lunes, 21 de noviembre de 2011

El número es mío

Por Sebastián Premici

Página 12

20 de Noviembre de 2011

La portabilidad numérica fue establecida en el decreto 764/00. Después de 11 años, todavía sigue sin implementarse, aunque el Poder Ejecutivo fijó el año pasado los plazos para su puesta en funcionamiento, que debería estar en plena vigencia a mediados de 2012. El mes pasado, el Ministerio de Planificación, conducido por Julio De Vido, dio a conocer el resultado de la licitación para la empresa que se encargará de manejar la base de datos esencial para gestionar la portabilidad. La compañía ganadora fue la estadounidense Telcordia, la misma que opera en México y en otros 15 países. Las dos principales compañías del sector, entiéndase Telefónica (Movistar) y Telecom (Personal), fueron las grandes beneficiarias de la no implementación de la portabilidad. Entre ambas concentran el 74 por ciento de los ingresos del sector, 11.157 millones de pesos durante el primer semestre.

“La imposibilidad de conservar el número telefónico si un usuario decide cambiar de proveedor de servicios funciona como una cláusula candado que disuade a los consumidores de buscar opciones más adecuadas al operador que ya tienen, ya sea por causas económicas, por calidad de servicio o por el tipo de plan”, sostuvo ante Cash el investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, Martín Becerra.

En 2009, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia había afirmado que la no aplicación de la portabilidad provocaba una situación de concentración en el mercado de las telecomunicaciones. Así lo había establecido a través de una resolución de agosto, época en la que estaba analizando la injerencia de Telefónica dentro de Telecom. Uno de los conceptos más atractivos de la portabilidad tiene que ver con la posibilidad de romper con la cautividad del usuario. “Lo que ocurre en la actualidad es similar a la situación que se da entre las enfermedades crónicas y los contratos con las empresas de medicina prepaga, donde el cambio de compañía es prácticamente imposible, a pesar de la nueva ley. Si tuviéramos la portabilidad, los usuarios podrían negociar con los prestadores desde otra posición. Los operadores abusan mucho de esta situación”, señaló a Cash Claudio Boada, representante de la Unión de Usuarios y Consumidores.

A los dos operadores mencionados se le suma Claro, de la mexicana Telmex, que tuvo ingresos en el primer semestre por 2591 millones de pesos y lidera la cantidad de líneas en el sector, con el 36 por ciento del mercado. El sector de la telefonía celular quedó dividido en tres porciones casi iguales.

Más allá de la relevancia de la portabilidad numérica, especialistas en la materia sostienen que llega diez años tarde. Si bien un usuario no cambia de compañía por temor a perder su número, hoy existen distintos mecanismos para comunicar el posible cambio de número de manera instantánea y amplificado a todo un universo de contactos. Para eso sirven las redes sociales, por ejemplo. Lo que infieren las compañías del sector, siempre por lo bajo, es que los usuarios se acostumbraron a esas reglas de juego, fijadas tácitamente por ellas mismas. Hay un dato que es relevante para las compañías. En los países donde ya se ha implementado la portabilidad, los traspasos fueron pocos. De julio de 2008 a mayo de 2009, primer período de implementación de la portabilidad en México, sólo cambiaron de operador 591.633 usuarios, una cantidad baja para la densidad poblacional de ese país.

Según indicaron a Cash desde Telefónica, las tasas de adopción de la portabilidad en Brasil, Perú, México y Colombia fueron inferiores al uno por ciento anualizado. Más allá de este registro, las empresas deberán invertir recursos para aplicar la portabilidad. La portabilidad debería entrar en plena vigencia hacia mediados de 2012, según el cronograma fijado por el Ejecutivo. A cambio de las inversiones que deberán realizarse, los operadores sólo conseguirían una fuga atenuada de clientes, quizás en los nichos más rentables. Distinta podría ser la historia si entrase un nuevo jugador en la telefonía móvil, como las cooperativas de telefonía

martes, 15 de noviembre de 2011

EL PRECIO DEL AGUA MINERAL

Ayer compré un agua mineral a la vuelta de la oficina de la "Unión de Usuarios y Consumidores", en el centro de Buenos Aires. Pagué $ 9 un envase de 1,6 litros. Pagué $ 5,625 el litro. Si lo multiplicamos por mil (cantidad de litros de un metro cúbico) obtenemos la cifra de $ 5.625 como valor del metro cúbico de agua mineral.
Mirá tu boleta de Aysa. Tiene un cuadrito en un costado donde dice el precio que estamos pagando el metro cúbico de agua de red $ 0,66 el metro cúbico.
Pagamos 8522 veces más cara el agua mineral que el agua de red.

