresas que han sido demandados. El criterio se extiende
también a los casos de negligencia que hacen sospechar que puede haber algún
tipo de contubernio entre empresas y gobiernos o situaciones anómalas que ponen
en evidencia que hay un incumplimiento de la legalidad o de los valores éticos
que están inmersos en los tratados, declaraciones y convenios internacionales.
Cuando se presenta un caso hay un período bastante largo de análisis que puede
demandar un año en el que los expertos analizan todas las pruebas.
–El jurado, supongo, emite un
veredicto.
–Sí, después de hacer una
audiencia pública en la que se siguen todos los pasos para cumplir con el
debido proceso. Se invita a ambas partes, a denunciados y denunciantes a que
respondan públicamente sobre la demanda. En general, a los demandados se los convoca
25 días antes de la audiencia para que se presenten a ella.
–¿Cómo surgió el Tribunal? ¿Es
una iniciativa de particulares?
–Surge de un proceso a nivel
de América Latina luego de una experiencia que hubo en Holanda que fue el
Tribunal de Amsterdam. Se le dio continuidad a esta iniciativa a través de la
interacción de ciudadanos latinoamericanos y academias. El Tribunal no depende
de ningún Estado, es un tribunal de la sociedad civil. Es muy importante
entender que se trata de una alternativa cuando la legalidad y los procesos
administrativos de los gobiernos no han funcionado. Cuando alguien acude al
Tribunal es porque no se le ha hecho justicia. Si hubiera justicia ambiental,
si se cumplieran todas las normativas que existen, nadie acudiría a él. Si bien
sus veredictos no son vinculantes desde una perspectiva positivista del
Derecho, obtiene cierta vinculación desde el punto de vista de lo que nosotros
llamamos "la ética exigente" que es una ética de la cual
depende la vida en el planeta. Por eso decimos que es "exigente"
porque ya no queda al libre albedrío de un gobierno o una empresa cumplir o no porque
existe una concientización a nivel global sobre los problemas
ambientales.
–Es decir que el Tribunal no
tiene un poder punitorio en el caso de que el jurado encuentre culpables a los
demandados.
–No hay un poder punitorio,
hay un poder en el sentido de conciencia y también de argumentos científicos
porque trabajamos a partir de esos argumentos. No se establece ningún tipo de
tratado con los gobiernos porque, definitivamente, ningún gobierno daría su
anuencia para que se regulen los temas que tienen que ver con el agua. Desde el
punto de vista de los valores, en cambio, podemos decir que así como hay una
globalización del mercado, también hay una globalización de la ética para
contrarrestar la gran globalizción comercial, mercantil, que sólo piensa en una
explotación a corto plazo de los recursos sin ver las consecuencias que su
accionar tiene para las presentes y futuras generaciones y para los
diferentes sistemas hídricos de América Latina.
–¿Cuáles fueron los casos que se
trataron en Buenos Aires en la Facultad de Derecho?
–Los casos que se eligen son
siempre casos emblemáticos que se dan en diferentes países de la región por lo
que, de alguna manera expresan una tendencia en la afectación de los sistemas
hídricos y en las garantías del derecho de las comunidades al agua. En Buenos
Aires se analizaron cinco casos. El primero es lo que se dio en llamar Colapso
Socio-ambiental en la República Mexicana que fue una demanda contra el Estado
mexicano. Lo que está sucediendo en México es sumamente interesante desde el
punto de vista político y ambiental. Estamos hablando de un Estado que no
funciona para solucionar los conflictos que tienen que ver con la protección
del agua. En casi todo el país se están deteriorando los ecosistemas hídricos
lo que pone en peligro la potabilidad del agua El Distrito Federal, Jalisco y
otras poblaciones dependen del agua embotellada porque no está garantizada el
agua potable para la población. Es un país que se ha abierto totalmente a un
criterio de explotación de mercado que daña los sistemas hídricos. También se
trató el caso de Perú donde en relación con el tema del agua ha habido grandes
enfrentamientos sociales, ha habido muertos, por la instalación de una compañía
llamada Yanacocha que tiene el proyecto de explotar yacimientos de minerales en
cinco lagunas de gran importancia para el abastecimiento de la población.
–¿Se presentaron también casos
referidos a la Argentina?
–Sí, los tres casos restantes
de los cinco que se trataron tienen que ver con Argentina. Uno es el del
proyecto Pascua Lama que definitivamente contradice toda política de protección
de ambiente. En un momento en que se habla de la importancia de los glaciares
para contrarrestar el calentamiento global, explotar yacimientos de minerales
en lagunas a 5000 metros de altura, en glaciares, es un proyecto que puede
causar impactos irreversibles. Este caso fue presentado por el Observatorio
Latinoamericano que es una organización chilena porque el 45% de la explotación
tiene lugar en Chile y el resto en la Argentina. El otro caso es el La Pampa
contra Mendoza. Ya el año pasado hicimos una gira de reconocimiento, visitamos
en helicóptero toda la región del Atuel que nace en la zona andina de
Mendoza y va hacia la pampa seca. En este momento, hay políticas hídricas en
Mendoza que obstaculizan el flujo de este río y que están produciendo un
problema de desertización acelerada que afecta no sólo el desarrollo de La
Pampa, sino también a las comunidades indígenas que estaban allí, los
ranqueles, por ejemplo, y otras comunidades pampeanas que de pronto se quedaron
sin agua. Es un caso emblemático entre dos provincias entre las que se da un
caso de inequidad.
–¿Cuál es el tercer caso que se
analizó?
–El de González Catán, que
tiene que ver con la forma en que se está trabajando el problema de la basura
en toda la región de La Matanza que afecta las aguas superficiales y, según los
denunciantes, también las aguas subterráneas. Hay una gran situación de
incertidumbre por parte de las comunidades aledañas al basurero. El Ceamse se
presentó a la audiencia. La argumentación es que ellos estarían sacando el
basural de esta región, pero que no tienen dónde poner la basura. Esto nos
lleva a pensar sobre el desarrollo del modelo de desarrollo y de tratamiento de
los desperdicios en que estamos inmersas las sociedades de América Latina. Por
eso es tan importante el tratamiento de casos emblemáticos. Esto que sucede en
el Gran Buenos Aires está sucediendo también en Perú, en México, en casi
todos los países latinoamericanos porque la cantidad de basura excede las
posibilidades de ubicación de la misma. Otro argumento del Ceamse es que las
comunidades fueron llegando después de la instalación del basurero, lo que las
comunidades niegan. La doctora Silvia Nonna, secretaria académica de la
Facultad de Derecho, quedó a cargo de seguir el proceso de conciliación.
Importa rescatar aquí que tuvimos un gran apoyo por parte de la Facultad de
Derecho de Buenos Aires y también de ALOAS que es la Asociación Latinoamericana
de Operadores de agua.
–¿En que se diferencia el
Tribunal Latinoamericano del Agua de otros tribunales de conciencia?
–En el proceso de
investigación científica y técnica, el proceso probatorio que acompaña cada
caso.
–¿El derecho humano de acceso al
agua es incompatible con la economía de mercado?
–Sí, absolutamente. Existen
leyes de protección ambiental, pero los poderes pasan por encima de estas
leyes, no las respetan. «
Lugar de desechos
"Los países
latinomericanos –dice Bogantes– nos estamos convirtiendo en lugares de desecho
de la basura estadounidense o en lugares de implementación de las tecnologías
de producción más sucias.
En Jalisco, por ejemplo, luego
del tratado de libre comercio México-Estados Unidos se instalaron grandes
plantas de procesamiento relacionadas con la producción porcina que terminaron
por contaminar el Río Verde. Estos cerdos pertenecen compañías
estadounidenses, grandes compañía que producen cerdos en México y lo venden en
Estados Unidos. Además, hay una tendencia generalizada que tiene que ver
con la expansión minera. Canadá es uno de los países más ricos en minerales,
pero las explotaciones no se realizan tanto en Canadá y cuando lo hacen allí,
cumplen estrictamente con las normas socioambientales que no cumplen en los
diferentes países de América Latina de los cuales hemos recibido casos. Otra
tendencia es el desarrollo de grandes monocultivos como la piña en Puerto Rico,
el banano en Ecuador o la soja en Argentina. La ganancia que se obtiene de los
monocultivos es momentánea, porque los suelos van a quedar deteriorados por el
monocultivo y por el uso de glifosatos que van acabando con el
ecosistema, van contaminando las aguas. De hecho ya se puede comprobar en
muchos lugares que no hay lombrices, no hay ranas. El monocultivo es un sistema
de gran dependencia. En el caso de la soja, la dependencia es de China.
Hemos recibido un caso de
Córdoba de fumigación aérea con posible afectación de un acuífero. A través de
estos casos vamos visualizando lo que llamamos ‘las estrategias erróneas’ que
implementan casi todos los gobiernos de América Latina sin que importe que sean
de izquierda o de derecha. Todos olvidan la relación entre desarrollo
productivo y protección ambiental. No hay buenos negocios cuando estamos
poniendo en riesgo lo esencial de América Latina que es el agua y la tierra.
Hay que buscar un modelo en que las condiciones esenciales para la vida no se
pongan en peligro."