Ahora: Sabías que el Código Alimentario Argentino tiene mayores exigencias para el agua de red que para las aguas minerales.

Pero, parece que es un tema que no se puede discutir. La razón, fijate quienes son las dueñas de las aguas envasadas que tomamos. Todas grandes multinacionales...


jueves, 3 de noviembre de 2011

EN CAMINO DE SER SERVICIO PUBLICO

Servicio...

Domingo, 30 de octubre de 2011

Suplemento Cash de Página 12

Por Sebastián Premici

El mercado de la telefonía móvil en el país está dominado por tres compañías: Movistar, de la española Telefónica; Personal, de la italoargentina Telecom; y Claro, propiedad de la mexicana Telmex. Estos prestadores concentran el 98 por ciento del sector medido en accesos y el 91 por ciento de acuerdo a sus ingresos. La normativa madre que rige a las telecomunicaciones móviles es el decreto 764/2000, sancionado durante la presidencia de Fernando de la Rúa. La legislación preveía la posibilidad de establecer la portabilidad numérica y el libre ingreso de nuevos prestadores. Sin embargo, el mercado quedó más concentrado luego de la fusión entre la ex Movicom y Unifón (hoy Movistar). Durante el primer semestre del año, el mercado totalizó ingresos por 15.037 millones de pesos, una suba de 25 por ciento en relación con el mismo período del año pasado, mientras que la cantidad de accesos superó los 53 millones.

A partir del año 2000, cuando Telefónica y Telecom dejaron de gozar del oligopolio de la telefonía fija, la crema del negocio quedó concentrada en el segmento de Internet y la telefonía móvil, donde no existe un marco regulatorio específico (más allá del Decreto 764 y los distintos pliegos licitatorios), que garantice transparencias en los precios, calidad del servicio, la posibilidad de pasar de una compañía a la otra sin perder algo tan esencial como el número de teléfono.

Según enumeró a Cash Héctor Polino, titular de Consumidores Libres, el 50 por ciento del total de quejas que reciben por parte de los usuarios corresponde a la telefonía celular. Los principales reclamos tienen que ver con “cambios de planes sin consulta, cobros indebidos, aumentos de tarifas y trabas burocráticas a la hora de realizar cualquier reclamo dentro de una compañía”.

En base a este escenario, en el Senado existen dos proyectos de ley que apuntan a declarar a la telefonía móvil como un servicio público. Una de las iniciativas lleva la firma de Blanca Osuna (FpV), recientemente electa intendenta de Paraná. Y el segundo texto corresponde a Rubén Giustiniani (PS). “La masividad del servicio resalta la necesidad de la existencia de un marco regulatorio para la telefonía móvil, que además de regular las tarifas del servicio permitirá dotar a sus usuarios de mayores derechos y garantías, y dar respuesta a los incesantes reclamos de los usuarios de celulares vinculados tanto a las deficiencias en la prestación del servicio como a problemas de facturación”, se destaca en los fundamentos del proyecto de Giustiniani.

Para el académico Manuel Castells, la telefonía móvil ofrece una “conexión perpetua”, esto es que permite a los usuarios escuchar música y radio, intercambiar mensajes (de texto y multimedia) con varios destinatarios, jugar, ver televisión, procesar datos y conectarse en red en tiempo real. Además de ser “perpetua” en los términos planteados por el sociólogo español, posee un alcance social distintivo de otros servicios públicos. Existen personas que carecen de agua potable o una red de gas, pero tienen un teléfono celular, por ejemplo. “Entonces, ¿por qué no considerar a la telefonía móvil como un servicio público?”, se preguntó ante Cash Franco Cecchini, director de Iplan, compañía que ofrece servicios de banda ancha y telefonía fija.

Hay un dato extra que hace a la configuración del esquema de negocios de las empresas de telefonía celular. Los prepagos, servicios consumidos en su mayoría por las personas de bajos recursos, resultan más caros que los servicios pospagos. Un estudio realizado por el Diálogo Regional sobre la Sociedad de la Información (Dirsi, 2009), titulado Tarifas y brecha de asequibilidad de los servicios de telefonía móvil en América Latina y el Caribe, registró que en el país los servicios prepagos eran un 25 por ciento más caros que los otros. En contraposición, Venezuela registraba una tarifa de pospago un 50 por ciento superior al esquema prepago.

Para el investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, Martín Becerra, el tipo de consumo prepago representa más del 70 por ciento del mercado de la telefonía móvil en la Argentina. “Esta es una de las principales consecuencias de tener tarifas desreguladas, como una de las rémoras de las políticas neoliberales que regulan las telecomunicaciones en el país. Las consecuencias son que los sectores sociales más vulnerables pagan mucho más cara su conexión que las capas medias y altas, dado que el minuto de tarjeta prepaga en telefonía móvil es más caro que en abono, el que, por su parte, tampoco está regulado. En la práctica, esto incide en el tipo de uso que se puede hacer de las redes móviles y profundiza la brecha digital, ya que los servicios dependen de la capacidad de pago de los usuarios”, sostuvo Becerra.

En este sentido, declarar a la telefonía móvil como un servicio público implicaría que un Estado regule precios, derechos de los consumidores (como la portabilidad numérica), tarifas sociales, el entorno de interconexión entre empresas y la calidad y continuidad de los servicios.

Regulación

Las dos iniciativas que están en danza en el Congreso apuntan a regular los contratos de los prestadores, que deberán estar aprobados por la autoridad de aplicación. Es un esquema similar al planteado en la regulación de las empresas de medicina prepaga. La diferencia entre ambos radica en la autoridad regulatoria. El texto de Osuna delega esa responsabilidad en la Secretaría de Comunicaciones, a cargo en la actualidad de Lisandro Salas y Comercio Interior, liderada por Guillermo Moreno; mientras que Giustiniani plantea la creación de un ente autárquico y autónomo.

Las dos iniciativas cuentan con artículos específicos sobre la calidad del servicio, la atención a los clientes y los distintos mecanismos para elevar reclamos. Si bien es cierto que las cuestiones relacionadas con la calidad del servicio están comprendidas en los pliegos de licitación, resultaría vital contar con una regulación específica, del tipo inclusivo, que “garantice a los usuarios que los servicios tendrán continuidad, neutralidad, adaptación y no abusarán de las tarifas”, agregó Becerra.

Por ejemplo, el proyecto de Giustiniani prohíbe el ajuste automático de tarifas, las cuales sólo podrían ser alteradas si se tienen en cuenta los costos reales y las tasas de rentabilidad obtenidas y programadas. De ponerse en vigencia una regulación de estas características, seguramente se tendría en cuenta que en el primer semestre del año, Movistar tuvo ingresos por 5450 millones de pesos, un 16 por ciento más que el mismo período del año anterior, mientras que Personal facturó 5707 millones, un 33 por ciento más que durante los primeros seis meses de 2010. Y Claro tuvo ingresos por 2591 millones de pesos, un crecimiento de 24 por ciento, según datos relevados por consultoras privadas del sector.

Además, para modificar tarifas deberían realizarse audiencias públicas. Este es un artículo clave, si se tiene en cuenta que los distintos prestadores ya anunciaron que a partir de noviembre volverán a incrementar el precio de sus servicios en un 10 por ciento y podrían alcanzar para fin de año una suba total de 25 por ciento.

Audiencia

A fines de septiembre, la Cámara alta realizó una audiencia donde invitó a especialistas en telecomunicaciones, abogados, asociaciones de consumidores y a las compañías involucradas a debatir los proyectos de ley. Las empresas no concurrieron al convite, alegando problemas de agenda. En realidad, su estrategia consiste en el lobby silencioso hasta tanto el trámite parlamentario avance. Recién ahí comenzarían a mostrar su poder para evitar una nueva regulación.

Cash tuvo acceso a un breve texto entregado por una de las compañías del sector, a modo de opinión sobre los proyectos que están bajo análisis. Se trata de la consideración generalizada de la industria sobre el tema. “Estos proyectos pierden de vista que la telefonía móvil nació en un entorno de competencia que ha permitido en 20 años su notable desarrollo, poniendo a disposición de los clientes las permanentes innovaciones con que se brindan los servicios; en dicho contexto, carece de sentido su calificación como servicio público –categoría decimonónica, siglo XIX– asociada con un escenario de monopolio... La penetración del servicio supera el 100 por ciento, la alta competencia y la mayor adopción del servicio en las clases socioeconómicas más bajas son elementos clave. Por lo tanto, ¿para qué correr el riesgo cierto y tangible de definirlo servicio público y que la historia cambie? Con ese argumento las compañías de telefonía celular quieren mantener el statu quo y evitar cualquier movimiento que modifique su cómoda posición de mercado.

La postura del sector empresario es coincidente con la expresada por el abogado Henoch Aguiar, autor del decreto 764/2000. “Lo que impide que exista un mejor servicio no es tanto la falta de regulación sino la falta de competencia y la aplicación de alguna de las reglas que ya existen. Por ejemplo, se podrían licitar nuevas frecuencias. En América latina se están licitando, es decir que existe espectro radioeléctrico disponible. Habría que aplicar las normas que ya están”, remarcó Aguiar a este suplemento.

Durante el primer semestre del año, Telefónica concentró el 31 por ciento de los accesos a la telefonía móvil, Personal obtuvo una participación de 32 por ciento y Claro, un 35 por ciento. El cuarto operador, Nextel, alcanzó una participación de 2 por ciento. Desde hace varios años, el mercado permanece prácticamente invariable.

“El sector de la telefonía móvil es hoy un oligopolio privado perfecto, lo cual es peor que un monopolio. Hay tres compañías que parece que compiten entre sí pero no lo hacen en nada. Es como una guerra de payasos. Ofrecen la misma tipología de servicio, con los mismos planes y siguen cobrando tarifas exorbitantes. Y como no es un servicio público, a pesar de que todos los habitantes del país tienen un teléfono celular, se les permite tener de rehén al usuario”, afirmó a Cash el director de Iplan.

La telefonía celular se convirtió en uno de los primeros accesos al mundo del conocimiento. Si se tiene en cuenta que con un equipo móvil se puede utilizar Internet, herramientas multimedia, acceder a redes sociales y hablar por teléfono, son un buen instrumento para quebrar la tan mentada brecha digital. ¿Por qué dejar librado solamente al mercado el desarrollo de esa sociedad del conocimiento? Bajo este concepto es que cobra sentido hablar de la telefonía móvil como un servicio público

regulación

telefonía

-El mercado de la telefonía móvil en el país está dominado por tres compañías: Movistar, Personal y Claro.

-Concentran el 98 por ciento del sector medido en accesos y el 91 por ciento de acuerdo a sus ingresos.

-Durante el primer semestre, el mercado totalizó ingresos por 15.037 millones de pesos, 25 por ciento más que en el mismo período del año pasado.

-La crema del negocio quedó concentrada en el segmento de Internet y la telefonía móvil.

-No existe un marco regulatorio específico que garantice transparencias en los precios y la calidad del servicio.

-En el Senado existen dos proyectos de ley que apuntan a declarar la telefonía móvil como un servicio público.

AUDIENCIA EN EL SENADO

Versión Taquigráfica de la Audiencia celebrada en el Senado Nacional el 28 de septiembre de 2011:
En el Salón Arturo Umberto Illia del H. Senado de la Nación, a
los 28 días del mes de septiembre de 2011, a las 9 y 21 dice la:
Sra. Presidenta (Estenssoro). – Buenos días a todos y a todas, a los senadores y senadoras.
Hoy vamos a tratar dos proyectos de ley S.4311/10, del senador Rubén Giustiniani y el
proyecto S. 2096/10 de la senadora Blanca Osuna que proponen declarar a la telefonía móvil
como servicio público. Los senadores Cabanchic, Latorre y Roldán solicitaron el tratamiento
de estos proyectos en la Comisión. Para tal fin hemos invitado a los funcionarios del gobierno
que atienden estos temas: al secretario de Comunicaciones, arquitecto Lisandro Salas; al
señor secretario de Comercio Interior, el licenciado Guillermo Moreno; también invitamos a
los representantes de las empresas de telefonía celular –Telefónica, Telecom, Claro y Nextel–
a la Cámara que las agrupa, –CICOMRA–. Hemos invitado también a asociaciones de
consumidores: por Consumidores Libres he visto al señor Héctor Polino, a la CEC
representada por Susana Andrada; a la Unión de Usuarios y Consumidores, el doctor Claudio
Daniel Boada y otras organizaciones de consumidores como ADUC, que ha venido su
presidente, el señor Basualdo.
También hemos invitado a especialistas en derecho a la información: el doctor
Gordillo, el doctor Carlos Casañe, el doctor Ariel Caplán y el doctor Henoch Aguiar.
Los representantes de las operadoras telefónicas y de la cámara CICOMRA nos
comunicaron que no van a venir y no hemos recibido respuesta de los funcionarios de
gobierno. Sí la hemos recibido de las asociaciones de consumidores que son las asociaciones
de consumidores. Esto nos muestra que es un tema que los aflige. También están presentes los
especialistas en derecho y comunicaciones.

Para solicitar la versiòn completa enviar mail a : boadaclaudio@yahoo.com.ar